Las presuntas irregularidades cometidas en la Sociedad Malagueña de Aparcamientos Municipales (Smassa), un ente municipal que aglutina al ayuntamiento (51%) y socios privados (49%), se están convirtiendo en el gran dolor de cabeza para el gobierno de Francisco de la Torre (PP). En el Pleno de este jueves volvió a ser objeto de dos mociones.
Horas antes, se había desvelado una carta escrita hace tres años por quien fue secretario de Smassa durante 26 años, en la que antes de dimitir advertía al alcalde de que el gerente (Manuel Díaz, cesado esta semana) le estaba presionando para emitir una opinión jurídica contraria a Derecho que, además, iba a perjudicar al ayuntamiento en beneficio de la parte privada.
Para la oposición, este es un asunto que huele a “corrupción política”. Para el alcalde, es un escándalo artificial cuya derivada judicial no tiene recorrido. Lo cierto es que siquiera las dificultades de acceso a la vivienda y la galopante turistificación merecen la atención política que está concitando este asunto, que ya se ha cobrado la dimisión de un alto cargo (bajo el foco por una presunta falsificación documental), el cese del gerente, un Pleno Extraordinario (este lunes) y, por ahora, al menos dos investigaciones en sede penal.
Los juzgados (Instrucción 3 y 7 de Málaga) tratan de esclarecer el presunto acoso laboral de una jefa técnica (quien dijo en Pleno que se la presionó para cometer ilegalidades que la “hubieran llevado a la cárcel”) y todo lo que rodea a la adjudicación y certificación de una obra de aparcamientos en Pío Baroja, inicialmente valorada en 8,7 millones y cuyo coste al final rondó los 12. El PSOE habla de presuntas prevaricación y falsedad documental, y ha sugerido la existencia de “mordidas”.
Este jueves, se conoció al fin una carta que el PSOE llevaba varios días reclamando al alcalde, y que este se había comprometido a aportar si conseguía autorización del remitente, el abogado Francisco Souvirón. Este último fue durante 26 años secretario del Consejo de Administración de Smassa (que preside el alcalde). Dimitió en junio de 2021, y al hacerlo envió una misiva a De la Torre “a título personal”. En ese documento, al que este medio ha tenido acceso, le cuenta que el gerente, Manuel Díaz, le ha llamado para cesarlo, y que él no lo acepta, sino que dimite.
Entonces explica por qué, y cuenta que días antes, Díaz le había llamado “muy alterado” para informarle de que los representantes de Empark (uno de los dos socios privados del ayuntamiento en Smassa) le habían advertido de que no votarían por el nuevo aparcamiento de Pío Baroja, porque el canon a 50 años excedía de la vida de la sociedad municipal.
Souvirón le había explicado a Díaz que esa era una reivindicación habitual de los socios privados, pero que los pliegos eran claros y judicialmente, el asunto ya se había resuelto: los privados debían apoyar los planes de aparcamientos. Pero en la conversación, Díaz no cede y le pide a Souvirón (según cuenta este) que redacte una carta “según lo requerido por Empark”, comprometiendo al ayuntamiento a compensarla económicamente cuando se extinga Smassa por el exceso de tiempo del canon.
Souvirón entonces le dice que ni la legislación ni la jurisprudencia permiten que eso se haga, que esa “carta de compromiso” sería “contraria a Derecho”, y que causaría un perjuicio a la sociedad y al ayuntamiento en beneficio de un tercero. “Dentro de 25 años no estaremos aquí nadie y así no me sirves”, le replica Díaz antes de colgar, según la misiva de Souvirón al alcalde.
Al día siguiente, Souvirón le envía la jurisprudencia que sostiene su postura, y Díaz le dice que no se preocupe, porque ya tiene la solución. Y un día más tarde, al final del Consejo de Administración (que aprobó el nuevo aparcamiento) le informa de que el concejal José del Río (que dejó la corporación el pasado mayo) había encontrado un abogado para firmar la carta. A la semana siguiente, Díaz cita a Souvirón y lo cesa, informándole de que lo sustituiría el abogado firmante de la carta.
De la Torre fue puesto al corriente por Souvirón de todo esto hace tres años, y esto ha dado nueva munición a la oposición, que acusa al alcalde de conocer las irregularidades en Smassa y ocultarlas.
Además, el PSOE acaba de recibir una resolución del Consejo de Transparencia, que exige a Smassa que entregue documentación relacionada con los contratos menores a la que la oposición aún no ha podido acceder.
Así que en el Pleno de este jueves PSOE y Con Málaga volvieron a la carga con el asunto, pidiendo que los pagos de los últimos cinco años en Smassa se sometan a una investigación de la Cámara de Cuentas, que se analice la segunda fase de la obra del párking de Pio Baroja (pagada con fondos únicamente municipales), que acate la resolución de Transparencia y, sobre todo, que ahora se busque y se encuentre esa carta que firmó el segundo abogado, y que al parecer sí satisfizo las exigencias del socio privado.
“Son hechos extremadamente graves”, ha insistido Daniel Pérez, portavoz socialista, quien ha vuelto a cuestionar los motivos por los que el alcalde protegió al gerente hasta el pasado lunes, cuando lo cesó, a pesar de haber sido informado por Souvirón de las presiones recibidas de aquel. Tampoco lo cesó cuando hace más de un año, la técnico Trinidad Rodríguez denunció en el Pleno haber sido presionada para cometer ilegalidades que la “hubieran llevado a la cárcel”.
“¿No toma medidas cuando la persona que ha sido secretario del consejo durante 26 años le pone sobre aviso de que se están cometiendo ilegalidad, prácticas contrarias a derecho o afectando a los intereses económicos de Smassa en beneficio de uno de los socios privados?”, se cuestionó Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, quien cree que la carta pone en juego el proceso de municipalización, en el que el ayuntamiento tendría que comprar las acciones a los privados.
Se ha deslizado que la valoración de las acciones de los privados es de 24,9 millones de euros, pero no se sabe cómo se ha llegado a esa cifra. “La carta pone en cuestión si detrás del proceso de municipalización hay algún tipo de estrategia de compensación a los socios privados. ¿Cómo se va a compensar a Empark?”, preguntó Morillas.
Trinidad Hernández, concejala de Movilidad y ahora máxima responsable de Smassa, atribuyó al contenido de la carta la categoría de “especulaciones” que “no se han materializado”. “La concesión es por 25 años, no por 50, no se les ha compensado de ninguna manera, ni presente ni futura”.
“Jamás hemos favorecido al privado. Siempre hemos defendido nuestra posición y respetado los derechos de los privados”, abundó De la Torre, quien aseguró que el único motivo de la municipalización es la eficiencia y una resolución del Tribunal de Cuentas que obliga a que el cobro del aparcamiento en la vía pública lo gestione el propio ayuntamiento.
Respecto a la nueva carta, dice que no la conoce, porque no está en el “día a día” de la empresa, e invitó a Pérez a llamar con él por teléfono (“con el manos libres”) a los privados para preguntarles. “Sirvió para cambiar el voto de los privados y sacar adelante la votación en el Consejo de Administración para construir ese parking no aparece. ¿La habrán ocultado?”, le preguntó Pérez.
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