El silencio táctico del Gobierno de Pedro Sánchez y de la dirección federal del PSOE respecto del pacto fiscal con ERC para Catalunya busca no dañar la investidura de Salvador Illa, pero ha regalado al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, el monopolio de un espacio político estratégico en esta comunidad.
La federación socialista más numerosa se ha plegado a esa estrategia del partido, ha optado por dar “un voto de confianza” a un preacuerdo con los independentistas que esboza la soberanía fiscal para Catalunya, pero no oculta su “inquietud y preocupación” por la “violenta contraofensiva” que ha activado Moreno: el agravio del Gobierno central a Andalucía y los privilegios para los catalanes , un marco mental en el que se ha cimentado la realidad política andaluza desde el inicio del proceso autonómico.
El presidente de la Junta se ha servido del concierto fiscal catalán para zamarrear al socialismo andaluz, que en estos días se ha metido sin ayuda de nadie en una crisis interna por el control del partido y su candidatura para las elecciones de 2026.
Moreno ha usado ese acuerdo como palanca para horadar en la herida del PSOE andaluz, poniendo el foco de presión, no en su líder, el secretario general Juan Espadas, sino en la ministra de Hacienda y número dos de Sánchez en el partido, la sevillana María Jesús Montero.
Todo el socialismo andaluz, el oficial y el crítico, aguarda expectante la primera valoración sobre el concierto catalán de Montero, que lleva una semana en silencio y sin agenda pública. Hasta hace unos días, la ministra andaluza rechazaba tajantemente que el PSOE fuera a claudicar con la cesión del 100% de los impuestos estatales a Catalunya, y menos con un cupo que desmonta la arquitectura financiera del país.
Los críticos con Juan Espadas no han llegado a la frontera de postular una candidatura alternativa del PSOE andaluz para las elecciones de 2026, porque ni siquiera se ha abierto el calendario congresual. Pero confían en que la brecha interna que se abrió hace unos días siga creciendo hasta que “fuerce a Ferraz a reaccionar y solucionar el papelón de Andalucía”.
Montero, la esperanza de los críticos
La 'solución Montero' es la apuesta por el nombre de más peso en el Gobierno y en el PSOE federal para enfrentarse a Moreno dentro de dos años y tratar de recuperar Andalucía, otrora bastión socialista y hoy uno de los fueros más fieles al PP, donde gobiernan con mayoría absoluta.
Moreno ha aplazado hasta los últimos días de agosto una crisis de Gobierno en la que desplaza a las consejeras más cuestionadas -Salud y Educación- y coloca al frente, en la portavocía, a la responsable de Hacienda y némesis de la ministra Montero, primero en el Congreso (cuando era diputada) y luego en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La intención indisimulada es centrar todos los esfuerzos del Gobierno andaluz y del PP regional en atacar a Sánchez por la vía de la financiación autonómica, la reclamación machacona de una “deuda” de 1.500 millones de euros al año, y el sempiterno alegato andalucista frente a las “prebendas al independentismo catalán”.
Es la principal tarea que ha encomendado a Carolina España, nueva portavoz, que se estrenó el martes con esa misma declaración de intenciones, un discurso apocalíptico contra el preacuerdo con ERC, pese a que aún “no lo había leído”. “Se están socavando los pilares de la democracia. Este acuerdo haría saltar por los aires la Constitución, sería un atropello a los derechos de los ciudadanos y de otras comunidades. Sería un atentado”, dijo el martes, tras la primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno, que aprobó dos recursos seguidos en los tribunales contra Sánchez (uno ante el Supremo, por no convocar la Conferencia de Presidentes Autonómicos en el plazo establecido; y otro ante el Constitucional, contra la Ley de Amnistía).
Esa misma tarde, Moreno despidió el curso político con un duro discurso ante el Comité Ejecutivo del PP andaluz, donde incidió en sus críticas al pacto fiscal con los independentistas, centrando el tiro hacia el PSOE-A y, más concretamente, hacia la ministra Montero.
El barón popular reconoció la legitimidad de ERC y Junts para defender el concierto catalán -“ellos están en su papel”, pero cargó contra la ministra de Hacienda, que siendo consejera andaluza defendió un modelo de financiación basado en la solidaridad interterritorial y beligerante al denunciar la “infrafinanciación” de su comunidad.
