La Junta reconoce que las prejubilaciones de los ERE son legales y abre la puerta a la revisión de responsabilidades
“La cola en el juzgado va a llegar al campo del Betis”. Lo expresa gráficamente el abogado de un imputado al conocer que la Junta de Andalucía ha se ha pronunciado por primera vez en un escrito del caso ERE sobre una cuestión peliaguda, señalando que los más de 6.000 prejubilados destinatarios de las ayudas sociolaborales no participaron en lucro alguno. “Los importes por ellos percibidos lo han sido por causa justa o causa legal”, indica la Administración en un escrito reciente. A juicio de muchas defensas, que ya preparan escritos para el juzgado tras conocer esta circunstancia, deben recalcularse por tanto las millonarias fianzas por responsabilidad civil impuestas por la jueza Alaya.
Ni la jueza María Núñez Bolaños, ni la Junta de Andalucía, ni la Fiscalía Anticorrupción (por omisión) entienden que los más de 6.000 beneficiarios de las prejubilaciones acordadas por la Administración andaluza deban responder por las cantidades que se investigan en el caso de los ERE, como vienen pidiendo varias defensas. Así se desprende del último auto de la jueza y de las alegaciones expuestas por la Administración, a las que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia, contenidas en la respuesta al escrito del dueño de Uniter, José González Mata, imputado en la causa.
Núñez Bolaños rechaza “traer al proceso” a los prejubilados, como pedía Uniter, porque “no han participado, salvo prueba en contrario, en la elaboración de plan o estrategia alguna a fin de obtener un enriquecimiento ilícito, en perjuicio del erario público”. Sin entrar en la legalidad de las prejubilaciones a la que se refiere la Junta, la instructora, en el mismo auto, rechaza reducir la fianza de responsabilidad civil de 98,8 millones que le impuso Alaya a González Mata hace un año ya que se ponderó, como confirma la jueza, en atención a la posible comisión de varios delitos “y al perjuicio causado por ello, sin que exista alteración alguna que justifique su minoración”.
La suma de casi cien millones de euros comprende las supuestas sobrecomisiones (29,8 millones) y el resto (68,2 millones) se corresponde a las cantidades cobradas por los prejubilados legales, como reconoce la Junta. En el auto recuerda que González Mata se encuentra imputado por delitos de prevaricación, malversación, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil, cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, asociación ilícita, y contra la Hacienda Pública. Varias defensas que han leído el auto observan que si las cantidades percibidas por los prejubilados son legales no se pueden responsabilizar civilmente de ellas a muchos imputados, que se encontrarían en idéntica situación. En total, las fianzas por responsabilidad civil hace un año superaban ya los 2.200 millones de euros en una causa que ha sumado unos 130 imputados más desde entonces, llegando hasta los 262.
Y es que la Junta, por primera vez, se pronuncia sobre la legalidad de las prejubilaciones en sus alegaciones al escrito de Uniter: “Quienes son llamados a un proceso como responsables a título lucrativo lo es por su participación en los efectos del delito, siendo así que en este caso ni los trabajadores ni la Tesorería de la Seguridad Social ni las compañías aseguradoras, salvo prueba en contrario, habrían obtenido lucro alguno toda vez que los importes por ellos percibidos lo han sido por causa justa o causa legal, es decir, por causa de despido en el caso de los trabajadores, por causa del convenio especial en el caso de la Tesorería de la Seguridad Social, y por causa de un contrato de seguro en el caso de las compañías aseguradoras”.
En relación con los denominados 'intrusos' apunta de contrario que “otra cosa es el caso de quienes se han lucrado sin causa o sin justa causa, como el de aquellas personas beneficiarias de las pólizas que no han tenido la condición de trabajadores de la empresa afectada por el ERE. Tales personas sí han sido llamados al proceso en su condición de autores y sobre ellos se han impuesto las medidas cautelares de carácter real pertinentes”.
“El quebranto económico”
Según algunas defensas consultadas por este periódico, la novedosa posición de la Junta en este aspecto de considerar legales las pejubilaciones abre la puerta a que se puedan revisar las millonarias fianzas, como ya plantearon en alguna ocasión y que tiene su origen en lo que ya calificaron como “una instrucción viciada”. Estas defensas se muestran sorprendidos de que la jueza, aunque la fecha del auto (6 de julio) es posterior al reciente auto en el que imputaba a los expresidentes (25 de junio), no haga referencia al hecho de que el Supremo abogara por la revisión individual de ayudas y destacara que no todo el dinero fuera defraudado en perjuicio del erario público.
Esta tesis, ahora en cierto modo refrendada por la postura de la Junta al reconocer la legalidad de las prejubilaciones, coincidiría con lo que argumentan algunas defensas de algunos imputados en cuanto a que unos 700 millones se corresponderían con prejubilaciones legales. En sus alegaciones al escrito de Uniter, la Junta comenta también que “la exigencia de responsabilidad civil derivada del delito repararía el quebranto económico producido por la Administración, de modo que dicha responsabilidad habrá de exigirse a quien su conducta es causante directo de dicho quebranto”. Según algunas defensas, “eso es incompatible con que se exijan fianzas millonarias”.
Estos hechos también se pueden poner en relación con que la jueza Bolaños rechazara en este mismo auto la petición de González Mata para que se archivara su causa en lo relativo al delito de malversación de caudales público. “Si no hay malversación y las prejubilaciones son legales, ¿por qué me están pidiendo varios millones de euros con base a esas prejubilaciones?”, ejemplifica un abogado, que intuye que la Fiscalía Anticorrupción no se ha pronunciado en este aspecto (no alude al asunto en sus alegaciones al recurso de Uniter) pueda estar rumiando cómo posicionarse a esta cuestión que puede dar un vuelco a la instrucción en cuanto a las responsabilidades civiles del fraude de los ERE.
