PP y Vox tumban todas las enmiendas de los ecologistas en la recta final para aprobar la ley de regadíos en Doñana

PP y Vox han impuesto este martes su amplísima mayoría en el Parlamento andaluz para aprobar el dictamen final de la proposición de ley para regular la ampliación de tierras de regadíos en la corona norte de Doñana, en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana (Huelva).

Las derechas han tumbado todas las enmiendas al texto presentadas por los grupos ecologistas [asumidas por los grupos Por Andalucía y Adelante Andalucía], que proponían suprimir capítulo a capítulo toda la ley, y crear una oficina de seguimiento que vigile las parcelas con y sin permiso de riego en el entorno del Parque Nacional. Se han aceptado las enmiendas “técnicas” del PP, que no modifican el fondo de la ley.

Con este trámite, validado por la Comisión de Fomento, la norma entra en su fase final y llegará al Pleno de la Cámara para su aprobación definitiva el próximo 27 de septiembre, una fecha que ha elegido el PP y que se solapa con la votación de la investidura (previsiblemente fallida) de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso.

Al finalizar la votación, el diputado popular Pablo Venzal ha pedido (sin el micrófono abierto) que la letrada de la Cámara presente en la comisión parlamentaria revise “de oficio” el texto. La presidenta de la comisión, la popular Ana Chocano, se ha mostrado a favor, “por si hubiera que hacer correcciones técnicas o gramaticales”, pero se ha encontrado con el rechazo y la protesta del diputado socialista Mario Jiménez. La propia letrada ha indicado que era necesaria la unanimidad.

Al no haber esa unanimidad, el texto aprobado ha seguido su curso y, en caso de que sea necesaria una nueva corrección, deberá convocarse de nuevo la comisión y se retrasaría su aprobación prevista para el próximo Pleno. Detrás de estas suspicacias de los grupos está la amenaza firme del Gobierno de Pedro Sánchez de recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias en cuanto el Parlamento andaluz lo apruebe.

Un dabate polarizado de dos años

El debate en comisión parlamentaria no ha aportado sorpresas ni novedades. Ningún grupo se ha movido un ápice de su posición inicial: PP y Vox defienden que la iniciativa no habla de agua, sino de tierras: una recalificación de parcelas de secano a cultivos de regadío [en torno a 700 hectáreas, aunque esta cifra no aparece en el texto de la norma], que podrán regar en el futuro siempre que la autoridad competente autorice el uso de agua en superficie. Así, dicen los proponentes, queda claro que no se pretende seguir esquilmando el acuífero de Doñana, ya sobreexplotado, y que el agua llegará si las infraestructuras hidráulicas necesarias para hacerlas llegar se construyen (ni siquiera están empezadas).

PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía abanderan el rechazo frontal de la comunidad científica, del presidente del Consejo de Participación del Parque Nacional y de la Estación Biológica de Doñana, las advertencias legales y las amenazas económicas de la Comisión Europea, los avisos de la Unesco -de retirar la reserva de la lista de Patrimonio de la Humanidad-, de la ONU y del propio Gobierno de España, que ha anunciado un “recurso de inconstitucionalidad inminente” en cuanto lo apruebe el Parlamento andaluz.

Las izquierdas denuncian que la ley pone en riesgo el valor ecológico de Doñana, que crea falsas expectativas de permisos de riego en los agricultores propietarios de las hectáreas susceptibles de recalificar (muchos de ellos multados por esquilmar agua subterránea del Parque Nacional), a sabiendas de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ya ha aseverado que la severa crisis de sequía no deja agua ni para los terrenos con permisos de riego en la zona. Las infraestructuras necesarias para llevar agua en superficie no están siquiera empezadas, y los informes técnicos ponen en duda que pueda usarse para el riego debido a su alto contenido de minerales.

Todos los argumentos, a favor y en contra, son conocidos y se han repetido una y otra vez. La proposición de ley, que se tramita por la vía de urgencia, lleva dos años pululando por el Parlamento. Estaba lista para su aprobación al final de la pasada legislatura, pero el adelanto electoral la hizo decaer. Vox la resucitó con el nuevo mandato, ya con el Gobierno de mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno, y el PP presentó una nueva redacción añadiendo cláusulas ambientales para tratar de sortear las críticas. No lo logró.

La polémica ley de regadíos próximos a Doñana ha inflamado el debate político previo a las elecciones andaluzas de 2022, las municipales y generales de este año. Moreno leyó en la victoria rotunda del PP en los comicios locales un refrendo a la citada ley, singularmente en la provincia de Huelva, donde se hicieron con la Diputación Provincial, gobernada por el PSOE desde 1977. Doñana ha sido, también, la trinchera en la que han forcejeado el Gobierno andaluz y el Ministerio de Transición Ecológica.

La portavoz del grupo mixto Adelante Andalucía, Maribel Mora, ha intervenido para acusar al PP de programar el debate final de la ley el mismo día de la investidura de Feijóo, amortiguando el foco mediático nacional. “Quieren que cuanto menos gente se entere mejor. Pero la lápida a esta ley se la va a poner la Comisión Europea, el Tribunal Europeo y la Unesco”.

Inma Nieto, portavoz de Por Andalucía, ha recordado que “llevamos dos años con una ley que supuestamente era urgente”. La dirigente de la coalición de izquierdas ha insistido en el hecho de que la ley deja la puerta abierta a usar aguas no superficiales, si la autoridad competente así lo considera.

El portavoz de Vox, Rafael Segovia, ha evitado volver a revisar el fondo del asunto. “No vamos a ponernos de acuerdo”, ha admitido, para añadir que “nuestra propuesta es más respetuosa con el medio ambiente que la suya”. El diputado Mario Jiménez, del PSOE, ha pedido nuevamente la “retirada de la ley”, a sabiendas de que la norma sería aprobada por mayoría. Las intervenciones de los portavoces de izquierdas, consciente de su derrota, parecían formuladas para que quedase registrado su rotundo rechazo en el diario de sesiones del Parlamento, ante la hipótesis de posibles consecuencias legales y económicas para Andalucía. “En términos jurídicos, esta ley es una chapuza, parece escrita por Antonio Ozores. Y en términos políticos es un desastre, porque la buena política no busca incendiarlo todo”, sentenció Jiménez.

Ha cerrado el turno el diputado del PP y presidente provincial de su partido en Huelva, Manuel Andrés González, más reacio a entrar en el cuerpo a cuerpo con el PSOE y los grupos a su izquierda. González se ha limitado a repetir que “mienten” y que “no se han leído la literalidad de la ley”.

Los ecologistas y la Unesco

El coordinador de la oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha criticado este martes la “irresponsabilidad” de aprobar el dictamen final de la ley que, según su criterio, “pone al parque al borde del precipicio”. Carmona ha enviado un audio a los medios nada más llegar de Riad (Arabia Saudí), donde la Unesco ha celebrado su Comité para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Allí, el grupo ecologista asegura haber hablado “con técnicos de organizaciones internacionales, expertos de naturaleza de países europeos y de fuera de Europa”, subrayando que “todos están preocupados por lo que está sucediendo en Doñana y conocen perfectamente el problema que sería aprobar la ley de amnistía de los regantes ilegales”.

Carmona ha lamentado que, “frente a eso, la respuesta del PP andaluz ha sido impulsar en el Parlamento la continuación de esta ley” que “pone a Doñana al borde del precipicio, certificando que las prácticas ilegales, corruptas, que se han llevado a cabo en Doñana, se admitían”, por lo que considera que esto “es un llamamiento que se sigan produciendo”.