“¿Por qué cree que el Gobierno no prestó oídos a su auditoría?”. Fue la última pregunta que tuvo que escuchar el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez durante su declaración como imputado, en boca de su abogado. Su respuesta resume su posición: “Esta auditoría fue remitida a tres miembros del Gobierno de la Junta y a la Dirección de IFA/IDEA, por tanto se remitieron a estructuras con un staff suficiente de personas para procesar y analizar el informe remitido y para decidir la adopción de las medidas oportunas. Andando el tiempo he comprendido que la razón no está en la carencia de medios o el desconocimiento”.
No hubo más preguntas. Aunque la siguiente podría haber sido: ¿cuál fue entonces la razón para no adoptar las medidas que pudieran haber evitado un fraude con consecuencias millonarias en las arcas públicas andaluzas? El caso es que ahí finalizó el largo interrogatorio. Como larga fue su exposición en la comisión de investigación del pasado verano, así como la del resto de comparecientes, incluido Griñán. Sobre las manifestaciones del presidente le preguntó a Gómez Martínez su propio abogado, José Rebollo, quien rememoró 11 pasajes de Griñán ante la comisión y que fueron rebatidos uno a uno por el que fuera interventor general de la Junta durante una década.
Griñán (consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, y superior jerárquico de Gómez Martínez durante esos cinco años), bien a preguntas de Alaya, bien por iniciativa del abogado defensor, fue indiscutible protagonista de la declaración del ex interventor, a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia.
La declaración del imputado ante la jueza Mercedes Alaya concluye, precisamente, con unas palabras del aún presidente de la Junta. En concreto, en respuesta a una parlamentaria que en la comisión de investigación le cuestionó por qué no hizo caso a los informes de auditoria del interventor general, poniéndole como ejemplo que 'Si en su coche se enciende una lucecita que le falta líquido de frenos, ¿usted le pone líquido antes de pegarse el tortazo?'.
El presidente contestó entonces que “si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar este problema”. Según relató este jueves el ex interventor imputado, “esta contestación no hace justicia a la impresión que ocasiona presenciar dicha respuesta, que pone de manifiesto una total displicencia y pasividad, y la incuria de la respuesta lo único que pone de manifiesto es que al señor Griñán los informes de Auditoría no le importaban nada”.
No sólo fue su letrado el que incidió en lo dicho o hecho por el aún presidente de la Junta. La jueza Alaya, en varios pasajes, se interesó durante su interrogatorio por el entonces consejero de Hacienda, cuestionándole si despachó el tema de las deficiencias administrativas advertidas en el uso de la partida presupuestaria de la que se nutrieron las ayudas sociolaborales investigadas, pregunta que encontró respuesta negativa en el imputado.
Insistido por la jueza al ser “de tanta relevancia el tema”, Gómez Martínez manifestó que con Griñán no recordaba haber despachado “asuntos ordinarios de trabajo”, que no era algo frecuente y “por salvaguardar su independencia”. Aseguró que no le consta que el consejero en sí “conociera el detalle del informe adicional, pero es impensable que el consejero de Hacienda no conociera que se había generado un déficit de 93 millones de euros y posteriormente 95 millones de euros, provocado por uno solo, el director general de Trabajo (Francisco Javier Guerrero)”. “Era absolutamente notorio, sobre todo para el responsable de los fondos de la Junta”, añadió Gómez Martínez.
El ex interventor se refería al desfase presupuestario en la Consejería de Empleo por importes debidos a IFA/IDEA, que tuvo que anticipar los fondos para realizar los pagos ordenados por la Consejería, de 38 millones de euros en 2003 y de 93 y 95 millones en 2004 y 2005, respectivamente, según las memorias de las cuentas anuales de la citada agencia.
La imputación
La jueza le imputa a Manuel Gómez, en su condición de interventor general en aquella época, que no recabara para sí la fiscalización de tales expedientes de gasto, como así estaba facultado para evitar personalmente tal uso irregular de fondos públicos, según relata en uno de los hechos que se le imputan: “Conociendo la indiciaria ilegalidad que se estaba cometiendo en la Consejería de Empleo en la concesión de subvenciones” puesta de manifiesto por Gómez Martínez en un informe adicional de abril de 2005.
