La Junta de Andalucía se abre a negociar con las monitoras de educación especial

La Junta de Andalucía se ha abierto a estudiar mejoras en la situación de las monitoras de educación especial (personal técnico de integración social, PTIS) e intérpretes de lengua de signos (ILSE) “privatizadas”, que llevan tres semanas en huelga. De momento, se estudiarán mejoras en los pliegos de contratación, según confirma la Consejería de Educación. Comisiones Obreras, cuyas representantes se han reunido este martes con la viceconsejera de Desarrollo Educativo, Esperanza O'Neill, asegura que la consejería también se ha comprometido a darles una pronta respuesta sobre los dos temas de fondo que planean sobre este conflicto: la precariedad del colectivo y la posible reversión del servicio actualmente privatizado.

El conflicto con las PTIS ha aumentado de intensidad en las últimas semanas, con encierros, protestas a las puertas del Parlamento andaluz y dos huelgas indefinidas convocadas simultáneamente por CCOO (sindicato mayoritario en el sector) y CGT. Se trata de un colectivo integrado por unas 2.000 trabajadoras (la mayoría son mujeres), empleadas de empresas subcontratadas por la Junta de Andalucía para prestar el servicio público. Desde hace años, denuncian sus precarias condiciones laborales. Este año han estallado por los atrasos, la modificación de los criterios de aplicación de las tablas salariales o las reducciones de jornada. “Esto se mantiene por la buena voluntad de las trabajadoras”, explicaba hace pocas semanas una trabajadora en un reportaje publicado por elDiario.es Andalucía.

Hasta ahora, la consejería mantenía que el problema es entre las empresas y sus empleadas. Esto había indignado a CCOO, que calificó la actitud de la consejería de “estupidez supina” por intentar zafarse de su responsabilidad. Los sindicatos exigen que los pliegos se modifiquen para evitar que las empresas interpreten a su conveniencia el convenio colectivo.

Respuesta sobre el “desmantelamiento de la privatización”

La propuesta de abrir una mesa técnica que al menos aborde la modificación de los pliegos cambia el escenario y escala el conflicto a la administración, cada vez más presionada por sindicatos y familias de menores con necesidades especiales, para quienes las PTIS son esenciales para comer, controlar esfínteres, asearse o evitar lesiones.

CCOO va más allá, y asegura que ha obtenido el compromiso por parte de la consejería de “dar respuesta” sobre dos preocupaciones de fondo: “la precariedad actual del colectivo por las prácticas de algunas empresas” y “el desmantelamiento progresivo de la privatización de servicio con la garantía del mantenimiento del empleo”. El sindicato ha planteado a la administración la “creación de todas las plazas públicas de PTIS e ILSE que sean necesarias unido al mantenimiento de empleo de todas las trabajadoras del sector”. Es decir, una reversión al sistema público con alguna garantía de que las actuales “privatizadas” mantengan su empleo.

En vista de que “parece haber una voluntad de resolver el conflicto”, pero aún no hay propuestas o compromisos, CCOO mantiene la huelga, pero ha suspendido las acciones de protesta al menos la semana que viene, cuando están emplazadas a un nuevo encuentro con la administración.

También mantiene la huelga CGT, a quienes la Consejería plantó el lunes alegando “motivos de agenda”. El sindicato observa una maniobra para dejarlos fuera de la negociación y la semana que viene comenzará una “caravana de PTIS” por seis de las ocho provincias andaluzas.

Entre CCOO y CGT hay diferencias de fondo: la fórmula de la reversión a la que aspira CCOO no convence a CGT, que plantea la subrogación. Carmen Rodríguez, delegada de este último sindicato, advierte que podría quedar “gente fuera” o perder antigüedad si se implantara un sistema de bolsa para la reversión.

La consejera calificaba las condiciones laborales de “lamentables” en 2016

Se da la circunstancia de que la actual consejera de Educación, Patricia del Pozo, se mostró muy concienciada con este asunto cuando estaba en la oposición. En 2016 el PP presentó una Proposición No de Ley (junto a Ciudadanos, IU y Podemos) para pedir una mejora de las condiciones laborales de las PTIS, que entonces calificaba de “lamentables” e “inadmisibles”, asegurando que la importancia de su labor educativa “no ha sido reconocida por la mayoría de las empresas adjudicatarias”.

Fue la propia Del Pozo quien defendió la PNL en el Parlamento Andaluz. “El gobierno tiene que mejorar estos contratos y vigilar que se cumplan las cláusulas. No puede ser que una monitora acuda a su trabajo y si el niño no ha podido ir porque esté malito, no se les paga ese día. Tampoco se les paga si tienen que ir al médico, o sus vacaciones, se les despide el 23 de junio. Es que no puede ser”, reprochaba a la entonces consejera Adelaida de la Calle. Así sigue ocurriendo, según denuncian las monitoras.

En esa PNL se incidía en el principal agravio que denuncian las “privatizadas”: tienen menos derechos (salario, horarios, seguridad) que las monitoras de educación especial laborales (ellas sí contratadas por la Junta de Andalucía), con quienes comparten tareas, centro, alumnos y horarios. Esto sitúa al colectivo subcontratado en “una situación de discriminación” y las convierte en “trabajadoras de segunda”. Una descripción que encaja en la situación actual, cinco años después.

El documento pedía a la Junta de Andalucía (entonces en manos del PSOE) que se reuniera con las empresas adjudicatarias para abordar la revisión de las condiciones laborales, “con el fin de equiparar los salarios y derechos” entre el personal laboral de la Junta de Andalucía y el personal externo, al que debería reconocérsele la antigüedad. También exigía una comisión para el seguimiento y control del cumplimiento de los pliegos y convenios por parte de las empresas adjudicatarias.

Condiciones a peor

Desde entonces, las cosas han ido a peor para las trabajadoras. Aunque Javier Imbroda pareció abrirse a una reversión a lo público (la demanda histórica de las PTIS), aquello no se consumó. Al contrario, en 2021 la Junta de Andalucía aprobó un Decreto (actualmente recurrido ante el Tribunal Supremo) que blindaba la precariedad al declararlas “servicio complementario”. El objetivo era atajar el reguero de sentencias que condenaban a la administración por cesión ilegal de trabajadores. También modificó algunas cláusulas de los pliegos con el resultado indirecto de permitir que algunas empresas interpreten que pueden pagar por horas efectivas de trabajo o evitar festivos y vacaciones.

A esto se suma que el servicio en Andalucía se ha concentrado hasta una situación de cuasi monopolio: una entidad que hace un lustro no tenía presencia en Andalucía acapara ahora casi todos los pliegos: Osventos Innovación en Servizos, con casi diez millones en adjudicaciones en los últimos cuatro años. No tiene sede en Andalucía.