La administración autonómica y algunos municipios andaluces libran estos meses una batalla que puede tener consecuencias millonarias. Se trata de dirimir qué administración debe asumir la factura de los reiterados incumplimientos en la depuración de aguas. Hay dos frentes: el judicial, donde decenas de alcaldes están siendo investigados en diversas provincias andaluzas, y el Ministerio de Política Territorial, donde se debe determinar quién paga la multa impuesta en 2017 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los alcaldes acaban de lograr una victoria. En un auto adelantado por Ideal y al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, el juzgado de instrucción 2 de Granada ha archivado una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente contra los alcaldes de Cajar y de Monachil. El juez entiende que “no pueden ser responsables” de la falta de depuración, porque es la Junta de Andalucía la que está obligada a la construcción de las infraestructuras. El auto no es firme.
Este criterio es opuesto al de la Fiscalía, que en esta y otras denuncias ha mantenido que la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley de Autonomía Local estipulan que la depuración de aguas residuales, el transporte, tratamiento y vertido a las masas de agua continentales o marítimas es competencia de los municipios.
Así consta en una denuncia contra siete alcaldes de municipios de la Costa Tropical granadina, adelantada en agosto por eldiario.es/Andalucía. En ella, la fiscal de medio ambiente de Granada argumentaba que, aunque hubiesen llegado a convenios con otras administraciones para financiar las depuradoras, los garantes de la depuración de las aguas son los municipios, porque las competencias atribuidas por ley son “irrenunciables”. La fiscal esgrimía una sentencia del Tribunal Supremo y alertaba contra el riesgo de “excluir la responsabilidad” una situación de “total ilegalidad en los vertidos”.
Está por ver si el juzgado de Motril que instruye este último caso sigue el criterio de la fiscal o del juez de instrucción 2 de Granada.
El pago de la multa de la UE
Los ayuntamientos y la Junta de Andalucía también dirimen responsabilidades ante el Ministerio de Política Territorial, que debe decidir sobre quién repercute la multa impuesta por el Tribunal de Justicia de la UE, que en 2017 condenó a España por no cumplir una directiva de 1991 que debía aplicarse desde 2001. España debe pagar 12 millones, más once por cada semestre que persista en el incumplimiento, por la falta de depuración en 17 aglomeraciones urbanas, ocho de ellas andaluzas: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate. De ellas, Matalascañas, Nerja y Barbate son de interés general, que asume el Estado, y Estepona-San Pedro ya cumplen. El resto, son de interés autonómico.
Según consta en un escrito de alegaciones al que ha tenido acceso eldiario.es/Andalucía, la Junta de Andalucía imputa los incumplimientos a los ayuntamientos o mancomunidades, por ser las titulares de las competencias. “Las competencias de la Junta de Andalucía, lo son exclusivamente en aras al auxilio técnico y económico a los Entes Locales obligados al cumplimiento de la Directiva”. Sin embargo, el acuerdo de inicio del expediente por parte del ministerio imputa la responsabilidad a la Junta porque en 2010 declaró esas obras de “interés autonómico”.
“Hay un total incumplimiento de estas obras”
Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), señala que el origen del problema está en la aprobación de la Ley de Aguas de Andalucía, en 2010, que fija el horizonte de la depuración del 100% de las aguas en 2015, y establece para lograrlo un canon con el que financiar las obras. “Hay un total incumplimiento de la ejecución de estas obras. Esto es una realidad palpable”.
La Junta de Andalucía asumió la obligación de ejecutar más de 300 depuradoras de interés autonómico, pero ha sido lenta y opaca. Aunque se debe actualizar anualmente, el último resumen de cumplimiento del acuerdo data del 31 de diciembre de 2017. A esa fecha, se habían ejecutado 320 de 583 millones recaudados.
Ahora ni siquiera está claro que el dinero vaya a dedicarse a la depuración. Así puede interpretarse de la defensa que Juan Bravo, consejero de Hacienda, hizo de los Presupuestos. Bravo dijo que el dinero del canon debe gestionarse “para reactivar la inversión en infraestructuras”, y puso como ejemplos varias autovías o el Metro de Málaga.
“No tenemos el dinero para ejecutar las obras”
María José Sánchez es alcaldesa de Albuñol y presidenta de la mancomunidad de la Costa Tropical, en la que los municipios delegaron la gestión del ciclo integral del agua. Es también una de las denunciadas por la Fiscalía granadina. “Tendremos que defendernos. Ya quisiéramos tener en marcha estas depuradoras, desde hace diez años. Podemos hacer parte del trabajo, pero quien licita el proyecto básico, lo dota de dinero y licita el proyecto constructivo es la Junta de Andalucía”, se defiende, y señala una “contradicción”: “Los ayuntamientos tienen la competencia de depurar aguas, pero no tenemos el dinero para ejecutar las obras”.
Sánchez pone el ejemplo de Albuñol, cuya depuradora se terminó a finales del año pasado: “El proyecto cuesta seis y medio de euros. Con recursos municipales no podría hacer frente nunca a la ejecución de ese proyecto. Son las inversiones de diez años”. Según Babiano, los municipios no pueden establecer nuevos tributos para financiarlas porque incurrirían en una “doble imposición”.
Este medio sigue a la espera de una respuesta de la Junta de Andalucía sobre los datos de recaudación y ejecución del canon del agua, la pérdida o no de su condición finalista, las sanciones impuestas a los municipios o los mecanismos de control sobre municipios con menos de 2000 habitantes.
Incumplimientos constatados por Ecologistas en Acción
El resultado es que las aguas siguen vertiéndose sin depurar en decenas de municipios andaluces, o con una depuración insuficiente, como constata un reciente informe de Ecologistas en Acción. En ese documento, limitado a depuradoras que dan servicio a más de 2.000 habitantes, se establece que las analíticas publicadas en REDIAM sobrepasan en el 65% de los casos los parámetros fijados por la normativa.
Estos informes, que Ecologistas en Acción elabora desde 2013, fueron la base de una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que derivó los asuntos a las ocho fiscalías provinciales. Sin embargo, cada una ha seguido un criterio, según explica Antonio Amarillo, firmante de ese informe.
Cuando ha denunciado, la Fiscalía lo ha hecho por un delito contra el medio ambiente, y no por estafa, como apuntaban Ecologista en Acción y el Seprona. En Huelva y Cádiz se archivó la investigación, pese a haber depuradoras sin funcionar y varias aglomeraciones objeto de la multa europea. En Jaén la Fiscalía denunció el funcionamiento de ocho depuradoras; en Sevilla, cuatro; en Almería, una; en Granada ha habido 20 alcaldes investigados; y en Málaga, se investiga a los municipios de Coín, Alhaurín de la Torre y Nerja, aunque esta última denuncia está paralizada en los juzgados de Torrox porque llegaron solo las páginas pares.