El Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles en pleno la primera proposición de ley de la oposición de la legislatura que entrará en vigor: la presentada por el PP-A para reformar la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos y obligar a que 274 de éstos tengan que hacer pública su declaración del IRPF, y en su caso, de liquidación del impuesto de patrimonio, para colgarse en el Portal de Transparencia. Con ello, se equiparan las obligaciones de los altos cargos a las que ya tienen los parlamentarios y los consejeros de la Junta de Andalucía, que en su caso, por decisión de la presidenta, Susana Díaz, publican también las de sus parejas.
La norma ha sido aprobada con el voto a favor de los proponentes, el PSOE-A, Podemos y C's, mientras que IU se ha abstenido, básicamente porque no han sido consideradas sus enmiendas, entre las que la diputada Elena Cortés ha destacado la destinada a garantizar que se pusiera freno a las “puertas giratorias” aprovechando que se iba a modificar esta ley.
Lo aprobado este miércoles contempla que la información se facilitará en el plazo de dos meses desde la fecha de la toma de posesión, cese o modificación de las circunstancias de hecho. Igualmente, antes de cada 1 de agosto, los altos cargos y otros cargos públicos deberán presentar en el Registro de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones las autoliquidaciones del último ejercicio declarado. En cuanto a las de sus cónyuges, podrán presentarse si éstos lo deciden, y se publicarán igualmente si lo permiten con autorización expresa.
El diputado del PP-A Jaime Raynaud ha defendido el texto, como ya hizo cuando se tomó en consideración, por unanimidad, el pasado mes de febrero, y ha agradecido las aportaciones durante el trámite parlamentario. De hecho, se han incorporado siete enmiendas: tres del PSOE-A, otras tantas de C's y una de Podemos. En su opinión, “servirá para fomentar la calidad de la democracia como objetivo básico de la comunidad autónoma”.
Por su parte, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha remarcado que en este tipo de debates “tiene que primar la pedagogía frente a demagogia”. Cree que este texto “es también una oportunidad para que los cónyuges de los altos cargos” puedan facilitar la información, como “ya hacen los miembros del Consejo de Gobierno”, y que en lo que respecta a los diputados tiene un cumplimiento muy diferente. De hecho, Jaime Raynaud es el único del PP-A que da a conocer también la información de su cónyuge.
Desde Podemos, Begoña Gutiérrez ha aprovechado que era una proposición de ley del PP-A para echarle en cara a Jaime Raynaud los casos de corrupción que salpican a su partido y las “comisiones ilegales que algunos excargos públicos han cobrado”, citando a Luis Bárcenas o Jaume Matas, “que no vienen recogidas en las declaraciones del IRPF”.
Finalmente, Julio Díaz (C's) ha aplaudido esta apuesta por que los altos cargos “rindan cuentas”, y ha abogado por seguir este camino que supone “un reencuentro con la ciudadanía en el fortalecimiento de la política y de las instituciones”.