La Invisible ha mostrado este jueves los informes del expediente de desalojo que tramita el Ayuntamiento de Málaga, al que ha acusado de mentir cuando alega motivos técnicos “inexistentes” para “esconder una decisión exclusivamente política”. La orden de desalojo fue notificada a La Invisible el pasado 13 de diciembre, empezando a contar un plazo de 15 días para la salida voluntaria, ampliable ocho días más. Este miércoles los activistas han vuelto a pedir al Ayuntamiento que retome las negociaciones.
Los cuatro informes apuntalan la tesis de que la decisión de poner fin a La Invisible es más política que técnica. Los dos informes firmados por los técnicos son, como mucho, ambiguos. El de Urbanismo admite las deficiencias de conservación del edificio, pero no ve necesario intervenir urgentemente, y el jurídico advierte de los riesgos de activar el desalojo mientras hay un proceso judicial en marcha, por lo que parece decantarse por esperar.
En cambio, los informes firmados por los concejales son más contundentes: la concejala de Cultura parece escandalizada de lo que allí se hace, y el concejal de Urbanismo trata de justificar el interés público de reactivar ahora un proceso de desalojo parado durante años.
Los activistas habían pedido acceder a estos documentos en las distintas reuniones que han mantenido con el concejal, que les había instado (igual que a la prensa) a personarse en la Gerencia de Urbanismo y pedir la vista del expediente completo. Su interpretación es que el Ayuntamiento los ha ocultado.
“Es una decisión política. No hay ninguna postura técnica en los informes que inste al desalojo”, ha apuntado este jueves Amanda Romero, portavoz de La Invisible: “Quienes han mentido no son los técnicos”.
La jefa del servicio de control de actuaciones urbanísticas y el jefe de servicio de patrimonio municipal emitieron un informe jurídico el 13 de octubre, en el que dan dos opciones al Ayuntamiento: una es que, antes de reactivar el desalojo, espere a que se resuelva el procedimiento judicial en el que los activistas reclaman la cesión del inmueble.
Los firmantes advierten de que la otra posibilidad, el desalojo inmediato, choca con una serie de dificultades. Por ejemplo, desalojar sin esperar a la resolución judicial hace que la administración aparezca “en principio, como juez y parte”.
El informe jurídico, que recuerda los acercamientos que ha habido para regularizar la situación de La Invisible y la tolerancia con la situación que a veces ha mostrado el Ayuntamiento, recoge que del expediente “no se infieren situaciones urgentes o extraordinarias” diferentes a las de 2018 y que, si las hubiera, “el procedimiento de desahucio administrativo no es el previsto legalmente para resolverlas”. Y recuerdan que si hubiese algún riesgo se puede adoptar una medida cautelar de cierre. La única novedad, resaltan, es un informe negativo de Cultura.
También advierten de que, al mostrarse ahora inflexible, el Ayuntamiento podría estar yendo contra sus propios actos: la orden de desalojo se firmó en junio de 2018, luego se celebraron reuniones y desde febrero de 2019 el desalojo entró en suspensión. Cambiar esa tolerancia de facto es posible pero exige una justificación “motivada” y “exhaustiva” de cuál es el interés público del desalojo inmediato.
Y advierten: si opta por desalojar, tendrá que pasar por los juzgados para pedir autorización y, previsiblemente, para oponerse a la medida cautelar que pedirían los activistas. Es decir, más lío jurídico.
La otra opción es que, “presumiéndose próxima en el tiempo” la sentencia judicial, “mantener el estado de tramitación actual hasta que se produzca el fallo judicial”. La vista judicial de ese procedimiento estaba prevista para el pasado 16 de diciembre, pero fue suspendida.