El imputado reconoció que, entre 2000 y 2001, informó favorablemente a seis modificaciones presupuestarias, que redujeron la partida presupuestaria adecuada para la concesión de subvenciones. Al respecto, Alaya le preguntó por qué no se opuso a las sucesivas modificaciones presupuestarias, sabiendo que con ello “se estaba cebando sin descanso la corrupta partida de los ERES” (según recordó la jueza en referencia a la carta enviada al Parlamento por el imputado) y con la que “de manera arbitraria se regalaba dinero a empresas o a personas, muchas de ellas próximas a la Junta o al PSOE, sin que en ningún caso se determinara el fin público o interés social de tales entregas de dinero”, según expuso Alaya.
Gómez Martínez respondió “que no tenía competencia para hacerlo, según la Ley de la Hacienda Pública” y que la función de la Intervención, como ha insistido en varias ocasiones “se limita a verificar la legalidad del propio expediente de modificación, es decir, que se han cumplido los trámites previstos en la norma, que la modificación está financiada y que va a ser aprobada por el órgano competente”.
La jueza le imputa sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos “por dictar informes u omitir los mismos, acción u omisión que quebrarían de manera esencial el ordenamiento jurídico”. “Pese a conocer que la Consejería estaba contrayendo con IFA/IDEA obligaciones que superaban extraordinariamente los límites de los créditos presupuestarios aprobados para ésta”, el ex interventor “obviaría inconscientemente el cumplimiento de la legalidad vigente”, señaló la jueza antes de la declaración del imputado.
Gómez, según la jueza, “intencionadamente, emitiría el llamado informe adicional para presuntamente no forzar a los responsables políticos a tener que pronunciarse sobre el tema, con independencia del conocimiento que los mismos tuvieran” y, asimismo, “no ordenó que se realizara sobre las subvenciones que se estaban concediendo el necesario control financiero sobre los beneficiarios”.
Conversaciones con Martínez Aguayo
Respecto a la actual consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, el imputado dijo que “consiguió transmitirle preocupación” en el marco de seis conversaciones mantenidas en 2005, cuando la aludida era viceconsejera de Hacienda, pero después de ese año no siguieron hablando del tema porque en 2004 “se produce un cambio de Gobierno y esta preocupación inicial se debe al impulso del nuevo gobierno, que incluso hizo que uno de los agujeros -presupuestarios- se arreglara”.
Durante su declaración, el imputado señaló también que “siempre ha habido una notoria discrepancia de criterios entre los órganos de presupuestación de la Junta y la Intervención General”, discrepancias “que se han reproducido” en varias reuniones mantenidas en 2012 con Aguayo, pues desde la Junta “insistían que habían estado presupuestando correctamente y no compartían los criterios de la Intervención”.
En el transcurso de la declaración, la magistrada le preguntó si el exconsejero de Presidencia y diputado del PSOE por Jaén en el Congreso Gaspar Zarrías tuvo “alguna” participación en relación al sistema de transferencias de financiación, pero Manuel Gómez contestó que no lo sabía.
Macarena Olivencia, esposa del expresidente del PP-A, Javier Arenas, personada como abogada del BBVA, entidad afectada en el caso, también tuvo una breve participación en la declaración de Gómez Martínez, preguntándole si calificaría el funcionamiento de la Junta como anormal. El imputado respondió que no sabía qué decirle, que “evidentemente tiene que serlo, si no tendrían que cerrar”.
Concedida la palabra al letrado de la defensa del imputado, a última hora de la noche del jueves, el abogado José Rebollo formuló determinadas preguntas (11 en concreto) a Gómez Martínez en relación a las declaraciones de Griñán en su comparecencia ante la comisión parlamentaria y que constan en el diario de sesiones:
1.- En la Pag. 35: Toda la ejecución del programa 31.L estuvo sujeta a auditoría.Toda la ejecución del programa 31.L estuvo sujeta a auditoría.
“La verdad es que solo una ínfima parte del programa 31.L estuvo sometida a auditoria o control financiero”.
2.- Pag. 35: La Intervención nunca solicitó que se elevara el asunto a la consideración del Consejo de Gobierno. La Intervención nunca solicitó que se elevara el asunto a la consideración del Consejo de Gobierno.
“La verdad es que no hay ningún supuesto en el ordenamiento jurídico de la Junta de Andalucía para que la Intervención eleve ningún informe al Consejo de Gobierno”.
