Juan Manuel Moreno ha denunciado la infrafinanciación de Andalucía desde antes de convertirse en presidente de la Junta. Lo hizo como jefe de la oposición, en 2018, cuando estampó su firma junto a la entonces consejera de Hacienda y hoy ministra, María Jesús Montero, en una propuesta para la reforma del modelo de financiación autonómica, caduco desde 2014, que llegó al Parlamento de la mano de PSOE, Podemos e IU.
El remitente de aquel documento era el Gobierno central, entonces presidido por Mariano Rajoy, que torció el gesto cuando vio a uno de los suyos tirándole de los bolsillos. Después de aquello, ya como presidente andaluz, Moreno ha seguido reclamando una financiación justa para Andalucía.
Lo ha hecho en casi todos los foros posibles: desde el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, desde el Parlamento, en actos públicos con empresarios, con sindicatos, con rectores de la Universidad, en las ceremonias del 28F -Día de Andalucía-, en medios de comunicación... Moreno incluso ha organizado en San Telmo reuniones bilaterales con cuatro presidentes autonómicos afectados por la infrafinanciación para hacer un frente común de reivindicaciones dirigidas a Pedro Sánchez.
Lo que no ha hecho nunca ha sido vehicular esas reivindicaciones concretas -diseñadas y cuantificadas- a través de la herramienta política más robusta de la que dispone, el Estatuto de Autonomía, una norma con rango de Ley Orgánica que permite a la Junta negociar bilateralmente con el Estado aspectos relativos a su financiación.
Este viernes, Moreno acude a Moncloa, llamado por el presidente del Gobierno, dispuesto a reivindicar más inversión para Andalucía, pero parapetado tras la estrategia de partido de Alberto Núñez Feijóo, que ha pedido a los suyos no negociar bilateralmente sobre financiación con Sánchez. Una estrategia que vacía de contenido el Estatuto de Autonomía y que tropieza con varios episodios significativos del autogobierno andaluz, algunos protagonizados por el propio Moreno.
Reuniones bilaterales en el Palacio de San Telmo
En 2021, Moreno invitó al Palacio de San Telmo al socialista Ximo Puig, entonces jefe del gobierno valenciano, al popular Fernando López Miras, presidente de Murcia, y al también socialista Javier Lambán, presidente de Aragón, con quienes compartía problemas y soluciones en materia de financiación. De ahí sale la primera reivindicación al Gobierno de un fondo de contingencia o nivelación que palie la infrafinanciación de estas comunidades hasta que se consensuase un nuevo reparto de fondos para todos. Con los dos primeros firmó una “declaración institucional” con sus reclamaciones, dirigida al presidente Sánchez.
Por aquellas fechas, también citó en San Telmo al entonces líder de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, pero con éste sólo firmó un acuerdo de mínimos en el que instaban al Gobierno a impulsar la negociación para modificar el modelo de financiación. El primer punto del acuerdo firmado por Moreno, Puig y Miras reclamaba un “fondo temporal de compensación al Estado” de 1.700 millones de euros, mientras que el documento rubricado con Feijóo semanas después dejaba el tema de la financiación para el último punto y como mención genérica.
“Lo que haga Andalucía en el ámbito de la bilateralidad le corresponde al presidente Moreno”, dijo Feijóo cuando le preguntaron por las otras negociaciones de Moreno. Y sobre las discrepancias con sus compañeros en cuanto al modelo de financiación, advirtió: “No venimos aquí como representantes del PP, sino como presidentes autonómicos”.
La realidad es que, en paralelo a la alianza de Andalucía con el Levante, Feijóo había liderado desde Galicia otro eje en el norte de España, convocando a ocho presidentes de las comunidades más afectadas por la despoblación y la dispersión, problemas que condiciona el reparto de fondos, pero que no son los problemas de Andalucía, la región con más habitantes y con más población infantil.