Pese a contar con este informe, el equipo de Gobierno aprobó reactivar el desalojo sin esperar la decisión judicial. Fue el propio concejal de Urbanismo, Raúl López, quien apuntaló el interés público de desalojar La Invisible con un informe propio, que responde al informe jurídico. Allí, advierte de la “preocupación creciente” de que se agrave el deterioro del inmueble y este sea inseguro. López siempre insiste en la responsabilidad del Ayuntamiento y suya particular si algo ocurriera. Esto justificaría desalojar ya, para “no dilatar más” la rehabilitación, si bien el Ayuntamiento aún no tiene un proyecto.
En su informe López también señala la “fecha incierta” en la que se dictará la sentencia en el proceso judicial y el posicionamiento del Pleno, que se pronunció a favor de iniciar el expediente de desalojo por una exigua mayoría formada por el PP, la concejala de Ciudadanos y el concejal no adscrito.
Hasta ahora, el Ayuntamiento de Málaga argumenta que tiene que desalojar a los activistas del edificio municipal que ocupan desde hace 14 años para rehabilitarlo, pues no sería seguro. El consistorio citaba un extracto del informe técnico de Urbanismo, en el que se relacionaban algunas deficiencias de “conservación y seguridad”.
En el documento completo de Urbanismo, desvelado el jueves por La Invisible, los técnicos que visitaron el inmueble el 7 de julio también constatan que el estado es “muy similar” al de su última visita en 2018, y que “la situación observada no indica actuación ni ejecución de trabajos de emergencia por parte de este servicio ya que las zonas que presentan algún riesgo se encuentran clausuradas por los técnicos del colectivo”. En concreto, son cuatro salas del centenar que tiene el inmueble.
Los técnicos piden que no se posponga la “rehabilitación integral de las edificaciones”, pero no hablan de una urgencia debido a la falta de seguridad. “Existe una necesidad urgente de rehabilitación”, explicó en su día Raúl López, concejal de Urbanismo. En el informe, los técnicos tampoco descartan la rehabilitación por fases que defiende La Invisible, que presentó en 2016 un proyecto en esa línea firmado por el arquitecto José Manuel López Osorio. “Los técnicos informaron que eso no era posible hacerlo así, y lo que recomiendan es una actuación integral”, señaló López a este periódico el pasado noviembre.
Por último, La Invisible también ha mostrado el informe de Cultura suscrito por la concejala Losada, que abunda en la actividad política del espacio. Es el primero de todos los documentos, y está fechado el 3 de mayo. La concejala estima que, mientras que en sus comienzos La Invisible desarrollaba actividades de “cultura más tradicional, abierta, popular y familiar”, últimamente se ha transformado en un espacio de “intervenciones políticas adornadas de música, charlas, conferencias, talleres, etc, pudiendo considerarse una cooperativa de carácter sociopolítico”. Hace unas semanas La Invisible anunció que a finales de febrero celebrará el congreso 'Multiplicity sobre el futuro de las políticas culturales en Europa', organizado conjuntamente con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el European Institute for Progressive Cultural Policies.
“Todas las actividades englobadas como culturales tienen un enfoque de crítica hacia lo que denominan el modelo neoliberal”, constata. Como ejemplos, la concejala cita la participación en la huelga feminista del 8 de marzo, el patio abierto (“convocatoria abierta todas las semanas al debate entre todos los participantes”), la “filosofía en los bares”, la “mesa redonda sobre el apoyo mutuo en la actual crisis económica” o el “café feminista”, donde se elaboraron pancartas en apoyo de la manifestación. Losada admite que son actividades legítimas, pero cree que hay otros lugares para ellas.
Además, cuestiona el apoyo que La Invisible ha recibido de Manuel Borja-Villel, director del Museo Reina Sofía, y recuerda que el Patio Maravillas o La Ingobernable han sido desalojados. Como alternativas, propone convertirlo en un espacio para “talleres culturales”, instalar allí la sede de la Fundación Mirabal (constructor de pianos de origen malagueño), de la Academia de Ciencias o de la Fundación Pérez Estrada, entre otras posibilidades.
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