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La pesca artesanal quiere su parte de atún, el nuevo “oro rojo”

El alga Rugulopteryx okamurae, en la proa de un barco que faena en el Estrecho

Néstor Cenizo

1 de julio de 2022 20:32 h

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Juan Antonio Fernández tiene 30 años, es hijo y nieto de pescadores y compró su barco, Hermanos González Franco, porque le pareció lógico seguir la tradición familiar. Un lustro después, todavía lo está pagando y cada cierto tiempo piensa en venderlo. “No es sólo que no ganes, sino que hay temporadas que pierdes dinero”. La semana pasada, por ejemplo, apenas sacó 170 euros limpios para cada tripulante.

Fernández ha trasladado su barco de Barbate a Conil, donde ahora vende. Como no es su lonja, debe pagar una tasa superior, del 12% en lugar del 8%. Pescar en otro caladero le obliga también a cargar más gasoil, cada vez más caro. “Antes echábamos 50 euros para todo el día. Ahora, 100 o 120”, dice. Luego tiene que regresar en coche, otro pico en gasolina. Pero no tiene más remedio: “Si tiras de Conil hacia Cádiz hay alga, pero menos. Pero es que en Barbate es una barbaridad”. Conoce al menos cinco barcos de Barbate que ya prefieren descargar en Conil. En esta zona, gran parte de la flota se queda en tierra cuando hay marea alta o mar de fondo, que levanta las algas del fondo a la superficie.

Al alza de precios del gasoil, los pescadores artesanales del golfo de Cádiz y parte de Alborán suman un problema verde y viscoso, el alga invasora rugulopteryx okamurae, que cubre sus redes desde hace cinco años, con más intensidad en verano. Por eso, la Federación Nacional de Pesca Artesanal (FENAPA) está pidiendo al Ministerio de Agricultura y Pesca que permita a estas pequeñas embarcaciones capturar algo de atún, ahora que la especie está recuperada, pues les ayudaría a mantenerse a flote.

Cuando eso ocurre, el desastre es absoluto. Estos pequeños barcos, que faenan a poca distancia de la costa con artes de pesca artesanales (el trasmallo, las nasas, el palangre) suben redes que parecen alfombras tapizadas de alga. Apenas hay pesca esos días. Y lo más probable es que, enredada, el alga acabe rompiendo la red por el peso. Por si fuera poco, el alga estaría desplazando especies de bajura habituales de la pesca artesanal.

Un grupo de trabajo del Ministerio para la Transición Ecológica trabaja en una Estrategia de Gestión, Control y posible Erradicación del Alga Invasora, a pesar de que el ministerio admitió en su día que la erradicación en este momento es “inviable”, tal y como señalan la mayoría de expertos.

El grupo de trabajo se constituyó en febrero de 2021, el borrador de la estrategia será analizado a mediados de julio de 2022 y la estrategia podría aprobarse a fin de mes, según el ayuntamiento de Tarifa, cuyo alcalde participó en una reunión esta misma semana. Pero los ritmos de expansión del alga no son los de la administración: los expertos alertaron de la presencia del alga en esta zona del Mediterráneo en marzo de 2017. Pidieron entonces su declaración como especie invasora, pero eso no ocurrió hasta cuatro años después.

En paralelo, se estudia cómo se puede dar uso comercial al alga. Pero nada de esto le sirve a los pescadores, para los que de momento no hay solución.

Capturas reducidas a un tercio

FENAPA advierte de que la situación puede derivar en un problema social. La asociación, constituida en 2018 para paliar un déficit de representatividad en el sector, está integrada por unos 500 barcos de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Galicia, cada uno con tres o cuatro tripulantes. De momento, el problema del alga se circunscribe a la zona más occidental del Mediterráneo, entre Alborán y el Estrecho, pero los expertos hace tiempo que constataron su capacidad expansiva. Los propios pesqueros la “siembran” al trasladarla en el casco o en las redes.

“Tenemos barcos con históricos de 15000 kilos que ahora pescan 500”, asegura Mari Carmen Díaz, presidenta de FENAPA. Según un informe elaborado por la Universidad de Málaga y el ministerio, las capturas en el Mediterráneo español se han reducido en todas las especies propias de la pesca artesanal. Las capturas de choco, por ejemplo, han pasado de 45.816 kilos en 2014 a 12.842 el año pasado; las de merluza, de 1.159 a 115; las de salmonete de fango, de 18.189 a 2.129; el sable ha desaparecido por completo: los 599.840 kilos (vendidos por 1.325.000 euros) han pasado a cero. Esta especie se ha marchado, y los pescadores lo atribuyen a la colonización del alga, que tiene un desagradable sabor amargo.

Desde hace dos años, FENAPA insiste en que la solución está al alcance de sus redes. “Un atún por barco y día en Conil, Barbate, La Línea, Tarifa y Adra, como medida excepcional”, resume junto al puerto de Caleta de Vélez Mari Carmen Díaz, hija de pescadores y hoy propietaria al 50% de un barco. Desde que constituyó la federación, se ha embarcado en una pugna con las administraciones y otras flotas pesqueras por una de las especies más preciadas del Mediterráneo, ya recuperada de una pesca intensiva, por momentos sin escrúpulos, que la llevó al límite de la supervivencia.

