Ciudadanos, partido que gobierna en minoría en Mijas (cinco concejales de 25), intentó este viernes sembrar dudas sobre la cualificación del perito judicial informático que está investigando el posible espionaje en equipos informáticos y teléfonos de trabajadores de Mijas Comunicación y concejales del Consejo de Administración del ente público. El alcalde Juan Carlos Maldonado pidió este viernes que el perito paralizase su investigación, propuesta que fue rechazada por el resto de consejeros.
Este viernes a mediodía se celebró una reunión del consejo de administración de Mijas Comunicación, la primera desde que eldiario.es/Andalucía desvelara, este miércoles, que en el curso de la anterior reunión (el 22 de marzo) un perito informático indicó a los consejeros que conversaciones telefónicas y mensajes de whatsapp suyos habían sido registrados y clasificados. Esta información clasificada se había borrado coincidiendo con la salida del anterior director del ente, hace apenas un mes, pero el perito habría conseguido recuperarla. En su exposición, el perito dijo que había visto carpetas de todos los concejales del consejo, a excepción de María del Carmen Carmona, de Ciudadanos.
El perito, Carlos Gil Mauriz, informó verbalmente a los consejeros el 22 de marzo, y avanzó que presentaría próximamente un informe por escrito. Gil Mauriz fue contratado por el consejo de administración de Mijas Comunicación, ante las sospechas del borrado de información. El encargo fue votado por unanimidad de todos los consejeros.
Denuncia por estafa
Este viernes 29 el alcalde Juan Carlos Maldonado y María del Carmen Carmona (ambos de Ciudadanos) se presentaron acompañados de un abogado, que cuestionó la idoneidad de que Gil Mauriz se presentara como “perito judicial” y advirtió del riesgo de que se declarase la nulidad de lo actuado en un hipotético juicio. “Perito judicial es solamente el nombrado por un juez. Desde mi punto de vista usted no es perito judicial y no puede identificarse como tal”, dijo el abogado. A la salida, Maldonado (quien no ha realizado declaraciones públicas estos días) habló de “indicios de estafa” en el trabajo del perito. Después, presentó una denuncia ante la Guardia Civil por estafa, informa Europa Press.
“¿Tiene un mandato judicial que le habilite a llevar a cabo la investigación como perito judicial? ¿Si estuviera actuando de oficio lo ha comunicado al juzgado? ¿Tiene la solvencia técnica para llevar a cabo este trabajo?”, se ha preguntado Maldonado, que ha cuestionado la alarma social generada por las revelaciones. Este jueves el tesorero pidió paralizar la actividad administrativa mientras se aclara el supuesto espionaje.
Gil Mauriz no está actuando por encargo del juzgado, sino del propio consejo de administración de Mijas Comunicación. Se presenta con un carnet y una placa de perito judicial informático, tal y como ha podido comprobar este medio. Consta como administrador de cinco empresas de seguridad informática y aparece en el listado de peritos informáticos de la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos, donde aparecen decenas de técnicos informáticos. Gil Mauriz dijo a los consejeros que está en posesión de un Máster en Informática Forense de la UNED.
La denominación de perito judicial informático es común. Los peritos informáticos son auxiliares en procesos judiciales, ante el carácter técnico de la materia informática, que los jueces no tienen por qué conocer, lo que no significa que haya sido nombrado por un juez para investigar en Mijas Comunicación. Gil Mauriz fue contratado por el consejo de administración.
La oposición critica que Ciudadanos “intente paralizar” la auditoría
Las dudas planteadas por Ciudadanos fueron rebatidas por el resto de partidos políticos con representación en el Consejo de Administración, que tumbaron la propuesta de paralizar la auditoría. Este mismo viernes, el PP presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción ante las sospechas de espionaje relatadas por el perito. Por su parte, Francisco Martínez, concejal de Costa del Sol Sí Puede, señala que “se ha vivido una sesión esperpéntica con acusaciones entre el perito, el alcalde y el abogado del alcalde que no sé muy bien qué hacía allí”. “Los intentos de desacreditar al perito son cuanto menos, sorprendentes y nada propio de una fuerza que viene a regenerar”, señala Martínez.
Por su parte, el PSOE denuncia que Maldonado “intenta paralizar” la investigación. “Nos hemos sorprendido de que tanto Maldonado como Carmona hayan intentado que el perito no siga investigando para saber la verdad sobre el presunto espionaje a trabajadores y concejales de la empresa”, dicen desde el PSOE. “Es necesario averiguar todo lo ocurrido porque la información que se nos ha adelantado entendemos que es muy grave. Hay que dejar trabajar al perito y que la auditoría se termine con todas las garantías”.
En el curso de la reunión en la que informó del posible espionaje, el perito deslizó que había podido ver información almacenada concerniente a un concejal “delicada” que podría implicar la comisión de un delito. También señaló que un trabajador sospechoso de manipular los equipos informáticos le había informado de que tenía “material de sobra para denunciar al alcalde”. Sin embargo, advirtió de que no había podido comprobar aún el contenido de los 831 gigabytes borrados y recuperados, y pidió una ampliación del trabajo encargado, que se le concedió. Ciudadanos se opone ahora a que el perito continúe el trabajo.