PP, Cs y Vox se alían en el Parlamento andaluz para amnistiar cultivos que usan agua de Doñana de manera ilegal

La proposición de ley que abre la puerta a la regularización de más de 1.400 hectáreas que utilizan de manera ilegal agua de Doñana para sus cultivos, principalmente frutos rojos, ya está registrada para que inicie su tramitación parlamentaria, y además por partida doble: una propuesta idéntica ha sido rubricada por el PP con un lado con Cs y por otro con Vox, como se ha hecho en varias ocasiones a lo largo de la legislatura para que los naranjas puedan alegar que formalmente no ha pactado nada con la formación de ultraderecha. Lo cierto es que esta alianza a tres bandas garantiza los votos necesarios para que salga adelante una iniciativa que según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el organismo encargado de las concesiones de agua, carece de seguridad jurídica, genera falsas expectativas en los agricultores y “pone en el disparadero internacional” a Doñana.

La doble proposición de ley lo que busca en esencia es modificar el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana, el conocido popularmente como Plan de la Fresa aprobado en 2014 para intentar poner coto a la sobreexplotación del acuífero del Parque Nacional con pozos ilegales. La norma determinó entonces que era suelo agrícola regable (SAR) todo el que tenía esa consideración en 2004, ya que en la década que transcurrió entre ambas fechas hubo suelo forestal (sobre todo antiguas zonas de eucaliptos) que se reconvirtió a agrícola.

En esta situación están en concreto 1.400 hectáreas, y la vía para darles acceso al derecho a recibir agua es tan simple como borrar una década de un plumazo y fijar el punto de partida en 2014, cuando la Junta aprobó el Plan de la Fresa con Susana Díaz (PSOE) como presidenta. Para ello también hay que modificar la Ley Forestal andaluza, ya que PP, Cs y Vox consideran que se hizo una “aplicación restrictiva” de la norma estatal, lo que redujo la cifra de explotaciones que podían regularizarse y, a su juicio, provocó la “indefensión” de los agricultores afectados.

“Sin perjudicar a Doñana”

A argumentos de este tipo se agarran los impulsores de esta proposición de ley, que presentan como que resuelve “situaciones injustas” y que mejora la ordenación del riego “sin perjudicar a Doñana”, tirando el texto del eufemismo de que el objetivo es “armonizar la situación actual”. Los cultivos que se beneficiarán de esta amnistía se ubican en Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, en la corona norte de Doñana, municipios cuya economía depende en gran medida de los frutos rojos y cuyos ayuntamientos (al margen de su signo político) se han posicionado junto a los agricultores aunque capten agua ilegalmente.

Muestra de lo compleja que es la situación en la zona es que agentes sociales, agricultores, sindicatos, corporaciones municipales y asociaciones impulsaron la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que ha venido acusando al actual Gobierno de la Junta PP-Cs de inacción y ya había anunciado un calendario de movilizaciones. En el texto normativo registrado en el Parlamento se apunta que esta plataforma aglutina a más de 1.500 agricultores “que tienen un futuro incierto como consecuencia de las presiones administrativas, medioambientales y comerciales que están recibiendo por la falta de recursos hídricos y de un marco legal que las respalde”.

WWF lo llevará a la Unesco

El paso dado por PP, Cs y Vox ya ha sido criticado por Unidas Podemos y Adelante Andalucía, mientras que el PSOE sigue sin posicionarse formalmente. También han tocado la sirena de alarma Ecologistas en Acción y WWF, que va a llevar esta propuesta ante la Unesco al entender que se incumplen compromisos adquiridos en relación con Doñana, “lo que supondrá un grave descrédito internacional para la Junta de Andalucía y para nuestro país”.

Pero la reacción más contundente ha llegado de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el organismo estatal que tiene que dar las licencias de agua, cuyo presidente, Joaquín Páez, considera que la proposición de ley carece de encaje legal y se limita a generar “falsas expectativas” en los agricultores. Los impulsores de la medida se amparan en que “no confiere de forma automática el derecho al uso del agua, sea superficial o subterránea”, pero es evidente que al darle a estas 1.400 hectáreas la condición de suelos agrícolas regables las ampara para que reciban este elemento esencial.

“Pone en el disparadero a Doñana”, según la CHG

“Parece  coherente que antes de declarar un suelo agrícola como regable y generar expectativas en el sector, se constate que hay disponibilidad del recurso con los organismos competentes”, apunta la CHG, que lamenta la “falta de lealtad institucional” de las formaciones que han presentado una propuesta que define como “improvisada”, “oportunista” y carente de “seguridad, futuro y garantía”. “Sería bueno que se explicara a los agricultores cómo van a resolverse los escollos administrativos y legales que una modificación de este calado va a generar en Andalucía, España y en Europa”, ha apostillado Páez.

“No se pueden generar expectativas de riego sin recursos y sin la seguridad de que las proposiciones tienen encaje jurídico y administrativo en nuestras normas legales”, remacha el presidente de la CHG, para quien este texto legal “pone en el disparadero internacional, europeo y nacional a Doñana y los productos agrícolas de su entorno”. “Nos parece una temeridad”, remarca.

Al margen de estos argumentos, el objetivo de sus promotores es que, además, la proposición de ley se tramite de manera urgente por el procedimiento de lectura única, lo que no prosperará ante el rechazo ya anunciado por Unidas Podemos y los parlamentarios no adscritos aglutinados en la nueva Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez. No obstante, la unión de PP, Cs y Vox garantiza que prospere, aunque para ello tendrá que entrar en el orden del día de algún pleno en esta legislatura que se agota y que tiene un importante atasco de propuestas por debatirse en el Parlamento. Eso sí, el establecimiento de los temas que se ven en la Cámara lo decide la Junta de Portavoces, en la que son mayoría las tres fuerzas de derechas, lo que augura que acabará encontrando un hueco más pronto que tarde para su debate.