Ahora, estos pescadores ven pasar a su lado al llamado “oro rojo”, pero la mayoría no puede tocarlo. De la cuota de atún rojo asignada por la Unión Europea a España, 6.093,28 toneladas, la flota de artes menores del Mediterráneo recibe el 2,87%, y la de buques artesanales del Estrecho, el 0,89%. En cambio, el 25,23% se asigna a la flota de cerco (un tipo de pesca intensiva y de carácter industrial), el 24,22% a la almadraba y el 19,36% a la flota de cebo vivo del Cantábrico, Caladero Cantábrico Noroeste.

Los pescadores denuncian que la situación es especialmente sangrante este año, cuando observan más descartes que nunca por parte de otras pesquerías más agraciadas. En un vídeo grabado hace pocos días, los tripulantes de un buque van señalando atunes flotando sobre el mar, hasta casi una decena. Son ejemplares que no interesan por su peso, por estar dañados o por ser demasiado grasos, y que los buzos de la almadraba descartan de la red. FENAPA ha pedido a la Dirección General de Pesca que investigue estos hechos. “Lo que queremos es que antes de que se descarten esos ejemplares, la pesca artesanal afectada por las algas puede acceder y comercializar el recurso”, pide Díaz.

El Ministerio de Agricultura y Pesca no ha contestado a las preguntas remitidas por elDiario.es Andalucía sobre los criterios de reparto y su respuesta a las peticiones del sector.

El criterio histórico de reparto y la transferencia de cuotas

Para repartir la cuota española de atún rojo, la secretaría general de pesca se basa como criterio principal en el histórico de capturas, tomando como referencia los años 2014 a 2018. Esto beneficia al que más captura, lo que para los barcos pequeños ya es un condicionante. Pero, además, se da la circunstancia de que en aquellos años la pesca artesanal tenía vedada la pesca de atún rojo, con el fin de facilitar su recuperación, por lo que no puede demostrar captura alguna. “La pesca artesanal siempre ha pescado atún cuando va del revés, cuando ya ha desovado, y de manera natural. Ahora nos encontramos con un plan de recuperación que nos deja fuera de juego”, lamenta Díaz.

Denuncia que la distribución de la cuota beneficia descaradamente a la pesca industrial, un tipo de pesca intensiva (el cerco dura cinco semanas), con lo que ello conlleva: un impacto muy limitado en el empleo y un fuerte impacto sobre el recurso. Además, el sistema premia al que captura más kilos aumentando progresivamente su asignación cada año. “Así se premia al que esquilma el recurso, lo que pone en peligro la especie”, dice Díaz.

Otra consecuencia es la especulación, ya que la cuota asignada a cada barco se puede vender o alquilar. La norma lo llama “transmisión de posibilidades”. “Hay barcos amarrados con cuota que no pescan. Habría que retirar la cuota si no se pesca, porque están privando a muchas familias de su sustento para especular. Es una práctica aberrante que privatiza un recurso público. Los peces no son ganado: si no lo tengo a bordo, no es mi recurso. Pero han transformado el recurso en dinero”.

En cambio, los barcos de pesca artesanal que pueden capturar atún rojo lo hacen con una autorización especial intransferible, que les permite capturar 560 kilogramos, tres o cuatro atunes por año. Pero la mayoría carece de esa autorización. En puertos como Adra o Barbate, ninguno la tiene.

Otra diferencia está en el precio. Mientras que una parte importante de los atunes de almadraba tiene precio cerrado con Japón, donde se paga en torno a 30 euros el kilo, los pocos ejemplares de la pesca artesanal compiten en el mercado con los capturados por los barcos marroquíes. Son ejemplares del mismo caladero, pero los buques marroquíes tienen unas exigencias sanitarias, fiscales o laborales muy reducidas. El resultado es que empujan el precio a la baja, hasta los 12 o 14 euros el kilo en lonja.

Los criterios de la política pesquera común

Para FENAPA, la fórmula de reparto es injusta, desproporcionada y no se ajusta a la política pesquera común de la UE. Por eso, el año pasado recurrieron en alzada el criterio de reparto. “Se ha desdeñado el valor medioambiental y de sostenibilidad del sector tradicional en favor del beneficio desmesurado de la industria, seguramente mejor posicionada en los momentos de adopción de estas decisiones”, se lee en ese recurso, que acusa a la administración de dar carta de legalidad a un sistema que privatiza el mar mediante concesiones administrativas, en beneficio de la pesca industrial. La administración rechazó el recurso. FENAPA ha vuelto a solicitar una reunión urgente al ministro Luis Planas.

El Reglamento sobre la Política Pesquera Común recoge que los estados miembros deben esforzarse por ofrecer un “acceso preferencial a la pesca a pequeña escala, artesanal y costera”. También obliga a aplicar criterios “transparentes y objetivos”, incluidos los de carácter medioambiental, social y económicos. Y recoge algunos: el impacto de la pesca en el medio ambiente, el historial del cumplimiento, la contribución a la economía local y los niveles históricos de captura. “En teoría prima la sostenibilidad económica, ambiental y social. ¿De qué sostenibilidad estamos hablando aquí?”, se pregunta Mari Carmen Díaz.

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