Fomento asume el realojo de las familias de la Corrala Utopía
La Consejería de Fomento y Vivienda asumirá el realojo de las 22 familias expulsadas el pasado domingo del bloque de pisos que ocupaban en los números 2, 4 y 6 de la avenida Juventudes Musicales de Sevilla, en la conocida como Corrala Utopía. Esta decisión se adopta “en cumplimiento del auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla del 25 de febrero, que mandata a las administraciones a proveer lo necesario para atender a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”, según han apuntado desde la Consejería de Fomento y Vivienda. No obstante, aún se desconocen los términos del realojo.
Para ello, se les ofrecerán “los recursos imprescindibles para garantizar su derecho a la vivienda, así como su integridad física y su seguridad”, en el marco de las potestades que le otorga la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía, y el decreto por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los Registros Públicos de Demandantes. Esta decisión, que representantes de la consejería han comunicado la mañana de este miércoles a los afectados, pondrá fin a las protestas que mantienen desde su desalojo a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla, pasando la noche al raso en la Plaza Nueva.
Desde la Consejería que dirige Elena Cortés se sostiene que es una medida adoptada con carácter de urgencia por la “elusión flagrante” de sus responsabilidades por parte del Ayuntamiento de Sevilla, que está “igualmente concernido por el mandato judicial y que es titular de 528 viviendas deshabitadas y sin contrato de compraventa o arrendamiento, pese a lo cual ha rechazado contribuir a una solución transitoria para las familias”.
De hecho, esta semana se le ofrecía la posibilidad de que cediera por unos meses 16 de sus VPO vacías para realojar a estas personas, sumándolas a las seis que tenía disponibles la Junta de Andalucía. Se le pedía al gobierno local presidido por Juan Ignacio Zoido (PP) que las cediera gratuitamente -pero incluso había disposición de comprarlas o alquilarlas- hasta finales de octubre, mientras concluía una nueva promoción de la Junta de Andalucía con capacidad para ofrecerlas en alquiler social a todos los afectados. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla rechazó esta propuesta e incluso acusó a la Junta de Andalucía de querer buscar “atajos” y saltarse el orden del registro municipal de demandantes. El propio alcalde se lo hizo saber así a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, por carta, a lo que ella respondió con otra misiva en la que garantiza el “escrupuloso cumplimiento de la ley” en este proceso.
En este sentido, desde la consejería han apuntado que la Junta de Andalucía cumple la (que recoge que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” e insta a los poderes públicos a “promover las condiciones necesarias” para ello), el Estatuto de Autonomía de Andalucía, de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El cumplimiento efectivo del mandato judicial “es también coherente con la doctrina de la justicia europea, sentada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, según la cual las administraciones deben proveer soluciones a las familias que ven vulnerado su derecho a la vivienda por desahucio”.
