La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) constata y denuncia que el lugar donde existe un mayor número de enfermos de hepatitis C, proporcionalmente, es en las prisiones y, sin embargo, es el lugar donde menos llega el medicamento adecuado para la curación de esta enfermedad. Un 20% de la población presa tiene Hepatitis C y sin embargo sólo entre un 2,6% y 3% está siendo tratada con los medicamentos apropiados. La APDHA inició una campaña específica sobre el tema en 2013. Asimismo, un grupo de médicos de la prisión de Albolote en Granada ha denunciado, recientemente, esta grave vulneración de derechos.
Desde la APDHA, según indica en un comunicado, señalan que esta es una situación generalizada en las diferentes prisiones del Estado español y por tanto una violación de los derechos humanos. Por todo ello, siguiendo nuestra línea de trabajo desde hace años, no podemos sino sumarnos a las campañas de la Plataforma de afectados por la Hepatitis C.
La causa de esta situación se debe a que la atención primaria en las prisiones está gestionada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y que los médicos de prisiones son profesionales que se ven limitados por criterios de seguridad y de orden regimental, y no exclusivamente por criterios de salud, al depender directamente del Ministerio de Interior, según APDHA.
Mientras que, en el exterior de estos centros, estos medicamentos de nueva generación comienzan a dispensarse, paulatinamente, con criterios exclusivamente sanitarios a los enfermos que cumplen los requisitos establecidos por la comunidad científica, la atención a los enfermos que se encuentran en las prisiones, y que igualmente reúnen estos requisitos, está condicionada por razones que poco tienen que ver con los criterios sanitarios.
Así pues, la persona que está en prisión ve restringido su acceso a un tratamiento imprescindible para seguir viviendo, por el simple hecho de estar en la cárcel. Evidentemente estamos ante una grave violación de los derechos fundamentales de estas personas, denuncia la asociación.
La causa de la restricción que sufren las personas enfermas de Hepatitis C que están en prisión radica en quién se hace cargo del coste del medicamento, si instituciones penitenciarias o si las comunidades autónomas que tienen conciertos con las prisiones, olvidándose de que la Ley General penitenciaria establece que “a las personas presas se les garantizará una asistencia sanitaria equivalente a la dispensada al resto de la población, también en prestaciones farmacéuticas y complementarias”.
Resulta curioso que hasta la aparición de los nuevos fármacos, de precio más elevado, prisión no se negara a su dispensación, recuerda APDHA. Desde 2006 hasta la actualidad se ha recortado un 48% el gasto en hepatitis C, según la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Ello choca con haber derrochado 160 millones de euros en la construcción de prisiones, como la de Archidona (Málaga), de cuya necesidad duda ahora el Gobierno, así como medio millón al año en mantenimiento y vigilancia de este y otros espacios cerrados e inutilizados.
Por otro lado, también a nivel sanitario, es llamativa la situación de las personas con enfermedades mentales que, a veces, cumplen en la cárcel no una pena, sino una medida de seguridad. Como denuncian los propios médicos, la prisión no es el lugar adecuado para estas personas. La de Albolote (Granada) fue pionera en establecer un módulo especial para estos enfermos. Sin embargo, dada la falta de espacio y la gran cantidad de internos con problemas de drogadicción, se fueron incorporando a este módulo personas con problemas de otra índole. Así, en la actualidad, los enfermos mentales ingresan en su mayoría en el módulo terapéutico donde se mezclan personas con problemas de deshabituación a las drogas, con personas con enfermedades psiquiátricas graves o, en otros casos se les lleva a la enfermería que no es, ni mucho menos, el sitio para tratarlos en buenas condiciones.