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PP y Cs ultiman una nueva subasta de medicamentos en Andalucía pese a prometer su eliminación en campaña electoral

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo , durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En Sevilla (Andalucía, España), a 15 de diciembre de 2020.

D. C. / Agencias

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El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos dejará que el modelo de subasta de medicamentos que impulsó el anterior Ejecutivo socialista se “extinga” el próximo 22 de diciembre, y acto seguido pondrá en marcha “un nuevo modelo de accesibilidad” de la Administración pública a los fármacos “con prescripción por principio activo”, que se parece mucho al sistema anterior. La Junta convocará una puja en la que podrán competir distintos laboratorios, sin limitación, y cuyo objetivo es el mismo que antes: abaratar el presupuesto público de medicamentos que se dispensa en los hospitales y centros de salud de la Junta de Andalucía. Es una subasta, aunque el Ejecutivo sostiene que “no tiene nada que ver con una subasta”.

El anuncio de que el Gobierno de PP y Cs va a mantener el modelo de compra de fármacos que ideó el PSOE, recogido en una enmienda a los Presupuestos andaluces de 2021 y adelantado este martes por Diario de Sevilla, ha soliviantado a la clase política y, sobre todo, al Colegio Andaluz de Farmacéuticos, que enseguida ha salido en tromba reprochando a la Junta que hayan “incumplido una de sus promesas electorales estrella”. En efecto, tanto populares como Ciudadanos llevaban en sus programas e hicieron campaña contra la subasta de medicamentos, que el Ejecutivo socialista implantó en 2012 -en un momento crítico de contracción del gasto público- y que se mantenía hasta hoy.

El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió esta fórmula ante el Tribunal Constitucional (TC) por “invasión de competencias estatales”, y el PP andaluz también acudió a los tribunales, acusando a la Junta de generar “desabastecimiento” de medicamentos esenciales para la salud de los andaluces, y de adquirir los fármacos “más baratos y poco fiables del mercado, provenientes de la India”. En 2016, el TC tumbó sendos recursos y avaló el modelo de subasta de medicamentos, que tiempo después empezaría a usar el nuevo Gobierno central de PSOE y Unidas Podemos. En 2018, el PP andaluz y Cs metieron en sus programas la derogación de este sistema y, tras las elecciones, en enero de 2019, firmaron un acuerdo de Gobierno de coalición que incluía esta medida: “reversión” de la subasta.

Desde entonces, la Junta dejó las convocatorias de subasta de medicamentos ya comprometidas por la anterior Administración, pero no volvió a convocar ninguna otra. Hasta ahora. La Consejería de Salud está ultimando la reforma de la Ley de Farmacia de Andalucía, en vigor desde 2007, que incluirá una fórmula de selección y dispensación de fármacos muy parecida a la anterior. El objetivo es el mismo: reducir gasto farmacéutico. Los sindicatos sanitarios ya habían advertido del aumento del 9,35% del gasto farmacéutico que aparece en el borrador de Presupuestos Autonómicos de 2021, que atribuyen a la “eliminación de la subasta de medicamentos”, y que de mantenerse esta tendencia, alcanzaría el 25% del total del gasto en sanidad.

El portavoz de la Junta y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha insistido este martes en que la Junta “va a desmontar” el modelo de subasta del PSOE. “Se ha desmontado el modelo de subasta de medicamentos ya que no se ha prorrogado ninguna de ellas y se extingue el modelo actual tras la última subasta el próximo 22 de diciembre. El nuevo modelo no es una subasta. Tal y como quedamos con los interlocutores sociosanitarios, se va a poner un marcha un nuevo modelo de accesibilidad a los medicamentos cuya prescripción es por principio activo”, ha recalcado, subrayando que este nuevo sistema, “al contrario que el anterior, no crea desabastecimientos” de fármacos.

Según la Junta el cambio esencial es que “no se limita el número de laboratorios que concurren, mejora la adherencia al tratamiento del paciente (el paciente tendrá libre elección para su tratamiento dentro de los laboratorios seleccionados), ofrece libertad al farmacéutico para la dispensación y aumenta la concurrencia de los laboratorios fomentando la industria farmacéutica en Andalucía”.

Críticas del sector

Por su parte, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof) señala que “ha tenido conocimiento de que el Gobierno andaluz prepara una modificación de la Ley de Farmacia de Andalucía que, lejos de suprimir las subastas de medicamentos, las consolida y revisa con la intención de realizar nuevas convocatorias”, por lo que “se incumple así de forma clara su compromiso electoral, propinando un nuevo aldabonazo moral a la farmacia en un contexto crítico”, en el que todos los profesionales farmacéuticos “están mostrando un máximo compromiso para hacer frente a las necesidades sanitarias provocadas por la pandemia”.

Así lo han indicado desde el Cacof en un comunicado, en el que trasladan al Gobierno andaluz su “más profundo desacuerdo con la pervivencia del modelo de subastas” y le solicitan “su completa reversión”, tal y como “anunció que haría en reiteradas ocasiones, antes y después de las elecciones, incluso en medios oficiales de la propia Junta Andalucía”, aseguran. Desde el Cacof “consideramos que el modelo de subastas no necesita rectificaciones puntuales, sino su anulación; solo así se garantizarán los derechos de los pacientes, la equidad territorial y la autonomía del ejercicio profesional farmacéutico”, insisten, informa Europa Press.

Asimismo, estiman que la sostenibilidad del sistema sanitario requiere de “medidas estructurales complejas, que pasan, entre otros factores, por un mayor aprovechamiento de la farmacia y de los farmacéuticos dentro del sistema sanitario”, tal y como “hemos propuesto en numerosas ocasiones a los responsables de la administración sanitaria y como ha quedado demostrado en los meses más críticos de la pandemia, en los que las farmacias andaluzas han actuado como dique de contención frente a la vulnerabilidad, para que a ningún paciente la faltara su tratamiento --crónicos y pacientes complejos, personas con dificultades de movilidad, etcétera) y para que todos los ciudadanos encontraran la cercanía y seguridad de tener un profesional sanitario accesible a menos de 200 metros de sus casas”.

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