Han pasado 30 días desde la entrada en vigor de la bajada generalizada de impuestos en Andalucía, una reforma fiscal que el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, anunció en Madrid para promocionar el futuro “liderazgo económico” de su comunidad en el conjunto del país, en competencia directa con Madrid y Cataluña.
El pasado 20 de septiembre, la sequía ya era reconocida por todas las administraciones como un problema económico de primer orden, pero ha sido este jueves cuando el presidente andaluz ha admitido, a las claras, que la economía andaluza entrará en recesión por la falta persistente de agua, un elemento capital para los dos puntales del PIB regional: el sector agroalimentario y el sector turístico. “¿Qué hacemos con el turismo, porque el turismo querrá venir y tener piscinas, jardines, campos de golf y duchas? ¿Y qué hacemos con nuestro potente sector agroalimentario, y con la industria o nuestros servicios, que consumen agua?”, se ha preguntado Moreno este jueves durante un acto en Ardales (Málaga).
No es la primera vez que Moreno enciende las alarmas por la falta de lluvia, pero es llamativo el cambio brusco en el registro del presidente de la Junta respecto al discurso triunfalista que pronunció en Madrid hace un mes, reiterado desde entonces en el Parlamento andaluz y en diversos medios de comunicación. “Andalucía puede liderar el crecimiento económico de España”, dijo hace una semana en la Cámara, parafraseando al presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, en su reciente visita al Palacio de San Telmo.
El PP andaluz, crecido tras su mayoría absoluta en las elecciones del 19 de junio, presenta una Andalucía “con una nueva imagen reputacional”, capaz de “liderar el debate político y económico” del país. Es una referencia directa a la reforma fiscal lanzada por Moreno hace un mes -encabezada por la supresión del impuesto sobre Patrimonio para las 20.000 rentas más altas de la comunidad-, que ha agitado el debate tributario en otras comunidades gobernadas por el PP y el PSOE, y empujado al propio Gobierno de España a reaccionar con una especie de contrarreforma fiscal.
“Ambición” y “liderazgo potencial”
Moreno ha salido exultante de este debate, imponiendo su agenda a los socialistas y captando todos los titulares durante días. Pero los datos socioeconómicos de Andalucía no han cambiado de la noche a la mañana, la oposición le ha recordado en el Parlamento que Andalucía sumó en septiembre su cuarto mes consecutivo de subidas del paro, un problema estructural que sufre el 18% de la población activa, y que 25 de los 30 municipios de rentas más bajas de España son andaluces, según la última encuesta publicada por el Instituto Nacional de Estadística.
El presidente andaluz se ha aferrado a su “ambición” para vislumbrar una Andalucía de futuro, pero en todo ese tiempo no ha dejado de hablar de la sequía como elemento más desestabilizador de sus planes económicos. Ha sido una constante desde que empezó la legislatura, hace cuatro meses, y la llegada del otoño con temperaturas propias de verano y la escasez de lluvias ha hecho que Moreno, finalmente, exponga la previsión económica más cruda.
Pero el líder popular ha admitido este jueves que la actividad económica puede sufrir un retroceso latente y entrar en recesión, esto es, que se registren dos trimestres consecutivos de PIB en negativo. “En Andalucía estamos poniendo las bases para que no entremos en recesión a pesar de todo lo que está pasando en el conjunto del país y en el conjunto internacional con la guerra, pero hay una cosa que nos lleva a la recesión de cabeza: la sequía”, ha advertido.
La advertencia sobre un posible escenario inminente de recesión en Andalucía llega en un momento crítico: la semana que viene, la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, debe llevar al Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley de Presupuestos Autonómicos para 2023, que Moreno ya se ha aventurado a describir como expansivos: 45.500 millones de euros, casi 5.000 millones más que el último presupuesto en vigor, gracias a la potente inyección de fondos europeos.
