La investigación de la muerte del migrante de Archidona se acerca a su final por el “extravío” de un documento
La investigación judicial por el fallecimiento del argelino Mohammed Bouderbala en la cárcel-CIE de Archidona a finales de 2017 sumó este lunes tres nuevas declaraciones testificales, que pueden ser las últimas. A pesar de que la abogada de la familia había solicitado nuevas diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Bouderbala, es probable que no lleguen a practicarse. La razón es que la petición del fiscal para que se ampliase el plazo de instrucción se extravió y no llegó al juez, que desestimó el 3 de julio la posibilidad de practicar nuevas diligencias no acordadas hasta ahora.
El propio fiscal desconoce qué ocurrió para que su petición no se uniera a la causa. En un escrito remitido al juzgado el pasado 22 de julio señala que no se pueden practicar nuevas diligencias al no haber sido declarada la complejidad de la causa, “sin que conste unido al procedimiento” el informe en el que el propio fiscal solicitaba esa declaración, “por causas desconocidas motivadoras del extravío”. El fiscal asegura que el 31 de octubre de 2018 pidió que se declarara la complejidad de la causa, ampliando el plazo de instrucción a 18 meses, y que así consta en el sistema de registro de la aplicación informática que utiliza la Fiscalía.
Sin embargo, este escrito no llegó al juzgado, que desestimó nuevas peticiones por estar fuera de plazo. De esta forma, quedan nuevamente descartadas las diligencias que habían solicitado las acusaciones, ejercidas por la familia, IU, Andalucía Acoge y Podemos. En enero de 2018, el juez archivó la investigación al entender que se trató de un suicidio sin participación de terceros. Lo hizo basándose exclusivamente en el atestado policial, un par de horas después de que la familia se personase en la causa y sin practicar ninguna de las diligencias que las acusaciones habían solicitado. Poco después la Audiencia Provincial ordenó reabrir la causa, que ahora podría verse abocada a un nuevo cierre.
“Es una auténtica barbaridad”, protesta Amanda Romero, abogada de la familia, que había propuesto nuevas testificales a raíz de la declaración del director del centro. La abogada opina que las diligencias acordadas y practicadas hasta ahora son “absolutamente insuficientes” para valorar las posibles irregularidades en el funcionamiento del CIE, lo que ocurrió lo aquel día y en la asistencia médica que se prestó a Bouderbala.
Arantxa Triguero, abogada de Andalucía Acoge, cree que no está descartado que se solucione el aparente error, y se abra nuevamente la puerta a practicar nuevas diligencias, si el juez las estima necesarias. Triguero asegura que observó buena predisposición en el juez.
Un protocolo antisuicidios “no preventivo”
Aunque ordenó reabrir la causa, la Audiencia Provincial ya había cerrado la vía a investigar posibles delitos contra la integridad moral de los internos y si estaba justificado su encierro, salvo que de las declaraciones se desprendieran nuevos indicios. De esta forma, se vedó el acceso de las acusaciones a las grabaciones del comedor y del patio, o a las declaraciones de internos que permitieran valorar la proporcionalidad de la medida de aislamiento a la que fue sometido, entre otros, Mohamed Bouderbala. Se trataba tan sólo de investigar las circunstancias del posible suicidio.
En cambio, la Audiencia Provincial sí ordenó al juzgado que interrogase a los agentes que ingresaron a Bouderbala en la celda y a los profesionales médicos que le atendieron antes de que se le aplicara esta medida correctiva. Con estas declaraciones se trataba de determinar si Bouderbala sufría una inestabilidad emocional que pudiera ser indicativa de un riesgo de suicidio. Según Romero, Bouderbala fue atendido hasta en tres ocasiones y llegaron a prescribírsele tranquilizantes, que habría rechazado.
El juez, que ha cambiado recientemente, oyó a los últimos testigos este lunes, después de que las declaraciones se suspendieran el pasado febrero. Según Amanda Romero, de esas declaraciones se deduce que el centro no elaboró una historia clínica de los internos previa entrevista, y que la primera asistencia a Bouderbala se realizó, como era habitual, sin traductor, lo que podría revelar una falta de prevención ante conductas suicidas. “No podía haber asistencia efectiva porque no se podían comunicar con el paciente”, resalta la abogada, que cree que también ha quedado claro que el protocolo antisuicidios no era preventivo, y sólo se activaba ante intentos de autolisis.
Con estas declaraciones se agotan todas las diligencias acordadas, aunque el juez aún debe resolver si toma nuevamente declaración al médico que certificó la muerte. En su día, esta declaración se prestó por videoconferencia con muchos problemas, y el video apenas es audible.
