La Asociación por los Derechos del Niño, Prodeni, ha recurrido ante la Audiencia de Granada el auto del Juzgado de Instrucción número 4 que consideraba prescritos los delitos de 11 de los 12 imputados en el llamado 'Caso Romanones'. En concreto, y como ya hizo la semana pasada el abogado del denunciante, Prodeni considera que los delitos atribuidos por el magistrado Antonio Moreno a los 10 sacerdotes y dos laicos implicados en este posible caso de abusos sexuales a menores serían más graves, de agresión sexual en lugar de abusos e incluyendo corrupción de menores, castigados con penas mayores, y por tanto aún sin prescribir.
El recurso de Prodeni, presentado este lunes, llega justo en el plazo legal frente al auto del pasado 14 del febrero, en el cual el juez instructor consideraba que, a pesar de existir indicios de posibles participación en los delitos de abusos sexuales, exhibicionismo y encubrimiento, estarían prescritos, ya que la declaración del denunciante 'Daniel' aclaraba que sólo se prolongaron hasta 2007. Los delitos, según el ordenamiento jurídico español, prescriben en función del tiempo transcurrido y la pena máxima que puede aplicarse por los mismos, por los que al pasar siete años entre la finalización y los hechos y tener penas menores de tres años, no era posible juzgar a los implicados.
La decisión del juez llegaba tras consultar a las partes y a Fiscalía, considerando esta última en su informe que aunque había indicios de delito, también estaban prescritos, y acusando sólo a Román Martínez, presunto líder del 'clan de los Romanones', por un delito de abusos sexuales con prevalimiento -aprovecharse de una situación de superioridad-.
Sin embargo, tanto Prodeni como la representación legal de la víctima consideran que los posibles delitos son más graves y con penas mayores, al menos con los indicios presentados, y piden a la Audiencia, al rechazar el juez sus recursos a la apertura de diligencias, que continúe con la investigación. En el caso de Prodeni, en su recurso presentado y hecho público este lunes, insisten en que los delitos de los 12 implicados serían de agresión sexual, y no abusos, y que aunque algunos de los acusados no participaron directamente en dichas agresiones, si en grado de cooperación no necesaria, complicidad, inducción e, incluso, en algunos casos, coautoría.
Se basa el escrito en los testimonios presentados durante las declaraciones, en los cuáles el denunciante explicaba que en algunos de los abusos otros acusados participaban junto a Román Martínez, ahora mismo único imputado, e intentaban convencerlo o presionarlo para acceder a sus deseos. En la misma línea, piden que al presunto líder del 'clan' se lo acuse de agresión sexual, y no sólo de abusos.
Asimismo, Prodeni, por entender que según las declaraciones del denunciante se deduce que los 12 sujetos participaron en mayor o medida en favorecer los abusos a él u otros testigos, pide de nuevo que se les impute un delito de asociación ilícita que también estaría prescrito. El abogado de 'Daniel', además de pedir que se agravasen las acusaciones, añadía el delito de corrupción de menores, también mucho más grave y tampoco prescrito. A los acusados que no participaron directamente, les atribuye la modalidad de comisión por omisión al tener conocimiento de los hechos pero no impedir que se produjeran.
Seguir investigando
El escrito de Prodeni, que recoge numerosa jurisprudencia, se apoya en los escritos iniciales de juez instructor y fiscal, e indica que aunque ambos consideren que el delito de agresiones sexuales, que se imputaba en un principio, no obvia que se siga investigando qué pudo ocurrir durante la instrucción. La asociación matiza con prudencia que es la calificación actual, que podrían matizar conforme avance el caso, pero que consideran justificado seguir investigando para no descartar en un momento tan temprano la comisión de delitos más graves.
Fuentes cercanas al caso valoraron para eldiario.es/andalucia que desde el primer registro del chalet en el municipio Pinos Genil se barajaba la posible desaparición de pruebas que pudiesen demostrar delitos más graves. Las mismas fuentes apuntan que los “tiempos” de la investigación han podido facilitar esta desaparición de pruebas, aunque no quisieron valorar si se referían a la denuncia por el robo de ordenadores de varios de los 'Romanones' antes de que se abriese la investigación penal, pero cuando ya habían conocido la acusación por la vía eclesiástica. Actualmente, son las declaraciones del denunciante y algunos testigos lo único en lo que pueden basarse tanto juez como fiscal y Policía para imputar delitos.