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La Junta de Andalucía ordena revisar “una a una” las inmovilizaciones de menores en el último año en sus 16 centros de internamiento

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín

Javier Ramajo

Almería —

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La Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía ha ordenado que las delegaciones territoriales de la Consejería de Turismo y Justicia en las ocho provincias lleven a cabo “inspecciones extraordinarias y exhaustivas” para analizar y revisar todas y cada una de las contenciones mecánicas realizadas en sus 16 centros de internamiento de menores infractores durante el primer año de vigencia de la instrucción que unificó los protocolos de contención en septiembre del pasado año, dos meses después de la muerte en Tierras de Oria del joven Iliass Tahiri tras ser sometido a una de esas sujeciones, boca abajo atado a una cama.

Fuentes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local informan a eldiario.es Andalucía de que el objetivo es saber “con todos los detalles” cuántas contenciones o inmovilizaciones se han realizado, analizarlas “una a una” y “comprobar y evaluar el grado de cumplimiento de dicha instrucción” que, cabe recordarlo, obliga a que el médico esté presente para valorar y ser consultado ante posibles contraindicaciones médicas. En este sentido, las fuentes recuerdan que el criterio facultativo es el que prevalece a la hora de estimar la conveniencia de cesar la contención, prohibiéndose la contención boca abajo salvo que lo recomiende el médico.

Al menos en Oria, según el último informe del Defensor del Pueblo Español, en las grabaciones visualizadas por los técnicos durante su visita sorpresa este mes de junio, “se aprecia que el médico no aparece en la habitación de sujeción mecánica hasta pasados 20 minutos del comienzo de la misma”, más o menos como ocurrió con Iliass un año antes, ya que la médica apareció 18 minutos después de que llevaran al joven a la sala de contenciones, como desveló este medio el pasado mes de noviembre. Aquel joven, además, fue colocado boca abajo, una cuestión que la Fiscalía ha tenido muy en cuenta para pedir la reapertura del caso en vía judicial.

La Fiscalía tiene pedida la reapertura de este caso desde este junio, seis meses después de que el juzgado instructor de Purchena diera carpetazo al asunto por tratarse de una muerte de tipo “accidental”, argumentaron. Igual que se archivaron las diligencias hace casi cinco años cuando otro chico, situación conocida igualmente a través de un vídeo, fue colocado boca abajo y sujeto a una cama aunque no con consecuencias tan trágicas. Aquel caso sí ha llegado a juicio, pero por la difusión audiovisual con la que se quiso denunciar el uso de correas en centros de menores, idéntico mecanismo que el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa considera “trato degradante o inhumano” y recomendó a España “que las autoridades pongan fin a esta práctica”.

Criterios fijos

Con todo, aquello se produjo antes de que la Consejería decidiera aprobar una instrucción que ya recogía las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de la Guía de Buenas Prácticas de Prevención de la Tortura, incluyendo “gran parte de las medidas que ya se vienen siguiendo por los centros y que recogen en sus protocolos”, recuerdan las fuentes, fijando criterios que antes podían quedar a la interpretación de cada centro y prevaleciendo sobre los protocolos particulares.

La revisión solicitada ahora por la Junta atiende a la ejecución de las sujeciones mecánicas como la que sufrió Iliass y también a las contenciones contempladas con grilletes, a las que se refirió el Defensor en el citado informe como una práctica consistente en mantener al menor sentado en una silla con los brazos engrilletados por detrás mientras son custodiados por un vigilante de seguridad.

A partir de los informes remitidos por las delegaciones provinciales, la Junta “sacará conclusiones” y “tomará las medidas necesarias” en su caso, añaden las fuentes, que evitan pronunciarse respecto a las consideraciones emitidas por el Defensor tras su visita a Tierras de Oria el mes pasado, donde apreció que las sujeciones mecánicas se aplican sin que los jóvenes se muestren previamente alterados ni violentos, provocan dolor cuando les aprietan las cintas en los tobillos y en las muñecas, y que se usan principalmente como un castigo a una acción anterior, entre otras cuestiones.

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