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La proposición de ley de Adelante Andalucía para incluir las gafas para menores en el paquete de prestaciones gratuitas del Servicio Nacional de Salud (SNL) -además de ajustar su precio al nivel de renta de los adultos- ha recibido este martes el informe favorable del Consejo de Gobierno. La norma, por tanto, vuelve ahora al Parlamento andaluz para ser debatida y votada con el aval de la Junta y la mayoría absoluta del PP de Juan Manuel Moreno.
Es la primera vez en el año largo que va de legislatura que el Consejo de Gobierno andaluz da el visto bueno a una iniciativa legislativa de la oposición. El portavoz de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, confirmó que están a favor de la gratuidad de las gafas y las gafas para niños y de subvencionar su coste para adultos en función de la renta, pero acto seguido ha advertido de que apoyará la medida de los andalucistas “siempre que” el Gobierno central “transfieran los recursos plurianuales a las comunidades autónomas para poder financiarla”.
El posicionamiento favorable del Gobierno de mayoría absoluta de Moreno ante una propuesta legal del partido de Teresa Rodríguez no es una novedad en este mandato. El presidente de la Junta ha hecho continuos guiños al grupo mixto Adelante Andalucía -con sólo dos diputados en la Cámara- trazando paralelismo con el PP y su discurso andalucista. “El suyo y el mío son los dos únicos grupos en este Parlamento que tienen autonomía política e independencia en la toma de decisiones respecto a Madrid”, le espetó recientemente Moreno al portavoz de Adelante, el diputado José Ignacio García.
La fórmula que han elegido los andalucistas para tramitar su proposición de ley facilita el apoyo del Gobierno de Moreno, en tanto que no compromete el Presupuesto autonómico, sino el estatal. García ya propuso esta medida, a viva voz, en un cara a cara con el presidente de la Junta y éste mostró cierta receptividad.
Adelante se sentó a negociar con la Consejería de Presidencia y, el mes pasado, el grupo mixto registró su proposición de ley, que implicaba ampliar la cartera de prestaciones gratuitas en el conjunto del Estado -a petición del Parlamento andaluz- y no solamente en el área de óptica y optometría del Servicio Andaluz de Salud (SAS), como inicialmente había planteado García a Moreno.
Un atajo en el Estatuto para debatir en Madrid
El artículo 87.2 de la Constitución española reconoce a los parlamentos autonómicos la facultad de iniciar leyes estatales. Ese artículo tiene una réplica en el Estatuto andaluz (art. 106.9) y en el reglamento del Parlamento andaluz (art. 172). Adelante Andalucía se ha servido de este precepto para llevar al Congreso de los Diputados su proposición de ley, previo debate y votación en la Cámara autonómica [previsiblemente en el mes de marzo].
No es la primera vez que se usa este artículo en el Parlamento andaluz, hay 31 precedentes desde 1983, confirman fuentes de la institución. La última vez tuvo lugar en la pasada legislatura, en 2019, cuando el PSOE registró una proposición de ley a tramitar ante el Congreso para reconocer la gratuidad y universalidad del primer ciclo de Educación Infantil.
García ha explicado que su decisión de tramitar la proposición a través del Congreso y con el Gobierno de Sánchez como principal interlocutor tiene una motivación clara: “Si se lo pido a la Junta no me lo van a dar alegando que no tienen dinero”. También aporta una explicación técnica: la Junta tiene competencias para ampliar su cartera de prestaciones a través de un decreto [que sería la vía más rápida], pero Adelante no puede impulsar un decreto en el Parlamento.
Y el portavoz de la Junta ha dejado claro este martes que Andalucía apoya la medida “siempre que” la financie el Gobierno de Sánchez. “Si se lo planteamos a Madrid como parte de la cartera de prestaciones del SNS, la iniciativa saldrá aprobada del Parlamento andaluz por unanimidad”, augura el portavoz andalucista.
Al convertir una exigencia al Gobierno andaluz en una proposición de ley dirigida al Congreso, Adelante Andalucía gana espacio mediático y visibilidad nacional, algo que le permite refrendar una de sus consignas, a saber: que no hay una fuerza de obediencia andaluza en la Cámara Baja que defienda los intereses de esta comunidad, como sí tienen otros nacionalismos (catalán, vasco, gallego o valenciano).
El artículo 172.3 del reglamento de la Cámara establece que serán tres diputados -elegidos por mayoría absoluta en el Pleno- los designados para defender la ley en el Congreso. Tampoco está asegurado que el autor material de esta iniciativa sea quien finalmente protagonice el debate en Madrid, aunque todos los precedentes apuntan a que sí será así.
Prestaciones complementarias
El grupo andalucista ha diseñado su proposición de ley partiendo de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del SNS. Los artículos 7 y 8 regulan el catálogo de prestaciones de la sanidad pública y la cartera común de servicios en el conjunto del Estado. Esta última se subdivide en tres categorías: la cartera común básica de servicios asistenciales; la cartera común suplementaria y la cartera común de servicios accesorios.
La primera está cubierta en su totalidad por la financiación pública en todas las comunidades autónomas; la segunda son prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria y están sujetas a aportación del usuario -que deben abonar una parte del gasto- y que incluye la prestación farmacéutica, la ortoprotésica y los productos dietéticos; la tercera cartera, de servicios accesorios, incluye servicios que “no se consideran esenciales”, “de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónica”. Aquí el usuario paga una aportación o reembolso. Las comunidades autónomas pueden añadir a esta cartera servicios que no están recogidos en el catálogo financiado por el Sistema Nacional de Salud.
Adelante Andalucía plantea incluir la gratuidad de gafas y lentillas para menores en la cartera común de servicios complementarios, a la misma altura que las prestaciones ortoprotésicas, farmacéuticas y de productos dietéticos.