La catástrofe ocurrida en la mina de Aznalcóllar en abril de 1998 fue, sin lugar a dudas, uno de los desastres ambientales que mayor interés despertó en el mundo, y uno de los más graves de Europa occidental, no sólo por su envergadura sino también por haber ocurrido en las proximidades de uno de los parajes naturales más importantes y emblemáticos de Europa: Doñana. Después de 16 años del accidente resulta interesante hacer un balance de lo ocurrido, sus causas, sus efectos y las lecciones que hemos aprendido para el futuro.
En primer lugar habría que recordar que denuncias sobre la falta de estabilidad de la presa por parte de ecologistas y técnicos, tanto de las propias empresas implicadas como de las administraciones encargadas de la tutela ambiental, se habían sucedido durante más de una década antes de la rotura final. Tan sólo 8 meses antes del accidente, la Estación Biológica de Doñana CSIC volvía a pedir por escrito que se exigiera a la empresa la elaboración de un plan de emergencia ante la eventualidad de una rotura de la balsa, petición que fue de nuevo desestimada.
Por tanto, el accidente en el caso de Aznalcollar no se puede considerar inesperado y es evidente que no fuimos capaces entre todos de evitar que ocurriese o de limitar sus daños, a pesar de los numerosos antecedentes. Una mayor atención a las advertencias previas avaladas por informes científicos y técnicos parece obviamente necesaria. La existencia de un plan de emergencia con sus dispositivos e infraestructuras hubiese limitado el daño y el costo de la limpieza y debería ser una obligación normativa para este tipo de balsas, especialmente si aguas abajo se encuentra un lugar del valor ambiental de Doñana. La normativa europea de contaminación en ecosistemas terrestres debería ser revisada tras los accidentes de Doñana y el Danubio.
Debido a la ausencia de un plan de emergencia, las primeras horas de la catástrofe fueron de enorme incertidumbre. La reacción de los responsables ambientales, especialmente del entonces director del Parque Natural de Doñana y de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía fue acertada. El primer objetivo en una situación como la vivida el 25 de abril del 98 es limitar en lo posible la extensión afectada y tratar de confinar el agua contaminada en algún lugar donde su depuración y tratamiento sea factible.
La hora del accidente facilitó que no hubiese pérdidas humanas en una rivera tan transitada como es la del Guadiamar. La fecha de la rotura, al comienzo de la estación seca, permitió disponer de tiempo suficiente para retirar la mayor parte de los lodos antes de la llegada de las lluvias, limitando así la expansión de la contaminación. La creación por iniciativa del CSIC de un comité científico de seguimiento de la catástrofe, que emitió su primer informe tan solo 4 días después del accidente, tuvo un papel fundamental tanto en el asesoramiento directo a las administraciones encargadas de la recuperación de la zona como en la comunicación pública, constituyéndose en referente riguroso e independiente en un momento de alarma social, contribuyendo así a serenar lo suficiente la situación como para que las propuestas razonables se pudieran llevar a cabo.
En España son decenas las balsas de residuos mineros con contenidos tóxicos y peligrosos y centenares en Europa. Los acontecimientos de los últimos años en España, Hungría y Suecia, entre otros, parecen indicar que la normativa de seguridad de estas balsas no es suficiente para estar tranquilos y merecería la pena revisarla. Los planes de emergencia, el sellado en seco de las balsas abandonadas, entre otras cosas, parecen necesarios.
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