El PSOE denuncia a Bendodo ante la Fiscalía por “prevaricar” con 4.000 contratos exprés de empleos públicos en Andalucía

El PSOE andaluz ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue los más de 4.000 contratos exprés de personal laboral e interino en la Administración pública andaluza, un sistema instaurado durante la primera ola de la pandemia para reforzar las plantillas más necesitadas.

Los socialistas plantean un posible delito de “prevaricación administrativa” y señalan directamente en su denuncia al consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo, recién nombrado coordinador general del PP nacional y número tres del equipo de Alberto Núñez Feijóo.

La denuncia llega más de un año después de que el Alto Tribunal andaluz suspendiera las primeras contrataciones de la Junta por vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores, obligando al Gobierno de Juan Manuel Moreno a paralizar este procedimiento de urgencia. La Fiscalía Superior de Andalucía, que dirige Ana Tárrago, ya archivó una de las varias denuncias presentadas por la vía penal contra los contratos exprés de la Junta -presentada por el sindicato CGT en agosto de 2020- amparándose en la situación de emergencia por la crisis sanitaria de la Covid-19.

El PSOE andaluz abre esta brecha judicial, apuntando a un delito de corrupción contra el Ejecutivo de Moreno, 48 horas después del congreso nacional del PP, celebrado este fin de semana en Sevilla. Y unas horas después de que PP, Ciudadanos y Vox aprobasen el lunes e el Parlamento andaluz el dictamen final de la comisión que ha investigado las irregularidades en la extinta Agencia Andaluza para la Formación en el Empleo (Faffe), que señala directamente a tres ex presidentes socialistas (Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz). El contexto de confrontación dura entre ambos partidos refuerza la tesis de aquellos que, en el círculo próximo al presidente Moreno, incitan a disolver el Parlamento después de Semana Santa y adelantar las elecciones andaluzas al mes de junio.

La vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha anunciado este martes que la denuncia ya está en manos del Ministerio Público contra un procedimiento de contratación que ya acumula 50 sentencias judiciales en contra y 21 fallos anulando algunos fichajes de personal laboral de la Junta en los tribunales. “El señor Feijóo es consciente de que se lleva a su equipo al responsable de los procedimientos fraudulentos de contratación, que la Justicia está anulando por vulnerar de forma evidente, notoria e incluso grosera los derechos de los ciudadanos”, se ha preguntado Férriz, leyendo una de las sentencias condenatorias.

La Junta empezó a utilizar este sistema de contratación exprés en verano de 2020, con sucesivas convocatorias de plazas que se abrían y cerraban en 24 horas, saltándose los principios de igualdad, mérito y capacidad (se llegaron a hacer unas 4.000 contrataciones exprés, según datos de la Consejería de Presidencia). Así se contrataron tanto a los refuerzos sanitarios, como a los auxiliares de playa y otros puestos en la Administración que la Junta relacionaba con la reactivación económica.

En diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía suspendió la “ejecutividad” de una de las convocatorias exprés realizadas en verano por la Junta, cuyo único criterio de selección -desde administrativos a conservadores de museos o técnicos de pesca- era la rapidez en la presentación de la solicitud a través de la web de una consejería. En ese primer auto, los jueces paralizaron la convocatoria de personal funcionario interino asimilado al Cuerpo General de Administrativos, publicada el 15 de septiembre, para250 puestos administrativos, asignados exclusivamente por orden de llegada. Este método de contratación, advierte el auto, “contraría de manera radical la jurisprudencia y la propia Constitución”.

Días después, el Gobierno de Moreno anuló las contrataciones exprés. Bendodo había explicado insistentemente que el sistema de selección “se había pactado con las organizaciones representadas en la Mesa de la Función Pública”. Sin embargo, su puesta en marcha no convenció a los sindicatos, que terminarían impugnando las convocatorias en los tribunales y acusando al Ejecutivo andaluz de extender este sistema “excepcional” más allá del ámbito sanitario, para puestos en la Administración “que no justificaban la misma urgencia”.

La denuncia del PSOE, que habla de “hechos penalmente relevantes”, se ha hecho efectiva dos días después de la designación de Bendodo como número tres de la ejecutiva nacional del PP. El portavoz de la Junta compaginará su nuevo cargo orgánico hasta que pasen las elecciones andaluzas -previstas para junio u otoño-, y luego abandonará el Gobierno andaluz para centrarse en su carrera en Madrid.

Férriz ha apelado directamente al nuevo presidente del PP, y le ha preguntado si obligará a Bendodo a “asumir responsabilidades políticas”, si de la denuncia “se extraen implicaciones penales” contra él. “¿Cesará a su número tres o lo dejará pasar?”, se ha preguntado. La socialista también ha señalado al consejero de Hacienda y nuevo vicesecretario de Economía del PP de Feijóo, Juan Bravo, sobre quien vierten sospechas de irregularidades por permitir hasta bien entrado 2022 los contratos exprés de suministros, bienes y obras por parte de la Junta de Andalucía, amparándose en la situación excepcional de la pandemia. “Bravo y Bendodo son responsables de estos contratos a dedo. ¿El señor Feijóo es consciente de a quién se lleva a Madrid?”, dice Férriz.