La pandemia está obligando a la Junta de Andalucía a mover el presupuesto previsto para este año y reasignar fondos. Y una de las partidas que se van a tocar es la destinada a la financiación de las universidades públicas andaluzas. Rogelio Velasco ha mantenido una reunión telemática con los máximos responsables de las diez universidades, en la que ha avanzado los principales cambios sobre el presupuesto de la Junta en esta materia, a fin de hacer frente al gasto sanitario y social derivado de la pandemia del coronavirus.
Los ajustes propuestos servirán, explicó el consejero, para contribuir al Fondo de Emergencia Social y Económica contra la COVID-19 de 700 millones. De esos 700 millones 135 saldrán del presupuesto inicialmente previsto para 2020, unos 1.430 millones de euros. Es decir, cerca de un 10% del presupuesto universitario de este año irá a parar al fondo de emergencia para hacer frente al coronavirus.
Desde la Consejería explican que, para compensar el recorte, se va a abonar la mitad de la deuda contraída con las universidades: de 300 millones se van a pagar 126 (hay que recordar que en 2013 las deuda con las universidades alcanzaba los 900 millones). También se les permitirá utilizar 135 millones de “remanentes afectados” para gastos corrientes (nóminas, por ejemplo) y otros 125 millones para inversiones. Se trata de utilizar dinero de presupuestos no gastado e inmovilizado por la regla de déficit y ahora la Consejería de Hacienda les permite hacer uso de él, dicen las mismas fuentes.
“Es una muy mala noticia”
Todas estas medidas permitirán “disponer de recursos extraordinarios”, “una medida que contribuirá a fomentar la reactivación económica”, explica la Consejería en una nota. No lo ven así en el sistema universitario andaluz. La UGR, a través de un comunicado, manifestaba su descontento con el anuncio. Reconocía “la gravedad de la situación” y expresaba un “profundo sentimiento de solidaridad con respecto a todos cuantos han sufrido las consecuencias físicas y económicas de esta grave pandemia”. Sin embargo, “considera una muy mala noticia que una parte tan importante del necesario reajuste presupuestario autonómico recaiga sobre el sistema universitario público andaluz”. Desde el punto de vista de la UGR, la universidad pública va a tener “un papel fundamental en la reactivación económica y en la búsqueda de soluciones a esta situación desde las distintas áreas de conocimiento”.
“Las universidades andaluzas siempre cuentan con los recursos que necesitan para asegurar la prestación de ese servicio y su correcto funcionamiento, algo que no va a cambiar”, ha añadido, “ya que la labor que desarrollan las universidades públicas andaluzas constituye una actividad de alto interés para la comunidad autónoma y la base del sistema andaluz del conocimiento”. A juicio de Velasco, “estas circunstancias excepcionales requieren del esfuerzo conjunto, la responsabilidad y la solidaridad de todos”.
El ajuste de los remanentes y la nueva dotación aún tiene que ser debatido con los rectores en busca de “consenso”. De hecho, algunas universidades andaluzas, como la Universidad de Sevilla, no han querido manifestar ninguna posición a la espera de conocer los detalles de la propuesta y las próximas reuniones. Los criterios que se apliquen, en cualquier caso, responderán, bajo el principio de proporcionalidad, a la capacidad financiera de cada universidad.
“Reajuste” presupuestario
La Junta de Andalucía está buscando la forma de hacer frente al gasto que está suponiendo la pandemia de la COVID-19 y ya ha empezado a mover partidas presupuestarias. La lo ha hecho en la Consejería de Bienestar Social e Igualdad donde fondos de cooperación y fondos para menores migrantes se han “reasignado” (sin detallar cantidades concretas) para “atender a la población afectada directamente por la paralización de la actividad económica”, como explicó la propia Consejería.