Cobrar tan solo un euro más que tu pareja de hecho fallecida durante el año de su muerte, aunque al mismo siguiente año la viuda o el viudo esté en desempleo, ha evitado que se conceda un 15,2% de las pensiones de viudedad de pareja de hecho denegadas en España entre enero de 2008 y febrero de 2020.
Un total de 1.783 pensiones fueron denegadas por causas exclusivas de ingresos, mientras que 9.883 fueron rechazadas por otras causas distintas a los ingresos, según consta en una respuesta oficial del Gobierno central a una pregunta escrita del senador socialista por Córdoba Alfonso Muñoz Cuenca, portavoz de Seguridad Social en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Senado, quien apuesta por “adaptar la normativa a las realidades sociales” y no prorrogar esta “desprotección de por vida que se le genera a muchas familias, en muchos casos con hijos menores”.
Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Silvia Oñate, exdirectora del Instituto Andaluz de la Mujer y víctima del artículo 221 de la Ley de Seguridad Social aprobada en 2007. Cuando falleció su pareja de hecho, ella cobraba más que él, y simplemente por eso se ha quedado sin pensión de viudedad. Desde que este periódico se hizo eco de su juicio en enero de 2019, Oñate mantiene una lucha que le ha llevado a la Eurocámara el pasado mes de noviembre y que el Gobierno central empieza a atender, al menos aportando cifras y datos relativos a la cuestión.
El asunto, además, está incluido en el pacto de coalición de gobierno PSOE-Unidas Podemos, en concreto en el que hicieron público el 30 de diciembre de 2019 titulado 'Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España', donde los partidos que ahora gobiernan en España se comprometían a “la revisión de las pensiones de viudedad, garantizando la igualdad de trato en los casos de pareja sin vínculo matrimonial” (página 14). Asimismo, el Grupo Socialista registró este mes de marzo, justo ante de la declaración del estado de alarma, una proposición no de Ley sobre pensiones de viudedad de parejas de hecho para garantizar de forma más equitativa y eficiente su fin de protección.
“Una discriminación no justificada”
Para la propia Oñate, en declaraciones a este periódico, “denegarle a 1.800 familias en situación de viudedad, y posiblemente de horfandad, una pensión que es un derecho contributivo que hubiéramos tenido si justo ese año nuestros ingresos hubiese sido un euro menores que los de la persona fallecida, es generarles una discriminación no justificada y se puede arreglar fácilmente”.
Oñate, presidenta de la Asociación Vida, insta al Gobierno y a todos los grupos políticos “a debatir esto cuanto antes, y más ahora en esta situación de vulnerabilidad extrema en la que nos ha situado el Covid, porque es perfectamente viable arreglar la situación y acabar con esta discriminación. No supone una cuantía nada elevada para resarcir una injusticia que no se sostiene legislativamente. Esa ley hace aguas por todos lados al privarnos de por vida de un derecho que tendríamos de por vida si se hubiera muerto ese año la otra persona en vez de la que ganaba un euro más”.
“Somete a una discriminación y a una humillación a muchas familias con menores que no es de rigor y que no está justificada de ninguna manera. Es el momento de mirarlo y arreglar la vulnerabilidad extrema a la que se somete a esas familias y plantear una solución urgente. Serían 1.800 familias resarcidas y una legislación más acorde a los términos de justicia social, porque esa pensión de viudedad está cotizada por ambos miembros de la pareja, por el que falleció durante toda su vida laboral y si el que vive sigue cotizando pues también paga por esa prestación”, considera Oñate.
Según Oñate, “las familias viudas somos monoparentales y el 40% de la monomarentalidad lo es por viudedad”. Esta circunstancia implica “muchas más dificultades de conciliación, trabajo y cuidados, ahora los niños en casa sin colegio, y las cabezas de familia teletrabajando, en ERTE, suspensión de autónomas o desempleadas”, señala. “La exclusión social nos estalla y, si se subsanara esta injusticia arbitraria e injustificada corrigiendo el castigo sin pensión, seríamos menos familias monoparentales por viudedad y sin pensión hasta ahora desatendidas de esta legislación que desprotege y deja un vacío gravísimos a nuestras situaciones precarias”.