“Quien le ha dado al botón de la concesión no ha sido un independentista, sino una socialista, una vicepresidenta, que es andaluza para más señas, que además es ministra de Hacienda, yes la que permite la independencia fiscal de Cataluña”, gritó Moreno, ante un público de dirigentes populares que respondió con gritos de “traidora”. A partir de ahí, todos los consejeros y dirigentes del PP andaluz se han abalanzado sobre María Jesús Montero: “La gran traición de una andaluza a Andalucía”.
Montero fue consejera de Hacienda en el Gobierno de Susana Díaz durante cinco años, antes de dar el salto al Ministerio del ramo. Su último legado fue la primera propuesta de una comunidad de reforma del modelo de financiación autonómica, caduco desde 2014, que fue avalado por amplia mayoría del Parlamento andaluz, incluido el voto del PP de Moreno, entonces en la oposición.
Ese texto proponía un ampliar en 16.000 millones de euros los fondos que el Estado destina a las comunidades, 4.000 millones para una Andalucía “infrafinanciada”. La propuesta contemplaba aumentar el porcentaje de cesión de impuestos estatales a las comunidades, como el IRPF y el IVA, vinculados al fortalecimiento de los servicios públicos (sanidad, educación, dependencia...)
En este punto podría aproximarse al preacuerdo del PSC con ERC, pero en ningún caso la fórmula de Montero planteaba una cesión total y mucho menos un concierto para Catalunya. El rediseño del modelo que defendió Andalucía, con la hoy ministra al frente, siempre se mantuvo pegado al principio de igualdad y solidaridad interterritorial.
Sobre esta contradicción cabalga hoy la dirigente sevillana. “Está tranquila, porque ella conoce mejor que nadie los límites reales, técnico, legales y jurídicos del acuerdo”, dice uno de los pocos dirigentes del PSOE-A que ha hablado con ella, pero añade: “Le preocupa el desgaste político porque sabe que Moreno lo va a explotar”.
“La última cesión al independentismo ha sido la soberanía fiscal en Cataluña, que no la conocimos por la boca de la ministra de Hacienda, andaluza, ni por la portavoz del Gobierno, sino por la líder de Esquerra Republicana, prófuga de la justicia, hoy amnistiada”, insistió el presidente de la Junta ante sus compañeros de partido el pasado martes.
Moreno ha agitado una y otra vez el puño y la rosa del PSOE andaluz, cada vez que se ha enfrentado a su líder en el Parlamento. El discurso del barón popular apela a “otro socialismo”, el “socialismo histórico”, buscando grietas en el partido rival, capaz de contestar y enfrentarse al “sanchismo”, en alusión al Gobierno central. “¿Dónde están las agrupaciones locales del PSOE? Aspiro a que los socialistas íntegros se activen. ¿Por qué estamos hipotecados por un solo habitante de España, Pedro Sánchez?”, volvió a preguntar.
Casi unanimidad en el PSOE
La ejecutiva federal del PSOE se reunió ese mismo martes para abordar el preacuerdo con ERC, del que ningún dirigente autonómico -salvo Illa- conocía ningún detalle hasta ese momento. Espadas había sido el primer barón territorial en comparecer ante la prensa, por la mañana. “Un acuerdo para Catalunya no puede perjudicar a Andalucía. No voy a permitir ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía. Esto es de primero de Catón. Quiero para Andalucía todo lo bueno que haya en el acuerdo para Cataluña. La línea capital de defensa de Andalucía, siempre dentro de la Constitución, es que esté garantizada la financiación justa de las competencias autonómicas que sustentan el Estado de derecho”, había dicho Espadas.
El líder del PSOE-A adelantó un mensaje de cautela, porque ni había recibido información directa de la dirección federal del partido ni de la ministra de Hacienda. Aun así, Espadas marcó la línea roja del debate de financiación, la misma que defendía antes de que ERC anunciara ayer el preacuerdo. “Tengo plena confianza en que, con este Gobierno, esté preservado el interés general de todos los ciudadanos y todos los territorios por igual”, aseguró, tras pedir para Andalucía “todas las cuestiones que la Generalitat pueda conseguir con su Estatuto de Autonomía, en las mismas condiciones”.