1.500 millones de deuda al año
De modo que Moreno ha expresado, alto y claro, que su principal preocupación es la falta de recursos de su autonomía para ejercer debidamente el autogobierno, esto es, el sostenimiento de las políticas de Estado: la educación, la sanidad, las políticas sociales, que absorben más del 80% del presupuesto anual de esta comunidad. Incluso ha cifrado la deuda acumulada del Estado con Andalucía -en torno a 20.000 millones de euros- y más recientemente ha cuantificado en 1.500 millones de euros al año lo que adeuda Moncloa a la comunidad más poblada del país (8,5 millones de habitantes).
Lo que no ha hecho nunca Moreno, en seis años como presidente de la Junta, es reclamar al Estado ese dinero utilizando la comisión mixta de cooperación Junta de Andalucía-Estado, recogida en el Estatuto. Un órgano que deben presidir el ministro y consejero de la Presidencia, y que se convoca obligatoriamente cada vez que una de las dos partes lo solicita. Tampoco ha invocado nunca la comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Junta de Andalucía, que es otro órgano de negociación bilateral específicamente diseñado para asuntos de financiación autonómica.
La negociación bilateral de la deuda histórica
Son los órganos de negociación, reforzados por una ley orgánica como el Estatuto de Autonomía, que invocaron, por ejemplo, los expresidentes de la Junta, los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, para reclamar al Gobierno el pago de la llamada “deuda histórica” del Estado con Andalucía.
El primer Estatuto de Autonomía, de 1980, le reconoció a Andalucía el derecho a recibir cada año una partida extraordinaria del Estado para compensar el déficit con el que fueron transferidas las competencias de educación, sanidad y vivienda en los años 80, y por la situación de subdesarrollo con la que partía esta comunidad.
El Estatuto andaluz, como el catalán, recoge varios órganos bilaterales de negociación Junta-Estado para pactar esos compromisos de financiación. Una vía estatutaria que el PP de Javier Arenas, perenne opositor a Chaves, invocaba una y otra vez, con especial énfasis tras la reforma del Estatuto de 2007 en la que la derecha andaluza se “quitó la espinita” de no haber votado a favor del primer Estatuto de 1980.
El artículo 184 del Estatuto establece que la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma “es el órgano bilateral en el ámbito de la financiación autonómica” y concreta que “le corresponde la concreción, aprobación, actualización y el seguimiento del sistema de financiación, así como la canalización del conjunto de relaciones fiscales y financieras de la Comunidad Autónoma y el Estado, y ejercerá sus funciones sin perjuicio de los acuerdos suscritos por la Junta de Andalucía en esta materia en instituciones y organismos de carácter multilateral”.
En el punto quinto dice que “propondrá las medidas de cooperación necesarias para garantizar el equilibrio del sistema de financiación que establece el presente Capítulo cuando pueda verse alterado por decisiones legislativas estatales o de la Unión Europea”.
La llamada deuda histórica se saldó finalmente en 2009, con Griñán como presidente andaluz, por un montante superior a 1.200 millones de euros. Se negoció y pactó en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos Estado-Comunidad Autónoma, de la que salieron dos grupos técnicos, uno para los aspectos fiscales de la financiación (nivelación y participación en el IRPF, IVA e impuestos especiales) y otro sobre el “consorcio paritario” de la Junta con la Agencia Tributaria del Estado para compartir la gestión de los impuestos cedidos.
Una sola reunión bilateral para Asuntos Económicos en seis años
Ese consorcio tributario, previsto en el Estatuto andaluz y catalán, es el vehículo sobre el que el PSOE confía en depositar parte del acuerdo fiscal para Cataluña, pactado con ERC, aunque los independentistas (y PP y Vox) hacen una lectura más optimista, al hablar directamente de un “cupo fiscal” que sacaría a esta comunidad del sistema de financiación común.
