El PSOE intenta que un solo juez centralice la causa contra el Gobierno andaluz por los contratos a dedo de Salud
El PSOE andaluz ha presentado un recurso de reforma ante el juez Javier Santamaría, que instruye la causa contra el Gobierno andaluz por un posible delito de prevaricación en los contratos sanitarios de emergencia, por su rechazo a ampliar la querella a las ocho provincias.
Los socialistas apelan también a la Audiencia Provincial de Sevilla, que deberá pronunciarse en caso de que el magistrado se reafirme en su negativa a extender la investigación a los contratos a dedo firmados en las delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), y no sólo desde los servicios centrales. Los abogados del PSOE andaluz quieren apurar esta vía antes de activar la segunda opción, a saber: replicar la misma querella en los juzgados de instrucción de cada provincia.
La estrategia no es baladí. El PSOE denuncia un modus operandi del SAS en los contratos de emergencia -a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva- que prorrogó entre el año 2020 y 2024 amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando el Gobierno ya lo había derogado.
El epicentro de la querella es el Acuerdo de Emergencia 110/2021, firmado por el exgerente del SAS Miguel Ángel Guzmán (que está imputado en la causa), y del que emanan todos los contratos a dedo con clínicas privadas, las prórrogas hasta 2023 y las adendas con ampliación de gasto hasta 2024.
Los socialistas llevaron al juzgado los informes de los interventores provinciales del SAS cuestionando la legalidad de esos contratos, basados todos en el mismo procedimiento, tratando de que el juez investigase una causa general. “El SAS no adopta decisiones individuales en cada provincia a la hora de optar por los contratos de emergencia frente a la contratación ordinaria, son decisiones delegadas que nacen de un procedimiento definido y habilitado por los servicios centrales”, explican fuentes del caso.
Para el PSOE es importante que un mismo juez centralice toda la investigación contra el Gobierno andaluz por los contratos de emergencia, entendiendo que las irregularidades detectadas por los interventores en las provincias son piezas de un todo. La clave es poner el foco en el procedimiento, no sólo en la ejecución de esos contratos.
Con esta estrategia, los socialistas intentan demostrar que el sistema ad hoc de contratación a dedo, sus prórrogas y ampliaciones de gasto durante los tres años posteriores al estallido de la pandemia fue diseñado al más alto nivel, con el conocimiento y el beneplácito de “altísimas instancias del Consejo de Gobierno”.
Similitud con el caso ERE
La similitud de la estrategia política del PP con el caso del fraude de los ERE es palpable. La mayor causa de corrupción contra el anterior Gobierno socialista nació también en un juzgado de instrucción de Sevilla cuya titular, la jueza Mercedes Alaya, profundizó en las ramificaciones del fraude de las ayudas sociolaborales de la Consejería de Trabajo en varias provincias andaluzas.
También hizo avanzar la investigación hacia la cúpula del Ejecutivo autonómico -“la cúspide de la pirámide”- hasta el límite de sus competencias, hasta que tuvo que elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Supremo porque apuntaba directamente a diputados del Parlamento y miembros del Gobierno autonómico con la condición de aforados. La instrucción de Alaya se dilató tres años y medio.
En la causa contra el Gobierno andaluz por los contratos a dedo están imputados la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos predecesores en el cargo -Guzmán y Diego Vargas-, pero la querella describe una línea de puntos discontinuos que conducen directamente al Consejo de Gobierno. Sin citarlos, de momento, están los consejeros de Salud en el cargo cuando se aprobaron, prorrogaron y ampliaron esos contratos de emergencia sin cobertura legal: el actual presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la exconsejera de Salud Catalina García, destituida el pasado verano, y actual titular del departamento de Medio Ambiente.
El modus operandi del SAS con este procedimiento de adjudicaciones a dedo a clínicas privadas tiene dos patas: la habilitación del marco legal, vía resoluciones de prórroga; y las adendas con ampliación de gasto a los contratos con las clínicas. Las resoluciones de prórroga son el asidero normativo para justificar un aumento del presupuesto inicial, que posteriormente se ejecuta a través de una adenda (o suplemento de gasto) firmada entre la Administración y cada hospital privado.
El Expediente de Emergencia 110/2021 nació con 70 millones de euros y fue prorrogado y ampliado hasta alcanzar los 243 millones de euros en la primavera de 2023, cuando elDiario.es revela el caso, y el Ejecutivo andaluz se apresura a anunciar la cancelación de este tipo de contratos y la vuelta a la contratación ordinaria.
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