En diciembre de 1948, sobre los escombros de un Occidente devastado por la II Guerra Mundial la jovencísima Asamblea General de las Naciones Unidas, se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos que recoge en sus artículos 13 y 14 los derechos a migrar y al asilo.
Desde ese momento, asistimos a casi 80 años convulsos años de profundización de las desigualdades mundiales y desarrollo del proyecto de unificación europea, hasta llegar a nuestros días. En 2024, podemos señalar una serie de fechas y movimientos clave en el contexto europeo:
· 10 de abril de 2024, el Parlamento Europeo valida el Pacto Europeo de Migración y Asilo tras cinco años de negociaciones. Un pacto que múltiples organizaciones sociales señalan como lesivo para el derecho humanitario en la UE.
· Marzo de 2024, el informe de OIM-ONU Migraciones, confirma que 2023 fue el año con más muertes constatadas de personas migrantes y que probablemente la tendencia se mantendrá al alza.
· Mayo 2024 La presidenta de Italia, Giorgia Meloni, confirma que en meses abrirán los centros de externalización de detención de personas migrantes en Albania.
· Junio de 2024, las elecciones al Parlamento Europeo, tras una dura campaña en la que la presidenta Von der Leyen aceptó gobernar con la ultraderecha, arrojan un ascenso de los partidos xenófobos.
· 9 de octubre de 2024, España debe presentar a la Comisión Europea su plan de implementación para el Pacto de Migración y Asilo. El presidente Pedro Sánchez pronuncia un discurso en el Congreso de los Diputados en el que alterna su compromiso con los acuerdos europeos, el refuerzo del control fronterizo y la apuesta por “un enfoque humanista” de la gestión migratoria.
· 18 de octubre de 2024, la justicia italiana declara ilegales los centros de externalización de detención de migrantes fuera de la UE por ser contrarios al derecho humanitario. El Gobierno italiano queda obligado a repatriar a las personas que había enviado a ellos tras haber gastado millones de euros en la iniciativa.
Perspectivas
Europa, que durante décadas se regaló a sí misma la imagen de ser la patria de los derechos humanos y el bienestar de quienes la habitaban, se encuentra nuevamente secuestrada por el discurso identitario y de las esencias raciales. Nuevamente quienes la habitamos debemos decidir entre el compromiso con los derechos humanos universales o dejarnos seducir por la llamada de las supuestas esencias en las que siempre tener la piel clara, rasgos caucasianos y haberse criado en la tradición cristiana asegura ser gente de bien. En Italia el Gobierno apuesta por el racismo y la violación de los Derechos Humanos, en Francia se anuncia un nuevo recorte de derechos para las personas migrantes, en Alemania el gobierno socialista reniega de las políticas de refugio que implantó Ángela Merkel.
En este contexto, el Gobierno de España discurre cómo gestionar la incorporación de personas extranjeras al país y es importante decirlo así porque con los fríos datos de la demografía y la economía en la mano, no es un debate si se incorporarán, solo tiene sentido debatir sobre cómo hacerlo.
El Gobierno sabe que no hay futuro de prosperidad nacional sin migrantes, pero también sabe que Europa es rehén de quienes han logrado el poder cabalgando el discurso xenófobo y tiene dentro del país sus propios jinetes del apocalipsis identitario. Por eso asistimos a una especie de espectáculo retórico en el que se defiende la “gestión humanista de la migración” y al mismo tiempo el refuerzo de la seguridad fronteriza, se reconoce la imprescindible incorporación de nuevas personas como fuerza de trabajo y también el mantenimiento de una política fronteriza que impide acceder de manera legal al país. Resultado de décadas de este equilibrio imposible son las más de 700.000 personas que siguen sobreviviendo cada día en situación administrativa irregular, trabajando en lo que pueden y esperando cumplir el tiempo suficiente de estancia escondida en el país para poder acceder a la regularización.
En este contexto, se ha anunciado una reforma del Reglamento de Extranjería que debería mejorar la situación, no solo para las personas migrantes indocumentadas, sino para toda España, porque cada persona documentada es una familia que vive tranquila sin temor a la expulsión, significa hijos e hijas que mejoran significativamente sus oportunidades educativas, vecinos y vecinas que normalizan el acceso a la sanidad y cuyos empleadores deben cotizar adecuadamente a la Seguridad Social.
Lo que el Reglamento no haga podría hacerlo complementariamente un proceso de regularización que responda a la primera Iniciativa Legislativa Popular que consigue ser tramitada en nuestras cuatro décadas de democracia. Aquí el Gobierno tiene otra herramienta para solucionar la situación de cientos de miles de personas que residen en España. Facilitar la regularización es facilitar la prosperidad de toda la comunidad.
Al mismo tiempo estamos a la espera de conocer cómo se desplegará en España el Pacto Europeo de Migración y Asilo. De su desarrollo dependerá que el asilo sea una opción real para las personas que huyen de los conflictos en África o que las fronteras españolas sean un muro aún más duro contra quienes paradójicamente arriesgan su vida para salvarla. El Pacto es malo, pero como ocurre siempre con los documentos europeos, deja margen amplio para hacer las cosas mejor que hasta ahora.
No hay debate sobre si vendrán personas migrantes y refugiadas, solo sobre cómo gestionaremos esas llegadas, cómo facilitaremos su incorporación a la sociedad y cómo nos aseguraremos de que la España de la nueva década sea realmente un lugar mejor que la actual. ¿Tendrá este Gobierno el suficientemente liderazgo para hacer lo que necesita la sociedad, aunque gruñan quienes insisten en que Europa sea la peor versión de sí misma una vez más?
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