Granada ha vivido los últimos 13 años siendo gobernada por el mismo alcalde. Portada a nivel nacional y hasta no hace mucho uno de los hombres más valorados del PP, José Torres Hurtado ha sido el primer edil de la ciudad desde 2003, fecha en la que ganó las elecciones municipales por mayoría absoluta. Tras aquella victoria repitió hasta dos veces más resultado hasta que su poder se tambaleó en las elecciones municipales de 2015. Volvió a repetir como alcalde, pero con fecha de caducidad impuesta por C's, a través de un pacto de investidura, merced a que no querían a un dirigente que estuviera defendiendo a una concejal involucrada en una trama de corrupción como lo era la suya de Urbanismo, Isabel Nieto.
Sin embargo, el PP y José Torres Hurtado no sólo tenían que gestionar equipo de gobierno en minoría, sino lidiar con una investigación que venía de 2013. Ese año la Fiscalía de Granada comenzó a investigar la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Granada, junto al centro comercial Serrallo Plaza, donde sólo había una concesión para un parque infantil. La discoteca se construyó con los permisos para cinco columpios, y el canon por su explotación que se debía abonar al Ayuntamiento de Granada, 1.000 euros al mes, era por los juegos para niños y no para la construcción que hay hoy en funcionamiento. Un hecho que además contradice el propio PGOU de 2000, que catalogaba dicho suelo como dominio público. Las obras presuntamente irregulares colocan como principal responsable del entramado al alcalde de Granada por haber permitido dicha construcción.
Todo había partido de la denuncia de un funcionario de urbanismo, ya jubilado, que remitió documentos a la Fiscalía de Granada y que probarían que casi todo lo que se hizo para la construcción de la controvertida discoteca fue ilegal. Una explotación privada en un terreno de dominio público, en lo que se conoce caso Serrallo. Cuando la Fiscalía de Urbanismo de Granada inició una investigación para esclarecer los hechos, en ella sólo se vieron imputados la empresa que ejecutó las obras (que se benefició de la decisión de permitir la construcción) y la propia concejal. Hasta el pasado miércoles 13 de abril, día en que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo en Granada tanto a la edil como al alcalde, junto con otros 15 investigados. Lo hizo en el marco de la operación Nazarí, que iba más allá de la investigación de la fiscalía en el caso Serrallo.
Pese a que en un primer momento ni el propio alcalde ni su edil decidieron dimitir, la situación política en Granada ha acabado volviéndose tan complicada que se han visto presionados a hacerlo. Por un lado, porque su propio partido les pidió su renuncia desde primera hora. Por otro, porque C's ha acabado retirando el apoyo que dieron al PP de Granada en las elecciones municipales, por lo que dejaban al equipo de gobierno en minoría y sin capacidad de tomar decisiones dentro del consistorio.
En estos momentos, la situación se dirime entre si prosperará una moción de censura promovida por el PSOE que lidera Francisco Cuenca o si se irá directamente a una sesión de investidura para sustituir al alcalde en funciones, Juan García Montero. En cualquier caso los socialistas ya saben que cuentan con el compromiso de la oposición (C's, IU y Podemos) para que se de lugar al cambio de siglas en el gobierno local.
Las luchas de egos dentro del PP
Pero la dimisión de José Torres Hurtado no ha sido la única relevante dentro del Consistorio. Junto a él e Isabel Nieto, también hay que tener en cuenta el movimiento de ajedrez que ha hecho el primer teniente de alcalde, Sebastián Pérez, marchándose también. Éste es a su vez senador y presidente del PP de Granada. Era precisamente el mejor colocado para sustituir a José Torres Hurtado en la alcaldía de Granada o al menos asumir ser alcalde en funciones.
Pero su marcha ha supuesto un giro de guión inesperado puesto que desde hace años, tanto él como José Torres Hurtado mantienen una lucha interna por hacerse con el poder en la ciudad. Eso sí, la dimisión de Sebastián Pérez se puede interpretar como un movimiento para evitar acceder a la alcaldía en un momento interino y sin futuro, más que por el hecho de apartarse a un lado. De hecho, mantiene su puesto como senador y sigue siendo el presidente del PP de Granada.
Es más, la precipitada dimisión de José Torres Hurtado se debe principalmente a que como condición para su marcha puso que también dejara su acta de concejal Sebastián Pérez. Siendo éste el resultado de más de una década de lucha de egos entre dos ramas del PP en la provincia, que ambos han protagonizado y cuyo partido se enfrenta a un futuro incierto dentro del Ayuntamiento de Granada. Por el momento los dos han marcado sus cartas sobre los que serían candidatos a ser alcaldes. José Torres Hurtado ha apostado por Fernando Egea y Sebastián Pérez por el actual alcalde en funciones, Juan García Montero a quien desde la dirección provincial defienden oficialmente como el legítimo sustituto.