El también portavoz socialista en el Senado precisó que “una cosa es poder recaudar los impuestos y otra la capacidad de decidir adónde se destinan los fondos”. “Si el acuerdo tiene incidencia para Andalucía, no vamos a permanecer callados ni unos vamos a marchar de vacaciones”, remachó.
Horas después, votó a favor de la aprobación de la resolución de la Ejecutiva del PSOE, que apoyó casi por unanimidad el acuerdo ERC-PSC (hubo una abstención). “Hemos dado un voto de confianza al acuerdo porque en él se expresa explícitamente que no puede ir contra la solidaridad territorial sino que debe garantizarse en el conjunto de comunidades”, explicó a este periódico.
Espadas, como la mayoría de barones del PSOE, pone todas sus esperanzas en que la persona que pilote ese acuerdo con los independentistas sea Salvador Illa una vez sea investido presidente de la Generalitat. “Eso da a nuestro juicio garantías al cambio de modelo de financiación que supone este acuerdo y que nosotros solo podemos apoyar en la medida que se asegure la solidaridad interterritorial y la igualdad en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos vivan donde vivan”, dijo.
El equilibrio difícil del PSOE-A
El líder del PSOE andaluz ha instado, sin éxito, al presidente de la Junta para abordar una revisión del Estatuto de Autonomía con la que poder exprimir las competencias que no están desarrolladas. Una de ellas, de hecho, es el consorcio mixto del que se han servido los independentistas catalanes para esbozar una soberanía fiscal en su preacuerdo con el PSC.
“Las aspiraciones de Cataluña de agotar las previsiones de su Estatuto deben ser compatibles con las nuestras y con nuestras singularidades que el actual modelo de financiación no asegura. Eso es responsabilidad del Estado y ahí no tengo dudas que estará preservado siempre por un gobierno socialista. Hay que hacer mucha pedagogía porque el agravio territorial la derecha lo ha instalado en el relato fuertemente”, sentencia Espadas.
Efectivamente, el nuevo marco de debate que ha propiciado el preacuerdo sobre Catalunya no tardó en volverse como un boomerang contra el socialismo andaluz, donde los críticos cargaron contra Espadas, casi a la vez que Moreno hacía un llamamiento a la rebelión interna: “Espero que Juan Espadas, mi secretario general en el PSOE-A, y María Jesús Montero, mi vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, nos expliquen en qué beneficia a Andalucía la ordinalidad y si los niños/as andaluzas van a tener educación gratuita porque es su derecho o por solidaridad catalana”, dejó escrito en su cuenta de X (antes Twitter) el socialista Luis Ángel Hierro, rival de Espadas en las últimas primarias.
Voces críticas dentro del PSOE andaluz se lamentan de la falta de relato para rebatir los ataques de Moreno en torno al acuerdo con ERC y las denuncias de que “se rompe la caja única”. Espadas defiende que el socialismo ha dado un paso más hacia el modelo federal del país, ya esbozado por el partido en la Declaración de Granada.
“Este acuerdo provoca un cambio del modelo de financiación autonómica en los parámetros que hasta ahora venían trabajándose y ahí Andalucía debe exigir una negociación en los mismos términos que hace Cataluña, porque con en el Estatuto en la mano podemos salir igualmente beneficiados respecto a la situación anterior”, concluye.
Volver a la declaración de Granada
En su balance de los ocho primeros meses de la legislatura ante los medios, el presidente del Gobierno esquivó todos los intentos de la prensa por conocer más detalles del preacuerdo con ERC. Sánchez sólo admitió que la propuesta era “un avance hacia la federalización” de España, un camino que el PSOE inició hace muchos años.
Está, por ejemplo, esbozado así en la Declaración de Granada, un documento que el PSOE aprobó el 6 de julio de 2013, que recoge su propuesta de modelo federal para España. Los socialistas incluyeron aquí, por primera vez, el llamado principio de “ordinalidad” de la financiación autonómica, una de las principales reclamaciones del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC).
Ese principio propugna una limitación del fondo de solidaridad interterritorial para evitar que las comunidades más ricas, tras aportar al fondo común, bajen puestos en financiación per cápita o recursos. Es decir, que si eres el primero ingresando a las arcas del Estado, tienes que ser el primero gastando, no el segundo o el cuarto.