El presidente de Andalucía alerta de que no podrá impedir “ferias y romerías” sin el estado de alarma: “Nos quedamos desnudos”

El calendario de las fiestas de primavera en Andalucía es profuso. En condiciones normales, sin pandemia, la Feria de Sevilla habría arrancado este fin de semana y a partir de ahí le seguirían cientos de ferias, romerías y fiestas populares en ciudades y municipios por toda Andalucía. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, es partidario de prorrogar “al menos un mes más” el estado de alarma, que expira el próximo 9 de mayo -tras seis meses de vigencia-, según lo previsto por el Gobierno central.

Moreno Bonilla ha elevado este jueves el tono de alarma ante la perspectiva de quedarse sin “instrumentos legales” ante un posible “rebrote de contagios” [la incidencia acumulada de infectado lleva semanas al alza]. “A partir del 9 de mayo, si un pueblo de Andalucía quiere organizar una feria o una romería, o si tiene lugar un botellón, no podemos impedírselo. Nos quedamos desnudos ante un posible rebrote de la pandemia”, ha asegurado en los pasillos del Parlamento andaluz.

Andalucía registra este jueves un total de 1.899 casos de coronavirus, inferior a los 2.590 positivos de hace siete días. La tasa de incidencia acumulada vuelve a ascender después de la bajada de 2,3 puntos en la víspera tras 13 días de subida encadenada, y se sitúa ya en 225,3 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, 44,7 puntos por encima de la tasa de 180,6 del jueves pasado. Esta tasa coloca a Andalucía en riesgo alto, rozando el nivel de riesgo extremo en el semáforo de alerta del Ministerio de Sanidad, una cota que, de superarse, obligará a la Junta a limitar más los aforos en bautizos, comuniones, bodas o entierros, entre otras restricciones.

El presidente del PP andaluz fue de los primeros en plantear una prórroga del estado de alarma, una postura que no defiende de manera oficial la dirección nacional de su partido. No es el único: también lo ha pedido el presidente de Murcia, Fernando López Miras, el de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, y el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu. El presidente del PP, Pablo Casado, se inclina más por presionar al Gobierno de Pedro Sánchez para que reforme la Ley de Salud Pública para que las comunidades autónomas puedan tomar medidas que, ahora, sólo están al alcance del Ejecutivo central bajo el marco de un estado de alarma: se trata principalmente del toque de queda, de los cierres perimetrales, confinamientos y límites a las reuniones sociales, medidas que restringen la movilidad de los ciudadanos, un derecho fundamental reconocido en la Constitución.

Moreno Bonilla también ha pedido a Sánchez que reforme esta ley básica para que las comunidades tengan competencias para restringir la movilidad, y ha afeado al Gobierno que haya “perdido un año” sin legislar al respecto, “la improvisación” y la “enorme incertidumbre” en la que ha sumido a la población. Tras la primera ola de contagios, decayó el primer estado de alarma en el verano de 2020, y las comunidades tomaron el mando de la gestión de la pandemia, ordenando la restricción del movimiento ciudadano en pueblos, ciudades y barrios con una incidencia mayor. Para ello tuvieron que pedir autorización a la justicia y esto provocó una respuesta desigual de los tribunales: lo que los jueces autorizaban en una región, lo rechazaban en otra, aparentemente con las mismas condiciones.

Andalucía propuso en el Comité Interterritorial de Salud, reunido de forma telemática el miércoles, que la vacuna AstraZeneca se pudiera administrar voluntariamente a menores de 60 años. Esto lo ha descartado el Ministerio de Sanidad de antemano, sin esperar el informe al respecto de la Agencia Europea del Medicamento (EMA en sus siglas en inglés), que por ahora tiene limitado su uso recomendado a personas de 60 a 69 años. Lo que sí puede prosperar en la próxima reunión entre el Ministerio y las comunidades es la propuesta de espaciar la segunda dosis de Pfizer y Moderna para llegar a más población con el primer pinchazo en verano.

Fue la opción escogida por Reino Unido, aplicada también en Francia e Italia, y Catalunya y Andalucía la han planteado en el último Consejo Interterritorial. Espaciar las segundas dosis de Pfizer y Moderna, y así acelerar la aplicación de las primeras, ha sido una técnica vista hasta ahora con recelo desde las áreas de Vacunología y Salud Pública de nuestro país. “Lo mejor es cumplir con la expectativa de la segunda dosis”, indica José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Enfermería y Vacunas (ANENVAC).