Un municipio de Málaga votará a quince días de las elecciones una moción de censura interrumpida hace dos años
Probablemente, Alhaurín el Grande estrenará alcaldesa a quince días de las elecciones. Si se cumple lo que ha ordenado un juez, el Pleno votará este sábado la moción de censura que no se pudo votar el 25 de enero de 2017, en la que se proponía como nueva alcaldesa a Teresa Sánchez (IU), que contaba con el apoyo de once de los 21 ediles. El intento de desbancar a Antonia Ledesma, todavía alcaldesa (Por Alhaurín, y ahora candidata del PP), se frustró gracias a un informe de última hora, y derivó en una ruidosa bronca. El Pleno se suspendió entre gritos y sin que se celebrase la votación; y empezó entonces una batalla judicial cuyo fin está (provisionalmente) previsto para este sábado.
Más de dos años después del Pleno interrumpido, y tras una larga peripecia judicial, un juez ha ordenado que se celebre sin demora la moción de censura. Ha sido necesaria una sentencia, dos solicitudes de aclaración, varios informes del fiscal, un auto de ejecución y un ultimátum del juez al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande para que se vote la moción de censura interrumpida el 25 de enero de 2017.
Aquel día, once concejales de Alhaurín el Grande (25.000 habitantes) habían llegado al salón de Plenos dispuestos a investir como alcaldesa a Teresa Sánchez y desbancar a Antonia Ledesma, mano derecha del condenado Juan Antonio Martín Serón. Los proponentes de la moción eran los cuatro concejales del PSOE, cuatro de Alternativa Socialista Alhaurina, dos de IU y una del Partido Popular, María Fernández Conejo. Por su parte, Ledesma contaba con sus nueve concejales de la agrupación local Por Alhaurín, constituida después de que fueran expulsados del PP tras la sentencia que inhabilitó a Martín Serón.
María Fernández Conejo, la concejala del PP, había anunciado que votaría en contra del criterio de su partido para desbancar a Ledesma de la alcaldía, y el PP provincial había iniciado los trámites para expulsarla. Partiendo de su consideración como tránsfuga, dos días antes de la moción, la secretaria municipal emitió un informe que establecía que la notificación de la suspensión cautelar de militancia a Fernández Conejo activaba el pacto antitransfuguismo e impedía la votación.
Llegado el día del Pleno, la mesa de edad debía decidir si se votaba o no, pero ya no fue posible. Sus dos miembros (Francisco Guerrero, de Por Alhaurín, y Marina Maldonado, del PSOE) se enfrascaron en una discusión sobre quién debía presidir la mesa en un salón abarrotado de público. Decidieron entonces hablar a la vez, sin mirarse o escucharse, aunque estaban a centímetros uno del otro. “¡No me toques!”, llegó a decirle ella a él.
Aquello derivó en un guirigay que acabó con los concejales de Por Alhaurín y la secretaria abandonando el Salón de Plenos, después de que Guerrero se arrogara la facultad de levantar la sesión. El espectáculo se resume en una escena: entre el público, cuatro mujeres sostenían coordinadamente un “noooooooo” que sólo pausaban para respirar.
El juez advierte de un posible delito de desobediencia
Los proponentes de la moción de censura, que se quedaron con la palabra en la boca, llevaron el asunto a los tribunales, y el 23 de octubre de 2018 el juzgado de lo contencioso-administrativo 6 de Málaga concluyó que se había vulnerado el derecho fundamental al ejercicio de cargo público (artículo 23 de la Constitución) y que la moción de censura debía continuar, “limitándose a comprobar la concurrencia de los once concejales suscribientes (...) y que el número de los mismos alcanza la mayoría absoluta necesaria prevista”.
Para el juez, no hay transfuguismo tal y como lo define la ley, porque Fernández Conejo no estaba integrada en el partido de la alcaldesa (Por Alhaurín), y por tanto podía decantar su voto como quisiera.
Desde entonces, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ha demorado el cumplimiento, según el propio juez, que ha constatado la “escasa por no decir nula buena fe procesal”, y el intento de alterar el sentido de su sentencia y “ralentizar” la ejecución. La sentencia está recurrida, pero debe ser ejecutada provisionalmente: es decir, la moción de censura debe votarse.
“Imagínese, la fecha en que estamos desmantelar un Ayuntamiento...”, protesta Antonia Ledesma, actual alcaldesa. “A estas alturas lo único que se pretende es incidir en el resultado electoral”, añade. En cambio, para Teresa Sánchez la votación de la moción antes de las elecciones es la única forma de restituir los derechos fundamentales de los concejales y cumplir con el mandato del juez. “Desde enero de 2017 deberíamos estar gobernando”, señala. Sánchez cree que en 15 días hay tiempo para “sentar determinadas bases” y anticipa que si prospera la moción celebrará encuentros con sindicatos y asociaciones, y avanzará en transparencia.
Ledesma opina que la moción es el resultado de la unión entre “tres grupos y una concejala tránsfuga, que se unieron sin respetar los principios democráticos mínimos”, pero anticipa que en esta ocasión la moción se votará y cree que saldrá adelante: “La última providencia del juez es clara: que se mantenga el día 11 y que no se interrumpa en ningún caso. No existe por nuestra parte ningún problema procedimental. Se comprobará que están todos los miembros, que cumplen los requisitos y se votará”.
Sin embargo, ni el propio juez descarta que la moción derive en un nuevo altercado: la sentencia recoge que en el Pleno del sábado se dará la palabra “durante un breve tiempo” [subrayado y en negrita en la sentencia] a Teresa Sánchez, a Antonia Ledesma y a los portavoces de los grupos municipales, “debiendo seguidamente” [subrayado y en negrita en la sentencia] votarse la moción de censura.
Tan poco se fía el juez que ha pedido al secretario municipal de que le informe por fax del comienzo del Pleno, y ha advertido de que, si no se celebra la votación, pedirá a la Fiscalía que dictamine si hay un delito de desobediencia.
