Cuando el atasco judicial te toca el bolsillo: las demandas de los trabajadores encallan en los juzgados de lo Social

“Miles y miles de trabajadores desamparados y sin acceso a la justicia en Sevilla”. Lo resume un abogado con algún que otro litigio pendiente en la capital hispalense. Es una opinión, personal, pero bastante extendida entre los letrados sevillanos que frecuentan la zona de Viapol. Está corroborada por las secciones de Justicia de los sindicatos y, además, por los datos oficiales: la jurisdicción social está “muy sobrecargada desde hace años”, dice la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, hecha pública el pasado abril. La situación, finalmente, la define la propia titular de un juzgado de lo Social de Sevilla: “No se pede dar más de sí”.

Recientemente este periódico publicó la historia de C.A.R., una mujer de 53 años a la que acababan de despedir, que está enferma y a la que un juzgado de Sevilla le ha fijado su juicio por despido (urgente, aunque resulte paradójico) para el año 2022. No solo de despidos entiende esta atascada jurisdicción sino de todos aquellos asuntos laborales con repercusiones directas para trabajadores y sus situaciones personales (reclamaciones de cantidades, litigios con la Seguridad Social, movilidad geográfica y otras modificaciones en el trabajo, reclamaciones a mutuas, incapacidades, conflictos colectivos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, impugnación de actos administrativos en materia laboral y social, derechos fundamentales y libertades públicas, y hasta materia electoral).

“En Sevilla prácticamente la jurisdicción social no existe. Cálculo sólo por encima que hoy por hoy debe haber unas 45.000 demandas de trabajadores paradas, seguramente más. El asunto es mucho más grave de lo que parece a primera vista”. A la reflexión del abogado Juanjo Pizarro le acompaña el significativo caso, ya mencionado, del señalamiento a tres años vista de un juicio urgente por despido. Pero hay más datos, recientes y también relacionados con ese aspecto, y que son causa de dicha consecuencia: los juzgados de lo Social de Andalucía recibieron durante los tres primeros meses del año un 6,7 por ciento más de demandas por despido que en el mismo periodo del año anterior.

“¡Es una jurisdiccion prioritaria!”

Otro letrado consultado por este periódico lamenta que “ahora se están celebrando los juicios de las demandas presentadas en 2016”. “¡Es una jurisdiccion prioritaria! Y el desfase es de tres años. Es alucinante. La Justicia dentro de tres o cuatro años no es Justicia. Hay gente que se está jugando su vida personal y profesional. Es como si tienes a un tipo en la cárcel tres o cuatro años antes de llevarle a juicio. Una cosa es la sobrecarga y otra es la parálisis”, denuncia. “Hay actuaciones urgentes que no tienen esos plazos”, apuntan escuetamente al respecto desde el TSJA, que se remite a los datos de la última memoria anual.

Según las cifras recogidas en la Memoria Anual de Actividades y Funcionamientos del TSJA, los despidos han sufrido un repunte de un 8%, con una pendencia (asuntos pendientes) que ha crecido un 6% en el último año pese a que se han resuelto un 6% más asuntos que el año anterior. Las provincias con mayor número de ingresos en

despidos continúan siendo Sevilla, con 4.021 despidos ingresados, y Málaga, con 3.888. En todas las provincias, excepto Granada, Huelva y Málaga, aumentó durante 2018 la pendencia de despidos con relación al año 2017. Unos 16.000 demandas por despido al año en la comunidad, más madera para los juzgados.

“El atasco está en Sevilla y en Cádiz sobre todo”, apunta otro abogado con experiencia en la jurisdicción. “En Málaga, Jaén, Córdoba o Almería o Granada sí funcionan los juzgados de lo social”, añade el letrado, que concluye que “el problema no debe estar sólo en los medios que se le dan a la administración de justicia” sino que “la idiosincrasia del funcionariado también es importante”.

