El Parlamento aprueba por unanimidad la Ley Audiovisual de Andalucía

El Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles por unanimidad la Ley Audiovisual de Andalucía, que establece una regulación integral de este sector estratégico para la economía, la cohesión social y la proyección cultural de la comunidad.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha tomado la palabra antes de la votación para agradecer el trabajo parlamentario y de representantes del sector para lograr una “magnífica ley”. Ha recalcado que el desarrollo reglamentario es tan importante como la propia ley y el Gobierno andaluz estará en esa tarea. Ha destacado que la producción legislativa durante esta legislatura para mejorar la vida de los ciudadanos supone “un ejemplo de pedagogía política para el país”.

El diputado del PSOE-A Francisco Javier Aragón se ha mostrado convencido de que esta ley va a tener un desarrollo importante en el futuro y ha indicado que las tres premisas que ha defendido su partido son la seguridad jurídica de los operadores; la regulación y control del sector con la búsqueda de soluciones a los problemas actuales, y las mejoras de las capacidades técnicas, jurídicas y tecnológicas que la norma proporciona. Ha destacado además que esta ley, muy esperada por el sector, representa un oportunidad en la calidad del empleo del sector.

Por su parte, el diputado del PP-A Guillermo García de Longoria ha considerado que la nueva ley “no es útil y eficaz” al cien por cien, porque se quedan algunas cosas atrás. Ha indicado que las principales preocupaciones de su grupo se han centrado en garantizar tanto la transparencia en la concesión de licencias como la independencia de los medios de comunicación respecto a los poderes políticos y financieros, o en evitar la precariedad de los profesionales. Ha señalado que para que la ley sea útil debe cumplir con los objetivos que se marcaron hace ya cinco años, pero lamentablemente “se queda a mitad de camino, porque sigue generando algunas frustraciones”.

El diputado de Podemos Jesús Romero ha manifestado que durante el trabajo parlamentario se ha ido mejorando a pasos agigantados el texto de la ley y ha indicado que era “imperativo y urgente” que Andalucía contara con una norma de este tipo, frente a una ley estatal que “en nada ayudaba” al desarrollo de esta industria. Ha considerado que queda todavía “un margen de mejora” en el sector audiovisual, debido a la “laxitud” que existe en la exigencia del cumplimiento de servicio público a emisoras de carácter privado de tipo comercial. Ha defendido que con la nueva norma, que espera que no se quede en “papel mojado”, existen bases para el fortalecimiento del sector público y reforzar el papel de la RTVA.

En representación de Ciudadanos (Cs), la diputada Isabel Albás ha señalado que esta ley es “necesaria para regular un sector que lo viene demandando desde hace años” y que “avanza día tras día”. De igual modo, ha aprovechado la ocasión para recordar la demanda de su grupo sobre la necesidad, a su juicio, de “reducir el número de miembros” del Consejo de Audiovisual de Andalucía y “profesionalizar más” sus cargos.

También el parlamentario de IULV-CA José Antonio Castro ha considerado que Andalucía “necesitaba” esta ley Audiovisual, que “se aprueba por primera vez en esta tierra” y que “trata de regular una actividad que ha superado a la escasa normativa que existía”. Además, ha citado los elementos que “más le preocupaban” a su grupo en la tramitación de este ley, entre los que ha destacado el del papel de los medios comunitarios.

Finalmente, en el debate en el Pleno también ha intervenido la diputada no adscrita, María del Carmen Prieto, al haber mantenido 'vivas' algunas de las enmiendas que había presentado a este proyecto.

CONTENIDO DE LA LEY

La Ley Audiovisual de Andalucía cubrirá aspectos insuficientemente desarrollados por la legislación estatal básica en vigor desde 2010 (la Ley General de la Comunicación Audiovisual), sobre todo en lo relativo a la ampliación de los derechos de los usuarios, la protección de los menores, la participación de la ciudadanía, el control de las emisiones ilegales y reforzamiento de las sanciones. Una de sus principales novedades, también a nivel nacional, será la regulación de ámbitos del sector hasta ahora sin reconocimiento normativo, como es el caso del servicio público audiovisual que prestan universidades y centros docentes.

Respecto a los derechos, el proyecto de ley amplía su catálogo considerando a los usuarios no sólo como destinatarios de los servicios sino como parte integrante de la comunicación audiovisual. En este sentido, establece medidas para mejorar el acceso de la ciudadanía a los medios y el adecuado reflejo de la diversidad política, cultural y social de la comunidad.

También impone obligaciones concretas a administraciones y medios de comunicación para la protección de los menores en sus derechos al honor, la identidad y la imagen, además de garantizar el conocimiento de los contenidos de los servicios de televisión y sus horarios de emisión con una antelación suficiente.

Con el fin de facilitar la implicación de la sociedad, el proyecto recoge la creación del Consejo de Participación Audiovisual de Andalucía, que estará integrado por representantes de la ciudadanía y de los agentes del sector y funcionará como garante de los derechos de la población en relación con la comunicación audiovisual.

La futura ley afectará a todos los prestadores de servicios en este ámbito, incluyendo los privados, los públicos locales y el autonómico. Por primera vez en España, también se reconocerá y se dará cobertura legal a los que surgen en los ámbitos de las universidades y los centros docentes públicos, así como a los comunitarios sin ánimo de lucro. Con la definición de las condiciones de prestación, la gestión de sus licencias y el control y supervisión de su funcionamiento, el proyecto alcanza así la regulación integral de todos los ámbitos del sector.

En relación con el apoyo a la actividad económica y empresarial audiovisual, se establecen las bases de un sistema de incentivos y ayudas a la financiación para respaldar proyectos de creación, producción, distribución, exhibición y promoción exterior.

En cuanto al régimen disciplinario, el proyecto tipifica nuevas infracciones y sanciones (que irán desde los 10.000 a los 200.000 euros) para los casos de incumplimiento de esta colaboración y también para quienes realizan comunicaciones comerciales con prestadores del servicio sin licencia. El texto actualiza las cuantías previstas en la ley básica para hacerlas más acordes con la realidad y dimensión del sector audiovisual en Andalucía.