“Piotr, ¡perdónanos!”, la muerte que puso el foco en la atención sanitaria a los sin techo
El 2 de octubre de 2013, hace este jueves un año, fallecía en un albergue municipal de Sevilla un joven indigente de nacionalidad polaca mientras esperaba para comer. Las circunstancias de su muerte, horas después de haber sido dado de alta en un hospital, sirvió para llamar la atención acerca de cómo se desarrollaba la asistencia sanitaria en las urgencias hacia personas sin techo y cómo se establecía la coordinación con los servicios sociales. Su autopsia desveló que debió haber sido ingresado por el “estado de desnutrición severo” que presentaba. Una “muerte social”, coetánea de la crisis y los recortes, que motivó la actualización del procedimiento marco de atención a personas en situación de riesgo social en los servicios de urgencias andaluces, que cada centro debe aplicar en sus protocolos específicos.
La Consejería de Salud asegura que, desde la pasada primavera, todos los gerentes de los 47 hospitales de la red pública andaluza cuentan con la actualización del procedimiento marco para la atención sanitaria para personas en riesgo social. Se trata de un documento que actualiza los criterios mínimos que han de servir de base para que cada centro hospitalario renueve su propio procedimiento específico, según consta en el documento de cinco páginas al que ha tenido acceso eldiario andalucia.
El documento insiste en la necesidad de “planificar el alta de los pacientes en situación de riesgo social”, “facilitar la utilización del recurso social más adecuado en cada caso” y “garantizar la atención socio-santaria” de los mismos, especificando que “el paciente no será dado de alta, permaneciendo en urgencias o ingresando en observación o en planta hasta tanto se le gestiona el recurso social necesario”.
Un caso “indicativo de hospitalización”
Piotr, aquella madrugada, debió ser hospitalizado antes de ser redirigido al albergue, según las conclusiones definitivas de los forenses. El asunto está judicializado y tres médicos que supuestamente le atendieron declararán el mes que viene como imputados. El coordinador de la Unidad de Urgencias del Virgen del Rocío también está citado como testigo. El hospital, antes de conocerse la autopsia definitiva, ya defendió que, a su entender, se dio la atención correcta al indigente. La personación en la causa del Servicio Andaluz de Salud ha sido recientemente aceptada por la jueza que investiga el caso.
El pasado marzo, la consejera de Salud presentó al Defensor del Pueblo Andaluz el diseño del mencionado protocolo. El departamento que dirige Jesús Maeztu investiga actualmente una queja de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) para que indague cómo se aplica realmente el nuevo procediiento marco que, en palabras de José Manuel Galiana, subdirector de Gestión y Resultados en Salud, trata de establecer un “alta garantista” a personas en riesgo social desde las UGC de Cuidados Críticos y Urgencias del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Según recuerda Galiana a eldiario andalucia, el objetivo reside en “homogeneizar” el proceso, así como hacer ver a los centros hospitalarios que dispongan de guías “actualizadas” de recursos sociales comunitarios. La actualización del procedimiento insta a cada centro a que se designen profesionales responsables en las áreas de urgencias que informen a la Unidad de Trabajo Social de la presencia de pacientes en posible situación de riesgo social.
Apdha cree que no ha sido “una excepción”
De cualquier forma, la Oficina del Defensor, a instancias de APDHA, ha solicitado recientemente a la Junta que le haga llegar el protocolo de atención en urgencias a las personas con “problemática social” que estaba vigente en octubre de 2013 así como el nuevo modificado tras el fallecimiento de Piotr Piskozub. La asociación ha querido informar al Defensor que, por su trabajo de “contacto directo con personas sin hogar y profesionales que trabajan en su atención, tenemos el convencimiento de que casos como este, aunque sin consecuencias tan trágicas, no han sido una excepción en la asistencia hacia este colectivo”, según consta en su queja, admitida a trámite. El Defensor abrió en su momento una queja de oficio por la muerte de Piotr y la Junta una investigación interna, por cuyos resultados también se ha interesado APDHA.
“Si hubiese sido ingresado, se habría podido diagnosticar y tratar las patologías por las que falleció horas después (neumonía y tuberculosis), incluso entendemos se podría haber salvado su vida”, considera la cooperativa Jarsia Abogados, que ejerce la acusación particular en nombre de la madre y el hermano de Piotr. “Es indignante el alta médica de una persona enferma con síntomas de desnutrición, en el que únicamente se le deriva a servicios sociales”, señalaron.
Los abogados de la familia de la víctima atribuyen los hechos “a una mala praxis que no sabemos si es general debido a la ineficiencia de los protocolos, a los recortes en salud o en particular de los médicos que le atendieron”. El caso ha avanzado judicialmente y se podría ir esclareciendo a partir de las pruebas que se vayan practicando y las declaraciones acordadas por el juzgado.
