Colectivos ciudadanos y asociaciones cristianas llevan su denuncia contra las inmatriculaciones a Bruselas

La lucha para denunciar las inmatriculaciones de miles de bienes llevadas a cabo por la Iglesia en España llega este martes a Bruselas. Será allí, en el Parlamento Europeo, donde los representantes de colectivos ciudadanos y asociaciones de cristianos de base denunciarán ante los grupos de la Eurocámara la práctica llevada a cabo en los últimos años por la jerarquía eclesiástica al inscribir a su nombre en el Registro de la Propiedad toda clase de bienes sin tener que certificar su propiedad gracias a la Ley Hipotecaria antes de su última reforma.

Así, serán cinco los colectivos que han aunado fuerzas en esta lucha y que serán escuchados en Bruselas. De un lado, la plataforma por la Mezquita-Catedral de Córdoba como patrimonio público, la plataforma en Defensa del Patrimonio de Navarra y, al unísono en esta denuncia, estarán Europa Laica y las asociaciones Redes Cristianas y Comunidades Cristianas Populares.

Los colectivos, que han pasado en meses anteriores por reuniones con grupos políticos en distintas cámaras de representación en España, han seguido la hoja de ruta marcada para elevar su denuncia hasta Europa. Quieren que la Eurocámara les escuche hablar sobre “el escándalo de las inmatriculaciones de la Iglesia, que le ha permitido apropiarse de miles de bienes de dominio público en todo el país gracias al artículo 206 de la Ley Hipotecaria”.

“Aunque la disposición ha sido ya reformada, dada su evidente inconstitucionalidad, no tiene carácter retroactivo y, de hecho, consolida todas las inmatriculaciones efectuadas en virtud de una ley predemocrática que equipara a la Iglesia con el Estado y concede a los diocesanos el rango de fedatarios públicos”, como ya informó eldiario.es/Andalucía.

Los colectivos que viajan a Bruselas quieren exponer ante los ojos internacionales el calado de su denuncia con ejemplos de las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia tan internacionalmente conocidos como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla. Pretenden así mostrar “la dimensión de un problema que afecta a la práctica totalidad del patrimonio histórico de España”, incluidos los dos ejemplos citados como “dos de los monumentos más importantes del mundo”.

Altavoz internacional para una denuncia sin respuesta en España

Los representantes de los cinco colectivos que estarán en Bruselas van a hacer llegar al Parlamento dos preguntas parlamentarias sobre este asunto, una referida a las inmatriculaciones y otra a la defensa de la Mezquita de Córdoba, para las que esperan “concitar el mayor número posible de apoyos entre los grupos de la Cámara de la Unión Europea”.

De hecho, según ha señalado los colectivos, “varios partidos han contestado ya afirmativamente a la petición ciudadana” y, “en todo caso, el propio martes se analizará conjuntamente con los europarlamentarios otras vías políticas de actuación, dentro de los cauces reglamentarios de la Unión Europea”.

Tratan así de encontrar un altavoz internacional a la denuncia que ya han llevado a los parlamentos navarro y andaluz, al Senado y al Congreso de los Diputados en España. “El escándalo de las inmatriculaciones de la jerarquía católica -señalan- da de esta manera un salto crucial a la esfera europea, por cuanto representa una clara vulneración de uno de los valores comunes, como es la separación entre Iglesia y Estado y la perpetuación de un privilegio arcaico incompatible con un Estado democrático y de derecho”.

La respuesta de los grupos parlamentarios en Bruselas se verá el martes. Pero los colectivos de defensa del patrimonio histórico han declarado “confiar en una mayor comprensión en Europa del grave problema que representa la monumental apropiación de inmuebles de dominio público por parte de la jerarquía católica que hasta hace escasos años nunca habían accedido al registro de la propiedad privada”.

Las plataformas han explicado por último que, “hasta ahora todas las iniciativas para evitar el expolio cultural se habían atascado en sede parlamentaria”, ya que “ni en el Congreso de los Diputados, ni en los parlamentos autonómicos de Navarra y Andalucía, se lograron sumar apoyos parlamentarios mínimos para elevar un recurso de inconstitucionalidad contra la ya reformada Ley Hipotecaria”.