La Junta de Andalucía ha vuelto a publicar varias convocatorias para contrataciones exprés. Ahora busca en 24 horas a médicos y a administradores generales. Seleccionará a los más rápidos, por estricto orden de presentación de solicitudes. La administración autonómica ha recibido críticas por realizar este tipo de procesos, que no siguen los principios de igualdad, mérito y capacidad, y pueden generar indefensión. Además, excluyen a embarazadas, mujeres en periodo de lactancia, mayores de 60 y algunos enfermos crónicos. Según la Junta de Andalucía, para protegerlos.
En esta ocasión, la consejería de Presidencia y Administración Pública busca médicos (como personal laboral temporal) para distintas provincias, así como interinos asimilados al cuerpo superior de administradores generales. Esta última convocatoria recoge siete plazas de administradores generales para la Consejería de Turismo; cinco para Presidencia; 27 para Empleo; 34 para Hacienda; nueve para Educación y Deporte; dos para Agricultura, Ganadería y Pesca; cinco para Economía; 14 para Salud y Familias; 19 para Igualdad y Políticas Sociales; ocho para Fomento; y una para Cultura.
En total, 131 plazas de interinos que se asignarán a los más rápidos en distintas delegaciones territoriales o servicios centrales. Después de las críticas a este tipo de procesos, la administración andaluza ha introducido una novedad: ahora encabeza las nuevas convocatorias con la aclaración de que son plazas “para trabajar presencialmente”.
Este medio ha preguntado si esto significa que los interinos seleccionados en esta convocatoria no podrán teletrabajar, quedando excluidos de las recomendaciones generales sobre el trabajo a distancia. La consejería únicamente responde reiterando que “se trata de un trabajo de carácter presencial”. “Independientemente, se está trabajando en el Seno de la Mesa General de negociación un Plan de contingencia para teletrabajo provisional, así como una regulación de carácter definitivo”, señalan fuentes oficiales.
Por lo demás, las convocatorias tienen las mismas características que las casi 300 plazas convocadas anteriormente. Es decir, se realizan sin anuncio previo, desaparecen en 24 horas, se selecciona por orden de llegada y obligan a firmar una declaración responsable de no estar incluido en algún grupo de riesgo.
Los sindicatos: “No ha lugar”
Esas convocatorias generaron un notable revuelo político después de que este medio informara sobre ellas. Los sindicatos y los expertos consultados dudan de su legalidad, por suprimir los principios constitucionales de acceso a la función pública y por ser discriminatorias.
Por su parte, la Junta de Andalucía argumenta que las exclusiones de los llamados “grupos de riesgo” se realizan para protegerlos. También explica que se realizan de forma urgente en el marco de la emergencia de salud pública, y que están amparadas por un acuerdo firmado con los sindicatos.
Sin embargo, los sindicatos señalan que el acuerdo debía limitarse a cubrir puestos en la primera línea de batalla contra el virus (en centros sociosanitarios o residencias) y mientras durara el estado de alarma. No debía servir para cubrir puestos de archiveros, administradores generales o técnicos de pesca en pleno mes de julio. “Cuando consentimos que se hiciera en el periodo de emergencia, no pensamos que después del estado de alarma se iba a seguir utilizando. No ha lugar”, protesta Pablo López del Amo, de Comisiones Obreras. Los sindicatos han pedido en vano la derogación del procedimiento en la mesa sectorial. CCOO también ha acudido a los tribunales.
La administración argumenta que está habilitada para usar este procedimiento “hasta que finalice la emergencia sanitaria”. En abril, la Junta de Andalucía modificó la resolución original que preveía estas contrataciones exprés: suprimió la frase que las limitaba al estado de alarma, y lo amplió hasta que dure la “emergencia sanitaria”.
Sin embargo, la norma sigue recogiendo que los procesos exprés sólo podían aplicarse a los nombramientos de interinos y contrataciones de personal laboral temporal “de emergencia para hacer frente al COVID-19, no siendo aplicables, por tanto, para el resto de situaciones, en las que se seguirá la tramitación ordinaria”.
Hay candidatos “disponibles” en las bolsas
A esto se añade que el control del cumplimiento de algunos requisitos para realizar las contrataciones exprés es prácticamente imposible. Por ejemplo, para poder convocar las plazas la Junta debía agotar previamente las bolsas de las distintas especialidades. Desde la administración se asegura a este periódico que “antes de hacer la oferta pública se recurre al personal que figura en las bolsas”.
Sin embargo, según el listado público de la propia Junta de Andalucía, a fecha 24 de julio había candidatos disponibles en la práctica totalidad de las bolsas para los distintos cuerpos. Los había, por ejemplo, para administradores generales. También para ingenieros industriales, de minas o arquitectos técnicos.
La administración debe intentar contactar con los “disponibles” en las bolsas, y solo si renuncian o no dan respuesta, puede pasar al siguiente y, eventualmente, hacer un procedimiento exprés. “Pero la Junta puede decir que, aunque haya gente en la bolsa, todos han respondido que no, o que cuando llamaron no cogieron el teléfono. No hay forma de comprobarlo”, apunta López del Amo.
El sindicalista también critica que el único criterio de selección sea el orden de recepción de la solicitud. La Junta de Andalucía no ha facilitado certificación del registro del orden de llegada a los sindicatos, según denuncia CCOO. “Hay que pensar en quién cuelga la convocatoria, y de quién es el primer correo que llega. Si yo quiero que sea la persona que tengo al lado, siempre va a ser el primero”, añade el López del Amo: “Todos los trámites habituales en la administración se hacen precisamente para evitar estas perversiones”.