Consenso político y social
“Es un tema que ya está muy estudiado, muy analizado, tiene mucho consenso y la mayoría de los grupos politicos lo apoyan como lo demuestran tantísimas mociones por unanimidad en los ayuntamientos, y que tiene el apoyo de los agentes sociales, expreso de CCOO y UGT. Es el momento de ponerse a trabajar y solucionarlo no supone ninguna cuantía excesiva para las arcas de la Seguridad Social, y se resarce una injusticia histórica que lleva en pie desde 2008 que ya se ha salido a la luz, que se contó en Europa, solo requiere voluntad política. No es un capricho, es un derecho que nos quitan en virtud de un euro de un año. Hay personas en situaciones de verdadera exclusión por esta situación y no debe caer ya en ningún cajón”, subraya.
Por su parte, el senador socialista Alfonso Muñoz Cuenca subraya en conversación con este periódico que los matrimonios y las parejas de hecho son “dos figuras jurídicias diferentes”, tratando en todo caso de “que no se cree una desproteccion, sobre todo a ese colectivo, no solo a la persona, sino una situación que se agrava cuando hay niños”. “Se les genera desproteccion de por vida”, explica, por lo que su grupo trata de que “se pudiera reanudar o poder optar a esa prestacion para que esas unidades familiares no estén desprotegidas”.
“Intentamos no agravar esa situación. Partimos de una ley donde no se reconocía el derceho a esa unidad familair, pero la normativa necesita ir adaptándose a las realidades sociales. Algunas cosas habría que mejorar, entre ellas esta desprotección del colectivo”, añade.
En ese sentido económico, el senador socialista preguntó también al Gobierno por la posible modificación del citado artículo 221 de la Ley General de Seguridad Social para eliminar el requisito de ingresos, esto es, para permitir el reconocimiento de pensiones de viudedad a parejas de hecho en los mismos términos que para las viudedades procedentes de matrimonio, con independencia de los ingresos.
El Gobierno, tras advertir de que la total eliminación del citado artículo 221 impediría todo reconocimiento de viudedades a parejas de hecho, aporta la información disponible de las prestaciones de viudedad de las parejas de hecho existentes actualmente en los ficheros administrativos de la Seguridad Social.
En ese sentido, y teniendo en cuenta que el primer año de aplicación el número de altas nuevas sería más elevado, puesto que solicitarían la pensión de viudedad los supervivientes de parejas de hecho que anteriormente no generaban el derecho, el Gobierno informa de que el gasto anual, en euros constantes de 2020, iría creciendo aproximadamente desde los 21,7 millones de euros del primer año de implantación hasta los 42,45 millones anuales en el medio plazo. Si la propuesta tuviese efectos retroactivos el gasto del primer año habría que incrementarlo en 295,29 millones de euros, según consta en la respuesta oficial al senador, de fecha 14 mayo de 2020.
“Corregir tal desprotección”
El senador Alfonso Cuenca, tras recibir la respuesta de cuánto supondría económicamente para las arcas de la Seguridad Social el reconocimiento de esta prestación sin tener en cuenta el requisito de ingresos, ha anunciado desde su perfil de Twitter que su intención es “solucionar y corregir tal desprotección”, por lo que tiene previsto “presentar una moción en el Senado instando al Gobierno a solucionarlo”.
“¿Asumible?”, se pregunta ante este periódico. “Comparado con el presupuesto, es más grave la desprotección de por vida que el daño a las arcas públicas, y hay que anteponer siempre la desprotección, sobre todo cuando suele haber menores”, afirma el senador, que apuesta por “darle una vuelta” a la cuestión y por “adaptar la normativa a las realidades sociales” porque “el daño es brutal”.
Para la Asociación Vida que dirige Oñate, “corregir esta desprotección no supondría un gasto elevado que pudiera, para nada, desequilibrar el presupuesto de la Seguridad Social, que asciende a más de 164.000 millones de euros”. Según dicen en Twitter, “hay que hacer justicia ya” y “subsanar las discriminaciones”. “¿O somos fáciles de discriminar? Somos familias y nuestro derecho es contributivo, lo abonamos cada año en función de lo cotizado y abonado a las arcas comunes del estado. Es un derecho que nos cercenaron injustamente”.