Una asociación proderechos humanos lleva al juez el desalojo de familias por un grupo de 'desokupas' en Torremolinos

La banda de desokupas que desde el martes amedrentaba y hostigaba a los habitantes de 14 viviendas de un edificio de Torremolinos (recién adquiridas por un nuevo propietario) logró este jueves su objetivo de dejarlo vacío sin esperar a lo que diga un juez. Por la mañana quedaban tres viviendas ocupadas, en dos de las cuales residían familias con menores. A media tarde, la última ocupante abandonó el edificio, sin saber adonde iría. Llevaba diez años allí.

Los desokupas han trazado una estrategia que cuenta con la aprobación de la Policía, que este jueves se desplegó ampliamente en el lugar sin intervenir. Una decena de hombres controlan el acceso al edificio y si alguien sale, aprovechan para cambiar la cerradura de la vivienda e impedirle nuevamente el paso. Los agentes contemplan la situación desde el exterior. Alegan que todo es legal porque, según ellos, se limitan a controlar el acceso al edificio.

En la práctica, lo que ha ocurrido es que una empresa privada de desokupas ha sustituido al juez, único al que la norma reconoce la potestad para ordenar un desalojo. De paso, ha cambiado los procedimientos fijados por la ley por los suyos propios.

En un caso parecido ocurrido en Sevilla, esto ha motivado la rápida actuación de la justicia, restituyendo a los ocupantes y abriendo diligencias para investigar la actuación de los desokupas; en Málaga, está por ver. Hay al menos dos denuncias y, acompañados de abogados de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) algunos afectados acudieron el jueves por la tarde ante el juez de guardia a mostrarle lo que estaba ocurriendo.

Abogados sin acceso

Nadie puede acceder al edificio si no lo autoriza un desokupa. Ni siquiera los abogados de algunos de los ocupantes o representantes de la PAH que han acudido al lugar este jueves. José Cosín, que ha interpuesto una denuncia, intentó llegar por la mañana a la casa de su representada, pero le recondujeron hasta el garaje. Cosín cree que han vulnerado su derecho a contar con asistencia jurídica.

Una abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos tampoco pudo pasar. Una de las opciones que baraja es interponer una denuncia colectiva ante el juzgado de guardia, en vista de la inacción de la Policía. Han recopilado pruebas gráficas de la actuación de los desokupas. La otra, que intentaron materializar durante la tarde, es exponer al juez pruebas de la situación para que, a partir de la denuncia ya formulada, intervenga.

En el edificio vivían al menos cuatro familias con menores, que también están siendo puestas en la calle. Alguna de ellas, como Marisol, explicó a este medio la dificultad de encontrar un alquiler: trabaja, pero sin contrato. Entre lágrimas, contó que a su hijo de quince años le habían golpeado y humillado. Otra, Sukaima, vive con dos menores y está embarazada. Le faltan apenas dos semanas para dar a luz y el martes durmió en el coche, porque no la dejaban regresar a la casa donde vivía desde hace nueve años.

Control de accesos legal, según la Policía

Los desokupas esgrimen que el control de accesos es legal: dicen que, al tratarse los pasillos de una propiedad privada, el dueño decide quién entra y quién no, y para eso han colocado un vigilante de seguridad acreditado en la puerta del edificio. Si algún vecino sale, cambian la cerradura. Los agentes de la Policía han explicado a los activistas que no van a hacer nada para evitar esta situación. “No estoy aquí para discernir quién tiene razón. Yo solo tengo que evitar que nadie se haga daño”, comentaba uno, en pleno ataque de histeria de una chica que asegura haber sufrido una amenaza de violación, y que no podía acceder a la vivienda porque los desokupas se lo impedían.

El agente ha insistido en que poner un vigilante de seguridad en los pasillos es “totalmente legal”. “Les están cambiando las cerraduras y obligando a salir”, le ha espetado una activista. “Eso no es así, están saliendo voluntariamente”, ha replicado el agente, antes de ser llamado al orden por un superior. “Nosotros no estamos para hacer valoraciones”, y la conversación ha terminado.

Los agentes han sido informados de que en el interior del edificio podrían estar cometiéndose delitos flagrantes de amenazas, coacciones e incluso agresiones físicas. Pero estos delitos, según han replicado, son solo perseguibles previa denuncia. Y como las denuncias no se formulan porque quienes siguen en el interior no quieren salir, nadie interviene.

Los desokupas llegaron el martes por la mañana. Según los testimonios recabados, lo hicieron golpeando las puertas con porras e instando a gritos a salir. Desde entonces, han conseguido doblegar la resistencia de todos los ocupantes, que denuncian situaciones de intimidación y violencia explícitas. A las amenazas proferidas el miércoles (algunas de las cuales están documentadas), los ocupantes que quedaban el jueves aseguran que se añadió la de echar la puerta abajo. Los desokupas, por su parte, se catalogan a sí mismo como “mediadores”.

Recorren el lugar, se pasean, discuten con algunos ocupantes o compadrean con algún agente de la Policía, como este medio ha podido comprobar. Alguno tiene tatuada la Cruz de Borgoña, tradicionalmente asociada a la simbología ultra. Pero un agente de policía intentaba persuadir a una activista (que dice haber presenciado un saludo nazi) de que estaba “prejuzgando” a los desokupas.

Desalojo sin advertencia previa

El edificio estaba ocupado irregularmente desde hace once años. La promotora quebró, Unicaja se hizo con él y lo ha vendido recientemente a un propietario, que ha adquirido las 14 viviendas. Nunca ha estado ocupado legalmente por nadie, porque nunca se vendieron a particulares. Ahora, el nuevo dueño tiene prisa: poco después de comprar el edificio decidió desalojar a las familias que lo ocupaban, contratando a una empresa privada, sin advertirlo previamente y a pesar de que ya estaban siendo objeto de procesos legales de desahucio con fecha para juicio, a instancias de Unicaja.

Algunas de las familias llevaban diez años en el edificio. Tenían allí su casa y todas sus pertenencias, aunque todas saben que carecen de título y que acabarán abandonándola. Fuentes conocedoras de la situación legal del inmueble explican que nunca se pudo poner en venta porque carecía de cédula de habitabilidad y de licencia de primera ocupación, y vaticinan un proceso administrativo difícil una vez que culmine, si culmina, la desokupación.