Esa comisión bilateral que, por primera vez, negoció y pactó la deuda histórica y la mejora de la financiación para Andalucía -en paralelo también se hizo con Cataluña- sólo se ha reunido una vez desde que Moreno es presidente de la Junta, el 27 de septiembre de 2022. No se abordó el tema de la financiación, sino que sirvió para aprobar el acuerdo de aceptación de la cesión a Andalucía del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.
La Generalitat de Cataluña, sin embargo, ha invocado diez veces esa comisión bilateral desde 2007 para abordar sus reivindicaciones al Estado en materia de financiación.
La otra comisión bilateral recogida en el Estatuto, de cooperación entre Estado y Junta, se ha reunido 16 veces desde que el PP gobierna en Andalucía, pero ha estado más enfocada a resolver discrepancias legislativas y jurídicas sobre leyes y decretos de la Junta que invadían competencias estatales (o viceversa). En todos los casos hubo acuerdo para evitar un recurso de inconstitucionalidad.
Chaves negoció la deuda histórica con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en esa comisión mixta de carácter político -en el ámbito de Presidencia- y luego derivó los detalles y los números a la comisión bilateral de asuntos económicos. Fuentes de la Consejería de Hacienda aseguran a este periódico que ese órgano estatutario no está pensado para abordar discrepancias con el Gobierno sobre financiación.
Durante la etapa de José María Aznar en Moncloa, el Ejecutivo andaluz confrontó duramente con Madrid a cuenta de la financiación atrasada del Estado con esta comunidad, las deudas, los malos cálculos en el reparto de fondos, los choques de competencias... Chaves exprimió el Estatuto andaluz, incluso antes de la reforma de 2007, que pactó con IU y el PP de Arenas.
En 2004, con la llegada sorpresiva de Zapatero a Moncloa, la Junta de Andalucía convocó al Gobierno a la Comisión Mixta de Transferencias, otro órgano bilateral de negociación recogido en el Estatuto que llevaba sin reunirse desde 1997. Su función era pactar la consignación en los Presupuestos Generales de “asignaciones complementarias” de financiación “para hacer frente a las circunstancias socio-económicas de Andalucía”, a través de “un anticipo a cuenta de las citadas asignaciones”.
Conferencia de Presidentes Autonómicos
El Ejecutivo de Moreno, que lleva años reclamando a Sánchez un anticipo de fondos para amortiguar su problema de infrafinanciación hasta que se negocie un nuevo modelo de reparto -fondo de contingencia o nivelación- tampoco ha explorado las posibilidades de esa otra mesa bilateral de negociación, arguyendo que son órganos “técnicos, no políticos”. Sin embargo, el PSOE de Chaves supo dotar al Estatuto de una enorme carga política para negociar con el Gobierno de Zapatero la deuda histórica y el dinero atrasado de la financiación durante los siete años de Aznar en el poder.
Se cifró aquel agujero en 2.500 millones de euros, consignados en los Presupuestos Generales de aquel año mediante un crédito extraordinario. Se negoció en la Comisión Mixta de Transferencias aquella liquidación del modelo de financiación del quinquenio 1997-2001 generada durante el mandato del PP, y se oficializó el acuerdo entre ambas administraciones -del mismo signo político- con dos ministros (Jordi Sevilla, de Administraciones Públicas; y Magdalena Álvarez, Fomento) y siete consejeros andaluces.
Desde que Sánchez anunció que llamaría, uno a uno, a los presidentes autonómicos para hablar de financiación, tras cerrar un pacto fiscal singular para Cataluña con ERC -ligado a la investidura de Salvador Illa-, Moreno ha repetido hasta la saciedad que los órganos adecuados para abordar estos asuntos son y deben ser multilaterales: la Conferencia de Presidentes Autonómicos, que el líder andaluz lleva reclamándole desde hace más de un año en nombre del resto de barones del PP; y el Consejo de Política Fiscal y Financiera, adscrito al Ministerio de Hacienda, donde históricamente se ha pactado el modelo de financiación autonómica.