3.- Pag. 38: La Intervención pudo plantear cuestiones sobre el pago de las ayudas, habida cuenta de que el pago es un procedimiento.La Intervención pudo plantear cuestiones sobre el pago de las ayudas, habida cuenta de que el pago es un procedimiento.
“Es una expresión un poco críptica. La verdad es que con eso se quiere dar a entender que la Intervención fiscalizaba los pagos, lo que no es cierto”.
4.- Pag. 38 y 49.- La Intervención pudo informar desvaforablemente de las ampliaciones de crédito de la partida de las transferencias de financiación si hubiera detectado irregularidades en el pago de las ayudas.La Intervención pudo informar desvaforablemente de las ampliaciones de crédito de la partida de las transferencias de financiación si hubiera detectado irregularidades en el pago de las ayudas.
“La verdad es que la Intervención solo puede informar desfavorablemente una modificación presupuestaria por defectos del propio expediente de modificación”.
5.- Pag. 38 y 39. La Intervención no comunica sus informes sobre deficiencias advertidas en las ayudas de los ERES a la Consejería de Empleo después de 2005.La Intervención no comunica sus informes sobre deficiencias advertidas en las ayudas de los ERES a la Consejería de Empleo después de 2005.
“La verdad es que esta es una afirmación maliciosa porque se hace a sabiendas de que a partir del 2004 la entidad IFA IDEA no dependía de Empleo y por tanto Empleo no era destinatario de las auditorias sino que estas eran remitidas a Innovación”.
6.- Pag. 38 y 39.- La intervención no formula observaciones entre los años 2005 y 2011.La intervención no formula observaciones entre los años 2005 y 2011.
“La verdad es que la Intervención formuló observaciones todos los ejercicios, es decir 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010”.
7.- Pag. 40 y 41. Si la Intervención hubiera detectado irregularidades o menoscabo de fondos públicos debería haberlos atajado porque tiene en la Ley los medios necesarios para ello.Si la Intervención hubiera detectado irregularidades o menoscabo de fondos públicos debería haberlos atajado porque tiene en la Ley los medios necesarios para ello.
“La verdad es que, como he dicho reiteradamente, la Intervención no es un órgano ejecutivo y en concreto en este caso, de advertencia de menoscabo de fondos públicos el art. 110 de la Ley de Hacienda emplaza a tomar medidas cautelares en defensa de la Hacienda Publica es al ordenador de pagos. De acuerdo con la ley, es el consejero de Hacienda, y al órgano superior del que ha causado el menoscabo”.
8.- Pag. 41. Los sistemas de prevención no funcionaron.Los sistemas de prevención no funcionaron
“La verdad es que la Intervención emitió todos los informes previstos en la normativa vigente y alguno más, como el informe adicional del ejercicio 2003”.
9.- Pag. 41, 47, 49 y 50.- La Intervención solo advirtió de cuestiones menos importantes de procedimiento (“la escalera de incendios podía ser mejor”), pero no de irregularidades (fuego).La Intervención solo advirtió de cuestiones menos importantes de procedimiento (“la escalera de incendios podía ser mejor”), pero no de irregularidades (fuego)
“La verdad es que la Intervención advirtió de que la debilidad de los controles a los que estaba sujeto el programa 31.L estaba provocando déficit presupuestarios en cifras muy abultadas y la concesión de subvenciones prescindiendo absolutamente de procedimiento, causas ambas de nulidad de pleno derecho de las operaciones que adolecieran de tales vicios”.
10.- Pag. 48. Las materias que investigaba la Comisión de Investigación (similares a las que investiga el Juzgado) la Ley solo prevee que la Consejería de hacienda intervenga en supuestos tasados.Las materias que investigaba la Comisión de Investigación (similares a las que investiga el Juzgado) la Ley solo prevee que la Consejería de hacienda intervenga en supuestos tasados
“La verdad es que esta afirmación supone una concepción distorsionada del órgano consejero, que para nada se compadece con la Ley de Administración de la Junta”.
11.- El interventor remitió el informe de legalidad de IFA /IDEA del ejercicio 2003 a la Viceconsejera de Hacienda para su conocimiento, pero no para su elevación al Consejero.
“La verdad es que el informe se remite invocando expresamente que se hace para cumplir con el art. 12.3 del decreto 9/1999 que es el que señala al Consejero de Hacienda como uno de los destinatarios de las auditorias”.