La Junta ha criticado duramente al Gobierno de Sánchez por diseñar unas cuentas para el año que viene con una previsión de crecimiento del PIB del 4,4%, por encima de las estimaciones del Banco de España y de la Airef y de otros organismos internacionales, que son más pesimistas. Sin embargo, cuando se le ha preguntado sobre el cálculo de crecimiento de la economía andaluza que la Junta incluirá en su proyecto presupuestario, la estimación ha sido igual de optimista. “Nosotros trabajamos con los números que nos da el Gobierno”, advirtió el pasado martes el portavoz Ramón Fernández-Pacheco.
Turismo, agricultura y servicios
La economía andaluza se sostiene, principalmente, sobre dos pilares: el sector turístico (13% PIB regional) y el agroalimentario (10,5%). Juntos representan casi una cuarta parte de la creación de riqueza en la comunidad, y ambos sectores son fuertemente dependientes del agua. “Nuestro sistema productivo depende mucho del agua, más que el de otras comunidades”, ha reiterado insistentemente Moreno en las últimas semanas.
Quien ha querido entenderlo, lo ha entendido. Mientras el presidente andaluz ensalzaba las fortalezas “potenciales” de su territorio, acrecentadas por el nuevo vehículo de captación de inversiones y rentas altas que traerá su reforma fiscal, Moreno no ha dejado de poner el acento en la falta de infraestructuras hídricas dependientes del Gobierno de España, una línea de reivindicación que ha ido explotando en paralelo.
En la clausura del congreso del PP de Sevilla, el dirigente popular llegó a vincular ambos escenarios, esto es, la exaltación de haber prescindido de 900 millones de ingresos tras su sexta bajada de impuestos -“dinero que se queda en el bolsillo de los andaluces”, insiste- y la reclamación, allí mismo, de hasta mil millones de euros al Gobierno de Pedro Sánchez para construir y modernizar infraestructuras hidráulicas con las que hacer frente al problema de la sequía. “¡Pongan el dinero! ¡Pongan el dinero! ¡Pongan el dinero de una vez por todas, que nos morimos de sed!”, gritó en aquel acto, muy aplaudido por los suyos.
Este jueves, Moreno se ha alejado de su discurso triunfalista, mostrando una imagen de su región claramente dependiente de factores climatológicos. “Ojalá llueva”, ha dicho“, ”pero Andalucía debe prepararse para un cambio climático que está llegando. Nuestro sistema productivo tiene que adaptarse a ese cambio y eso necesita de un esfuerzo coordinado de todas las administraciones“, en referencia a la Administración de Sánchez.
El Ejecutivo central tiene competencias sobre el 67% de las cuencas de Andalucía. La escasez de aguas y la falta de infraestructuras hidrológicas estructurales se ha convertido en el nuevo pulso entre Gobierno y Junta, entre PSOE y PP, con los Presupuestos Generales y las cuentas andaluzas de fondo.
Cambio climático
El presidente de la Junta ha lanzado un órdago a Sánchez comprometiéndose a igualar la partida que ellos dispongan para construir las infraestructuras hidráulicas necesarias. “Pondremos el mismo dinero, pagaremos el 50%, aunque no sean de nuestra competencia”, dijo hace unas semanas. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha devuelto la crítica, afeando a Moreno que no haya ejecutado 17 obras hidráulicas declaradas por la Junta de “interés autonómico” en 2020, aún por terminar.
En el último Pleno, el pasado jueves, el dirigente socialista llevó consigo unos datos comparando la inversión del Gobierno de Sánchez en materia hidrológica en Andalucía con la del anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy. El plan hidrológico nacional del actual Gobierno -2022-2027- contabiliza 3.800 millones de euros, 1.400 millones más que los presupuestados por Rajoy en el marco 2016-2021, que ascendieron a 2.392 millones de euros.
La Junta niega categóricamente estos datos y reprocha al Gobierno actual que en su proyecto de Presupuestos Generales para 2023, la inversión hídrica para Andalucía haya caído un 12%, pese al grave problema de sequía que padece el país. En paralelo, el grupo parlamentario Vox ha registrado en la Cámara una propuesta para reformar la Ley andaluza contra el Cambio Climático, pidiendo la inclusión del término “soberanía energética” como un concepto que, en teoría, habilita a España a ser un país autosuficiente, al margen del mercado común europeo y las directrices de economía sostenible de la agenda 2030.