El Parlamento rechaza citar al Gobierno de Moreno con carácter de urgencia para explicar el cese de su interventora general

Enero es un mes inhábil en el Parlamento de Andalucía, no hay actividad ordinaria ni Plenos ni sesión de control al Gobierno autonómico.

Sin embargo, en este mismo mes el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno ha adoptado medidas polémicas que han soliviantado a los grupos de la oposición de izquierdas, hasta el punto de solicitar la celebración de un Pleno extraordinario una semana antes de que comience el periodo de sesiones, en febrero. La Cámara legislativa, con el voto mayoritario de PP y Vox, les ha dado un portazo en las narices, como era previsible en una legislatura monocorde de mayoría absoluta popular.

En las últimas dos semanas, el Consejo de Gobierno ha aprobado dos decisiones aparentemente inconexas, pero que la oposición de izquierdas considera íntimamente relacionadas: una es el cese fulminante de la interventora general de la Junta de Andalucía, María Antonia González Pavón, responsable del informe de actuación que alertó a la consejera de Hacienda de un “fraude de ley” en el fraccionamiento masivo de contratos a dedo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a empresas privadas.

La otra es la prórroga de seis meses de los contratos negociados sin publicidad del SAS con hospitales privados de Sevilla y de Almería para derivar a cientos de pacientes en lista de espera para operarse. La renovación de esta adjudicación a dedo -por un montante total de 48,5 millones de euros- se va a replicar en las próximas semanas al resto de provincias, confirman desde la Consejería de Salud, duplicando el presupuesto inicial de los contratos negociados con las mismas clínicas hasta los 222 millones de euros.

El informe de la exinterventora general de la Junta que denuncia un posible “fraude de ley” en el fraccionamiento masivo de contratos del SAS con empresas privadas no es, por ahora, el motivo principal de la investigación judicial que salpica al Gobierno de Moreno por un posible delito de prevaricación.

La Justicia -y la Fiscalía Anticorrupción- han abierto una causa por los contratos de emergencia (a dedo) del SAS con clínicas privadas entre 2020 y 2024. En este proceso está imputada la actual gerente, Valle García, y sus dos antecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán.

Los contratos sanitarios que censuró la exinterventora general de la Junta en su informe de fiscalización no son estos, y tampoco son los que ha prorrogado esta semana el Consejo de Gobierno hasta el verano de 2025. Sin embargo, todos tienen un común denominador: son adjudicaciones a dedo a empresas privadas que el SAS lleva autorizando los últimos cinco años, en pandemia y en postpandemia, estirando un procedimiento de contratación que la ley reserva para situaciones excepcionales.

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía sostienen que Moreno ha fulminado a la interventora general de la Junta, entre otras cosas, por firmar aquel demoledor informe que hablaba de un “fraude de ley” en la contratación a dedo del SAS. Las tres fuerzas pidieron la comparecencia de la consejera de Hacienda, Carolina España, en un Pleno extraordinario en el Parlamento, que habría requerido habilitar la última semana del mes de enero.

El día en que el Consejo de Gobierno aprobó el cese de la interventora general, la consejera y portavoz de la Junta evitó informar de su destitución en la comparecencia posterior ante los medios (“Ese día hubo muchos nombramientos”). Lo hizo una semana después a preguntas de los periodistas -tras adelantar la noticia este periódico- y lo atribuyó a una “decisión personal” de González.

Sin embargo, la que fuera responsable del órgano de fiscalización interna de la Junta había reunido previamente a medio centenar de interventores de su equipo -a una reunión telemática- para desmentir la versión oficial de la consejera, y explicar que su cese se debió a una “pérdida de confianza” de sus jefas.

La Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes del Parlamento andaluz en periodos inhábiles, se ha reunido este jueves para abordar la solicitud conjunta de los tres partidos de izquierdas en la oposición para que comparezca la consejera de Hacienda y explique el cese fulminante de la interventora, y también la titular de Fomento y Vivienda, para abordar la puesta en marcha de la segunda convocatoria del Bono Joven de alquiler (tras el fiasco de la primera).

PP y Vox han tumbado ambas iniciativas. El portavoz popular en la Cámara, Toni Martín, llevaba preparada una intervención antigua de la vicepresidenta del Gobierno y recién elegida secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, que en su etapa como consejera de Hacienda explicó en el Parlamento los “motivos personales” y de “experiencia vital” del cense de interventor general de la Junta que estaba entonces bajo se mando.

“Todo está recogido en el diario de sesiones, es muy divertido comprobar los centenares de incongruencias que ha soltado esa señora en sus 16 años de consejera andaluza. Y como es tan divertido, lo vamos a ir sacando en las próximas semanas para reírnos todos”, ha asegurado Martín.

La destitución de la interventora general de la Junta de Andalucía se produjo en un momento político complicado para el Gobierno de Moreno, incurso en una investigación judicial, coparticipada por la Fiscalía Anticorrupción, por un posible delito de prevaricación en los contratos de emergencia (a dedo) del SAS con clínicas privadas entre 2020 y 2024.

Algunos de los interventores que asistieron a la reunión telemática con González Pavón explicaron a este periódico que la razón principal de su cese no fue el polémico informe de actuación, sino sus discrepancias con la viceconsejera de Hacienda respecto al conflicto laboral y salarial que enfrenta a la Junta con el cuerpo de inspectores desde hace meses.

Sobre su cese le preguntaron este miércoles al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que trató de minimizar la polémica. “La decisión se toma en el marco de la Consejería de Hacienda. Todos los días se producen ceses en la Junta de Andalucía”, concluyó.