El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos cumple sus primeros cien días el próximo 2 de mayo, pero sus líderes han anticipado el balance unos días [este martes cumple 91] para tener la oportunidad de promocionar su pacto de Gobierno a pocos días de las elecciones generales del 28 de abril. “Confieso que ha sido más fácil de lo que me esperaba”, ha dicho el presidente popular Juan Manuel Moreno Bonilla, en su primera comparecencia junto al vicepresidente y líder de Cs, Juan Marín.
La fórmula andaluza, un Gobierno paritario de PP y Ciudadanos apoyado desde fuera por los votos de Vox, es el objetivo confeso de los candidatos a la Presidencia del Gobierno, el popular Pablo Casado y el líder naranja Albert Rivera. El segundo es más explícito que el primero al tender la mano a Casado para sumar fuerzas. Hasta el domingo compiten por el voto de centro derecha, pero comparten la esperanza de que la aritmética parlamentaria les permita desalojar del poder al socialista Pedro Sánchez. El presidente y el vicepresidente de Andalucía han escenificado este martes la “solidez” de su acuerdo, “la lealtad mutua”, la fórmula positiva y estable que va a generar confianza, seguridad, ilusión y progreso“.
“No puedo hacer una crítica a” Vox
Moreno y Marín, dos dirigentes para un solo atril, han demostrado sintonía para dar la imagen de “coordinación”, de que no existe bicefalia, de que “actúan como un solo Gobierno por encima de intereses partidarios”. Ninguno de los dos ha mencionado a su tercer socio, Vox, de cuyos votos dependen todas las iniciativas legales que impulsa el Ejecutivo, empezando por los primeros Presupuestos Autonómicos que se conocerán en junio. Preguntado al respecto, el presidente de la Junta sí ha valorado positivamente el respaldo “hasta ahora” de la formación de extrema derecha. “Hasta ahora está funcionando, no puedo hacer una crítica a este grupo político”, dice Moreno.
El Consejo de Gobierno ha tramitado este martes las tres últimas de las 21 medidas prioritarias del acuerdo entre PP y Ciudadanos para hacer gala de cumplimiento de objetivos: una modificación legal que limitará a ocho años el mandato del presidente de la Junta y sus consejeros; un anteproyecto de ley para blindar al profesorado andaluz como autoridad pública -la misma protección jurídica que tienen los sanitarios-; y un plan de coordinación entre administraciones sobre las políticas migratorias, sobre todo entre el Gobierno autonómico y el central. Sobre este último punto, Vox reclamó al PP que el Sistema Andaluz de Salud proporcionase a la Policía Nacional los datos de los inmigrantes sin papeles que pasasen por sus consultas, pero Marín ha negado tajantemente que el plan previsto tenga nada que ver con esto. “En absoluto veo reflejado aquí ningún haz de luz sobre la posición de Vox en este asunto”.
Dura oposición
El vicepresidente también ha anunciado que las 12 auditorías sobre la anterior Administración socialista que encargó el primer Consejo de Gobierno “ya están terminadas”, pero que los resultados se presentarán la semana que viene, “para evitar influir en los resultados de las elecciones del domingo”. Eso no ha evitado, sin embargo, que Moreno y Marín hayan desplegado una dura oposición contra la gestión del anterior Ejecutivo socialista, a quien han acusado de saquear las arcas públicas por su “mala gestión, indolencia e irresponsabilidad”. “Es como si cada día abrieran las ventanas de San Telmo -sede de la Junta- y tiraran fuera sacos llenos de billetes de 500 euros”, ha explicado, gráficamente, el presidente.
Moreno ha hablado de un “legado claramente negativo” y de una “situación delicada” de las finanzas andaluzas. Las macrocifras, que el PSOE considera “manipuladas”, hablan de 26.933 millones de euros sin ejecutar; casi 3.000 millones en subvenciones sin justificar; 4.600 millones de deuda “pendientes de cobro que la Junta no ha reclamado a sus acreedores, y 762 millones en condenas judiciales contra el Gobierno”. El presidente también ha insistido en el medio millón de andaluces que, asegura, el PSOE dejó fuera de las listas de espera en sanidad, y los 34.000 que no aparecen en las listas de atención a dependientes. Moreno afirma que algunas de estas “chapuzas” de gestión “rozan la ilegalidad”, pero matiza: “En el ámbito judicial no tenemos constancia aún [de algo ilegal], pero no descarto que lo haya y, en ese caso, acudiremos a los tribunales”, añade. El líder popular ha sentenciado que el Gobierno de Susana Díaz “en términos políticos debería haber estado inhabilitado”.
Los socios no esperan que el resultado del 28A, sea el que sea, trastoque la “hoja de ruta” del Gobierno bipartito en Andalucía. “Éste es un acuerdo para los cuatro años de legislatura, llueva, granice o haga viento”, subraya Moreno, que dice no temer lo que digan las urnas.
Fuentes de la Junta admiten que si la alianza a tres de PP, Cs y Vox no cuaja en el conjunto del país, la relación entre partidos en Andalucía puede “enturbiarse”, sobre todo si la formación de Santiago Abascal endurece sus exigencias para sacar adelante los Presupuestos de 2019, que empezarán a negociarse en junio. El equipo de Moreno Bonilla descarta, “por ahora”, que Vox vaya a pedir entrar en el Gobierno andaluz tras las generales, y vaticina que los miembros de su gabinete serán los mismos al final de la legislatura.