EDUCACIÓN
El Instituto de Educación Secundaria Puerto de la Torre de Málaga, al que acuden cada día más de 700 alumnos y setenta profesores, se quedó sin limpiadoras el pasado noviembre. El equipo directivo se encontró entonces con que no había personal para limpiar los baños, las aulas o el patio: de las tres personas contratadas por la Junta de Andalucía, dos estaban de baja desde hacía meses, y la tercera, sobrecargada por un trabajo tan físico, acabó por lesionarse. Ante la falta de limpiadoras, el centro tuvo que alterar los horarios del patio (por ejemplo, para Educación Física) y acabó contratando una persona usando para ello fondos destinados a priori a su funcionamiento ordinario, lo cual genera un descuadre presupuestario.
La situación de este centro educativo es extrema, pero no extraña. Sindicatos y equipos directivos vienen denunciando desde hace años la lentitud con la que la administración autonómica cubre las bajas de conserjes, administrativos o personal de limpieza en los centros educativos, una denuncia que se hace extensiva a gran parte de los servicios que se prestan a través de la contratación de personal laboral. También alertan de que el déficit de personal, lejos de reducirse, está aumentando.
El pasado otoño, el sindicato USTEA-ASP convocó concentraciones a las puertas de varios centros educativos sevillanos con este problema. Este comienzo de año la protesta se ha extendido a Málaga, una provincia que el sindicato considera “especialmente castigada”.
“No se está cubriendo prácticamente nada y hay situaciones con seis meses de baja”, denuncia Encarnación González, portavoz del sindicato y del comité de empresa de Educación en Málaga. “La RPT [relación de puestos de trabajo] de cada centro no se ajusta nunca a la realidad de la ocupación”, explica. En las últimas semanas, ha acudido a centros de Marbella, Vélez-Málaga y la capital, en los que las vacantes llevan meses sin cubrirse.
González pone como ejemplo el IES Emilio Prados de la capital, cuya RPT contempla seis puestos de personal de limpieza, siempre bajo contratos laborales. Uno de esos puestos no tiene dotación presupuestaria: a efectos prácticos, no existe. Y de los otros cinco, uno se jubiló el año pasado, otro renunció el año pasado y dos han estado de baja, una de ellas desde junio, sin que se hayan cubierto ninguna de estas vacantes o bajas hasta fechas recientes.
Fuentes del equipo directivo confirman que han pasado una “racha bastante mala”. “Hemos estado más de un mes con una limpiadora. Imagina una sola limpiadora para todos los baños. Aunque los niños pongan más cuidado, una persona no da abasto para todo”. Se trata de un “macrocentro” con casi 1.000 alumnos y 10.000 metros cuadrados de superficie, que ofrece además horario nocturno.
La falta de personal suficiente obliga a los centros a modificar sus horarios o, cuando menos, rebajar sus estándares de limpieza. El IES Puerto de la Torre llegó a quedarse sin la única limpiadora que tenía. “Es un trabajo en el que mujeres que rondan los 55 años pueden mover 500 sillas al día, lo que facilita que ocurran lesiones y bajas. Si hay una de baja, vamos tirando, pero si son dos la que queda acaba reventada”, dice José Daniel Felip, vicedirector del centro. Ahora ha recuperado a dos de sus contratadas, pero son insuficientes para limpiar todo, de modo que limpian diariamente dos de las tres zonas en que se divide.
A ello se añade que el conserje jubilado en octubre aún no tiene sustituto sustituido y no hay perspectivas de que ello ocurra a corto plazo. Un miembro del equipo directivo se integra con los otros dos conserjes en los turnos para abrir el centro por las tardes.
A comienzo de curso, Comisiones Obreras denunció que había 1.257 puestos de personal laboral vacantes en los centros educativos andaluces, debido a sobre todo a jubilaciones sin cubrir de personal de limpieza, ordenanzas o administrativos.
La falta de cobertura adecuada afecta a los cinco grupos de personal laboral contratado, que prestan servicios no educativos en los centros de infantil, primaria y secundaria: médicos, psicólogos y pedagogos (Grupo I); educadores ordinarios y de infantil (Grupo II); PTIS, monitores escolares y técnicos de educación infantil (Grupo III); cocineros (Grupo IV); y personal de limpieza, ayudantes de cocina y servicios generales, como ordenanzas (Grupo V), que es el que peor se cubre.
Estos problemas afectan a los centros educativos desde tiempos casi inmemoriales, pero según USTEA y fuentes de los propios centros, se han agravado en los últimos años. Las fuentes apuntan al “sistema”. “La gente hace su trabajo, pero el sistema no funciona. Yo llamo y sé que el papeleo se está haciendo, pero en algún momento, algo falla”, apunta el director de un centro: “Farragoso ha sido siempre, pero una situación tan generalizada como hasta ahora no se había vivido”. “Hay que hacer un sistema más ágil”, reivindica el vicedirector del IES Puerto de la Torre.
Entre las posibles explicaciones está la participación de departamentos diversos. Educación tiene su propia Consejería y recibe las peticiones de los centros, pero la contratación de personal laboral es competencia de la Consejería de Justicia, Presidencia y Función Pública, que a su vez recurre al Servicio Andaluz de Empleo, dependiente de la Consejería de Empleo.
USTEA denuncia que hay “pésima gestión de las sustituciones” y “falta de voluntad para cubrir la mayoría de ellas”. Su portavoz en Málaga también observa que esta situación genera un ahorro presupuestario a la administración. “Función Pública fija una dotación económica para cada provincia”, comenta Encarni González. “Si la administración necesita dos meses para dar cobertura, eso que se está ahorrando. Y después dice que no hay dinero, cuando ya está dotada en el Presupuesto”. La sindicalista explica que, tras dos años sin cubrir, una plaza puede amortizarse.
La Consejería de Función Pública no confirma la cifra que dan los sindicatos, ni ofrece una alternativa. Sí señala que el personal laboral de los centros educativos “que causa baja temporal es siempre sustituido” (sin aclarar en qué plazo), y que las plazas vacantes libres indispensables asistenciales se han cubierto. “Otras menos urgentes, no siempre, por limitaciones legales establecidas por el Estado en el tema de tasas de reposición”.
En este ejercicio y “aprovechando cierta flexibilidad” con la tasa, se estarían cubriendo “todas las que la Consejería nos indica como necesarias”. De esta forma, estaría reevaluando la necesidad o no de cubrir una plaza al margen de lo establecido en las RPT vigentes. Además, la Consejería está revisando las plantillas de los centros educativos “para que respondan a las necesidades actuales”, según fuentes de la administración.
En los manifiestos que leen a las puertas de los centros, USTEA lamenta que algunos centros estén “al borde del colapso por falta de personal, con plantillas sobrecargadas de trabajo expuestas a riesgos en su salud”. El sindicato cree que hay una estrategia a largo plazo, consistente en privatizar servicios que sustituye al personal laboral propio (es el caso, por ejemplo, de las PTIS), parcheando el problema, generando precariedad, inestabilidad y una mayor conflictividad laboral.
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