“Ineficientes” medidas de refuerzo, según el TSJA

Para Juan Battló, delegado sindical de Justicia de UGT Sevilla, considera que “desgraciadamente” el mencionado caso de C.A.R. (juicio por despido para marzo de 2022) es significativo de la situación que se vive en Andalucía, “quizás más representativo en Sevilla, por su mayor población y con más carga de trabajo que otras provincias”. “No es raro que se señale un juicio por despido para 2022 o 2023 aunque en principio tengan carácter prioritario. No tiene sentido, pero está pasando”, apunta.

El representante sindical señala que el refuerzo en los juzgados de lo Social de Sevilla “no está funcionando”, temiendo en todo caso que la creación del Juzgado de lo Social número 12, que debería entrar en funcionamiento el 31 de marzo de 2020, conlleve la retirada del citado refuerzo, “con lo cual estaremos casi en las mismas”. “Nos chocamos con una realidad, y es que los jueces no tienen tiempo para más juicio ni para más tramitaciones”, resume.

Actualmente, la demarcación territorial del TSJA cuenta con 57 juzgados de lo Social. Durante 2018 han estado adscritos jueces de Adscripción Territorial como integrantes de medidas de refuerzo en esta jurisdicción en Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. En este último, ha continuado un plan de refuerzo con la adscripción de cuatro jueces de Adscripción territorial desde el mes de abril de 2018, agrupados en dos 'juzgados bis' que cuentan con un Letrado de la Administración de Justicia y siete funcionarios de refuerzo cada uno. Pese a ello, “los resultados no han sido satisfactorios ni eficientes, tal y como revela el informe del Servicio de Inspección del CGPJ con motivo de la visita a finales de 2018”, confiesa el TSJA en su memoria anual.

Por su parte, Elisabeth García, secretaria de Afiliación y Servicios de CCOO Andalucía, considera que la situación que se vive en Sevilla se puede extrapolar al resto de la comunidad autónoma, lamentando que se señalen juicios urgentes “para dentro de tres y cuatro años”. “Esto supone un grave problema para cualquier trabajador, con situaciones muy delicadas a nivel personal, pasando años sin que las demandas avancen en los juzgados y los trámites judiciales se eternicen”.

“Es una problemática endémica que genera impotencia entre los trabajadores”, comenta, con una consecuencia importante, en su opinión: “el acuerdo o conformidad antes del juicio siempre beneficia a la empresa y, por lo general, el empleado es el perjudicado”, indica García, que también apunta a una reforma laboral, la de 2012, que “he hecho mucho daño” en este sentido al anular en este tipo de procedimientos los denominados salarios de tramitación, de los que hasta ese momento se hacía cargo la empresa. “Jugar con tu sueldo y tu puesto de trabajo genera una gran inseguridad y tensión entre las personas afectadas” que ven cómo “la justicia lenta no es justicia”. Casi la mitad de los procedimientos en esta jurisdicción acabaron en conciliación o en desistimiento de alguna de las partes, según datos del propio TSJA.

“No podemos hacer más”

El módulo de entrada referencial para los juzgados de lo Social se establece en 800 asuntos por órgano y año, una cifra que “se supera de forma amplia en todos los juzgados” excepto en Ceuta, Melilla, Motril, Jaén y Algeciras, según la memoria del TSJA.

Quizá las manifestaciones más relevantes de este reportaje las ofrece la titular del Juzgado de lo Social número 2 de Sevilla, Aurora García. “En Sevilla prácticamente se dobla ese módulo de 800 asuntos. No se puede dar más de sí. Todos los profesionales de la administración de justicia trabajamos a destajo, pero estamos ante un mal endémico”, declara a este periódico.

