Andalucía sustituye un tercio de los trámites para crear empresas y pagará los gastos de notaría y registro
El Consejo de Gobierno de Andalucía ha aprobado este martes el Decreto Ley de Medidas de Reducción de Trabas Administrativas para las Empresas, que supondrá simplificar 64 trámites, o sea un tercio del total de los que dependen de la Junta de Andalucía y se pueden cambiar; poner en marcha el programa @emprende+ con una red para que los emprendedores puedan constituir empresas de forma rápida y gratuita; y la creación de la declaración de inocuidad, para 36 categorías que se librarán de tener que presentar un informe de impacto ambiental.
De momento es un decreto ley, pero se desarrollará como proyecto de ley para su debate en el Parlamento de Andalucía, “para incorporar aportaciones”, en palabras del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado. Este ha recordado que hay 535 autorizaciones en la comunidad autónoma para crear o desarrollar actividades económicas, de las que 315 dependen de la Administración General de Estado (AGE). De las 220 de la Junta de Andalucía, 26 no se pueden tocar porque se basan en leyes de la AGE. Del resto, 130 “hay que mantenerlas por estar justificadas por razones de interés general, orden público y seguridad y salud pública”, de manera que quedan 64 para simplificar, tras el estudio hecho por un grupo de trabajo los últimos meses.
De esos 64 procesos, 23 podrán ser sustituidos por una declaración responsable por parte del interesado; 22, por una comunicación previa; y 19 se eliminarán. ¿Cuáles? El consejero no los ha detallado porque figurarán en el anexo del decreto ley cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Sí ha expuesto que lo que se simplifica o elimina es sobre todo para actividades económicas relacionadas con la salud y los servicios sociales, el medioambiente, el juego y los espectáculos públicos. Por ejemplo, será más fácil el establecimiento de horarios especiales en hostelería para hospitales aeropuertos o áreas de servicio; la creación de centros de servicios sociales o el uso de terrenos forestales.
Simplificación de trámites y también agilización de los plazos. El compromiso es que para crear una cooperativa se tarden cinco días (ahora es un mes la media). Para una sociedad limitada se podrá conseguir en 48 horas, mientras que la autorización para una sociedad laboral se otorgará en tres días, frente a la media actual de 90. Y para los autónomos, se les ofrecerá asesoramiento para que puedan darse de alta en un día.
Ello gracias a @emprende+ (que el consejero ha traducido como “Andalucía emprende más”), será una red que se pondrá en marcha en el plazo de un mes para facilitar el emprendedimiento de forma rápida y gratuita, dado que la Junta de Andalucía “asumirá los costes de notaría y registro, estimados en una media de 200 euros”. Esta red tendrá puntos de atención en los 200 CADE (Centro de Apoyo al Emprendedor), en las oficinas de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) por las distintas provincias y también en las administraciones locales y cámaras de comercio que quieran colaborar. “Queremos que ni un euro se vaya de Andalucía por trámites innecesarios o por lentitud de las administraciones”, ha enfatizado el consejero.
Paralelamente, se recoge la figura de declaración de inocuidad de manera que cuando los emprendedores tengan que gestionar la licencia en el correspondiente consistorio, podrán optar por ella en lugar del informe de impacto ambiental, siempre más tedioso y costoso. Eso sí, sólo será para 36 categorías -que también se relacionarán en el BOJA- y que están relacionadas con negocios como lavanderías, pequeños comercios o lavaderos de vehículos a motor con menos de 300 metros cuadrados, por citar varios ejemplos. Es decir, empresas que en teoría no suponen un impacto ambiental.
Todo ello supondrá la modificación de ocho leyes, 19 decretos y seis órdenes, que el Consejo de Gobierno pretende tener resuelto en los próximos días. El consejero ha insistido en calificar esta medida de la Junta de Andalucía como “pionera” y “única en España”. En todo caso, cabe recordar que es una obligación impuesta por la reciente entrada en vigor de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, y por el calendario fijado el pasado 8 de noviembre por el Consejo de Ministro para la ejecución del Plan de Racionalización Normativa. En éste, se han identificado 2.700 normas -un 30% estatales y un 70% autonómicas- que pueden suponer barreras a la unidad de mercado. Este elevado volumen es responsable de que el estudio anual del Banco Mundial sobre regularización para pymes -Doing Business- señale que abrir un negocio en España requiere de media 10 procedimientos y 23 días, el doble que en los países de la OCDE.
Sin cálculos sobre su impacto
De momento no hay un cálculo sobre el impacto que en el empleo tendrá esta medida, según ha reconocido el consejero, quien ha dicho que habrá que esperar a su puesta en marcha. Precisamente, esto criticaba la secretaria de Relaciones Institucionales del sindicato UGT-A, María del Carmen Barrera, quien ha subrayado que hubiera sido necesario incluir esto. También ha rechazado que “se haga por la vía del decreto, que anula todo el trámite de audiencia”.
En todo caso, sí ha dado la bienvenida a cualquier medida que suponga la “reactivación económica que conlleve generación de empleo y con la salvaguarda siempre de todos los controles por parte de la administración”. Ha saludado así que se incluya la propuesta de facilitar gratuitamente los trámites a los emprendedores, porque entiende que tendrá su impacto.
Mientras, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) han acogido con satisfacción estas medidas “en líneas generales” porque “supone desposeer del carácter de reserva de ley a determinados trámites, que ahora se desarrollarán vía reglamentaria, facilitando así la sustitución del control por la declaración responsable, la comunicación previa o el libre acceso, en cada caso, lo cual debe redundar positivamente en la capacidad de gestión de las empresas, sin alterar las garantías necesarias para los ciudadanos”.
Sin embargo, la patronal cree que “podía haber sido aún más ambiciosa, pues sectores como el juego o la construcción de campos de golf continúan estando afectados por un alto grado de intervencionismo”.
Por su parte, Francisco Moreno, secretario de Cepes-Andalucía, ha destacado que “se va por el buen camino porque lo que no puede ser es que a los problemas que ha traído la crisis, como falta de liquidez e incentivos, se sumen las trabas administrativas”. Pese a que cree que “se puede seguir mejorando”, resalta que la eliminación de trámites sustituyéndolos por una declaración responsable “puede ayudar bastante la creación de empresas, y por tanto de empleo”.
Le parece “muy positiva” la reducción de los plazos para la constitución de cooperativas, que es la fórmula más importante de la economía social. “Mientras que para una sociedad anónima se tardan entre cuatro o cinco días, el plazo es mucho mayor para las cooperativas, lo que provoca que muchos emprendedores terminen desistiendo u optando por otras fórmulas, pese a que como punto de partida hayan preferido estas por su forma de gobernanza o por su compromiso con la responsabilidad social”.
