La Junta abre el proceso para aplicar la Ley de Memoria Histórica en 20 municipios andaluces
La Junta de Andalucía va a iniciar el proceso para desarrollar actuaciones específicas en fosas de veinte municipios andaluces de las provincias de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. Entre ellos, las capitales de provincia de Córdoba, Sevilla y Huelva, según han avanzado familiares de las víctimas a eldiario.es/andalucia. Asimismo, fuentes del comité de expertos de la Dirección General de Memoria de la Junta confirman que habían recibido la solicitud como derecho de petición de, entre otras, la asociación de familiares Dejadnos Llorar de Córdoba, y han confirmado a este medio su visto bueno para iniciar las acciones encaminadas a abrir el proceso de exhumación que reconoce el derecho de las víctimas.
La decisión, que se espera se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en estos días, afectaría a las fosas de los cementerios de Sevilla con 4.500 desaparecidos; de Córdoba, con 4.000 víctimas y de Huelva con otras 3.500, en una estimación de las asociaciones. En total, más de 12.000 víctimas sólo en estas tres ciudades.
Los municipios en los que se llevarán a cabo trabajos son Alcóntar (Almería); Benamahoma y Setenil de las Bodegas, en Cádiz; Adamuz, Córdoba capital y Pozoblanco, en Córdoba; Cúllar-Vega y Víznar, en Granada; Berrocal, Cala, Cortegana y Huelva capital, en la provincia onubense; Orcera (Jaén), y Alcalá del Río, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra, El Coronil, Utrera y la fosa de Pico Reja en el cementerio de San Fernando, en la provincia de Sevilla.
Las actuaciones, según ha informado la Consejería de Presidencia en una nota, contemplan desde la indagación y la investigación histórica, la localización y señalización de espacios que pudieran albergar fosas comunes, hasta la exhumación y estudio antropológico de los restos y análisis genético que pudiera posibilitar su identificación, en caso de que fueran localizadas las fosas.
Las fuentes consultadas señalan que la apertura de este proceso “ya reconoce el derecho de las víctimas”, como solicitaron desde las asociaciones de familiares en su derecho de petición dirigido a la administración autonómica, para hacer valer la recientemente aprobada Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Basándose en ella, y bajo la Dirección General de Memoria Democrática, la apertura de este proceso que conlleva los principios de la memoria –verdad, justicia y reparación-, se iniciará con la puesta en marcha del equipo de profesionales arqueólogos, antropólogos y forenses necesarios, así como la realización de las pruebas de ADN oportunas y que asume la ley. Asimismo, se prevé que la Junta de Andalucía solicite la colaboración de los ayuntamientos, en cuyos términos municipales se ubican las fosas.
De hecho, hay ayuntamientos que ya han manifestado su posición como en el caso de Sevilla, “que sufragará los trabajos de localización y delimitación de las fosas del cementerio de San Fernando, al tiempo que la Junta, por su parte, contemplará la exhumación de la conocida como fosa de Pico Rejas”. En Huelva, “el Ayuntamiento se encargará de la intervención que permitirá recuperar los restos de Pedro Masera, asesinado en 1936”. Y en Córdoba, donde el Consistorio ya está trabajando para que se “permita en un futuro el inicio de intervenciones arqueológicas en los cementerios de La Salud y San Rafael”.
Reconocimiento familiar
Los familiares de las víctimas, algunos de los cuales han recibido notificación directa de esta decisión aunque aún no ha habido una comunicación oficial de la Junta, ven así cumplido su deseo de poder localizar y exhumar los cuerpos de sus seres queridos, más de 80 años después, para poder ofrecerles un entierro digno.
“Recuperar los restos de nuestros familiares y que, por fin, puedan tener la digna sepultura que el franquismo les negó, es un mínimo de justicia”, ha explicado el portavoz de Dejadnos Llorar, Antonio Deza. “Se pone en marcha un proceso en el que seguiremos luchando para que se reconozca a nuestro familiares como víctimas inocentes de crímenes contra la humanidad y se restauren todos los derechos humanos que nos corresponden, tal y como reconoce la ONU en sus resoluciones sobre España”.
En marzo
Fue en marzo pasado cuando los familiares integrados en la asociación Dejadnos Llorar de Córdoba ejercieron su derecho de petición legal ante la Junta de Andalucía para exhumar a sus seres queridos. “Tienen la oportunidad de estrenar la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía con las fosas de Córdoba”, dijeron entonces ante el balón que ponían encima del tejado de la administración autonómica.
En este camino han estado asesorados por el historiador Francisco Moreno y por Eduardo Ranz, el abogado especialista que ha conseguido que un juez ordene la exhumación de dos personas en El Valle de los Caídos. Su objetivo no era otro que la Junta de Andalucía aplicara la recientemente aprobada Ley de Memoria que establece el camino para recuperar los restos de víctimas del franquismo. Y, con ello, conseguir la exhumación de “inocentes que fueron masacrados” y enterrados en las fosas comunes de los cementerios de Sevilla, Córdoba y Huelva.