La jueza, como tantos otros operadores judiciales, reclama “más medios humanos y materiales, ”o una organización judicial distinta“, y recuerda: ”El último juzgado de lo Social en Sevilla se creó hace veinte años. Pero es que en España hemos pasado por una grave crisis económica y los asuntos en este tipo de juzgados se han incrementado muchísimo en los últimos años. La sobrecarga de trabajo es superior al 150% de un módulo. Cada juzgado asume el trabajo de dos juzgados. Hacemos todo lo que podemos. La jurisdicción social está muy olvidada. Tiene que haber voluntad y gestión política, porque el volumen de asuntos y de trabajo es desmesurado“.

“Yo entiendo al ciudadano al que se le emplaza a juicio para 2022 ó 2023. Eso es una barbaridad”, confiesa la titular del juzgado, que dice que “eso nos afecta”, al tiempo que anima al justiciable a “quejarse” de ello a quien corresponda “igual que hay quejas por las listas de espera en sanidad”. García asevera que “pueden estar tranquilos los ciudadanos que intentamos dar la respuesta más rápida posible, pero a veces no podemos hacer más”, aludiendo a que tienen “24 juicios a la semana” y que “no podemos asumir tanto volumen de trabajo”. “A veces no sé qué decirle al ciudadano”, reconoce.

Su opinión es “compartida por muchísima gente y, sobre todo, por los datos”, asegura la jueza, quien pone un ejemplo “muy fácil a los ciudadanos”: “¿usted quiere que le opere un cirujano después de siete horas de operación a corazón abierto o prefiere que se vaya a descansar a su casa? Las resoluciones judiciales también hay que estudiarlas y sopesarlas, y yo invito a los ciudadanos a que se pasen por los juzgados. Nuestro día a día es muy desconocido. Llega un punto en que no podemos hacer más ninguno de los que estamos aquí. El órgano político que debe poner los medios materiales y personales no está cumpliendo”.

Cabe recordar que el pasado febrero, el juez decano de Sevilla se refirió a la situación de los once juzgados de lo Social, a los que en 2018 les fueron repartidos 14.191 asuntos (una media de 1.290 por cada juzgado cuando, repetimos, el módulo de entrada establecido como razonable por el CGPJ se sitúa en 800). Es decir, la sobrecarga media es del 61,25%. En opinión del decano, para equilibrar la situación sería necesaria la creación de seis nuevos juzgados de lo Social en Sevilla. Se creará uno en 2020. “El decano pidió los órganos que Sevilla realmente necesita para empezar a dar una respuesta adecuada al ciudadano. Con un poco de voluntad podría un poco mejor la cosa”, concluye la jueza.

Casi 60.000 asuntos durante 2018

La jurisdicción social supone tan solo un 6% del total de asuntos ingresados en Andalucía, muy lejos del 59% que acaparan los procedimientos penales, que recogen cuantitativamente la mayor carga de trabajo judicial. En 2018, eso sí, la jurisdicción social ingresó un 2% de asuntos menos que el año anterior, rompiendo la línea ascendente de 2017, según se desprende también de la memoria anual del TSJA. Las reclamaciones de cantidades (34%), los despidos (29%) y los litigios con la Seguridad Social (26%) acaparan casi todo el porcentaje de asuntos los asuntos registrados en los Juzgados de lo Social de Andalucía, Ceuta y Melilla.

La jurisdicción social ingresó en 2018 58.033 asuntos (2% más que en el año 2017) y se resolvieron 54.766 asuntos (similar al año 2017), quedando pendientes a final de año 61.989 asuntos, lo que supone un aumento de la pendencia de un 2%. La forma en la que terminaron los asuntos resueltos fueron en un 48% por sentencia, en un 20% por conciliación y en un 25% por desistimiento, habiéndose dictado un total de 26.487 sentencias (58% estimando la demanda).

Todo lo comentado, junto a la media de asuntos ingresados en los últimos años, según reconoce el propio TSJA, “pone de manifiesto la necesidad de crear nuevas plazas judiciales en muchos partidos judiciales, al tiempo que mantener y ampliar, en su caso, medidas de refuerzo en esta jurisdicción social, muy sobrecargada desde hace años”.