El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha consumado su anuncio y, mientras ha pospuesto sin fecha el debate de la financiación de las autonomías, este miércoles publica las balanzas fiscales, unas estadísticas que muestran lo que llega a las arcas públicas desde cada comunidad autónoma y lo que éstas reciben desde la Administración General del Estado, en este caso con cifras de 2011. Igual que cuando en 2008 se publicaron por primera vez, Andalucía es la comunidad autónoma que arroja el saldo positivo más elevado, es decir, recibe 7.421 millones de euros más de los que aporta con los impuestos de sus más de ocho millones de habitantes. En cambio, Madrid muestra el peor saldo negativo, con -16.723 millones de euros, y esto representa el doble que en el caso de Cataluña: con 8.455 millones de euros menos que le caen con respecto a lo que contribuye.
De todas maneras, estas cuentas públicas regionalizadas que presenta el experto Ángel de la Fuente, responsable del informe para el ministerio de Cristóbal Montoro, revelan también que Asturias, Canarias, Castilla León, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia, y Ceuta y Melilla aportan menos y reciben más que Andalucía si se tienen en cuenta cuestiones como el PIB (producto interior bruto) y la población.
De hecho, conviene matizar que no significa que los ciudadanos paguen más impuestos en las comunidades autónomas que salen peor paradas con estas cuentas públicas regionalizadas. Lo que ocurre es que el grueso de los ingresos es por el IRPF (impuesto de la renta de las personas físicas) que depende del poder adquisitivo de cada persona, independientemente de en qué región resida. Por tanto, es lógico que las comunidades autónomas con un mayor volumen de habitantes de elevados ingresos sumen más por este impuesto que otras, como es el caso de Andalucía, donde las rentas son más bajas. Pero la realidad es que un rico en Andalucía está obligado a contribuir a las arcas públicas igual que uno en Madrid o en Cataluña.
Se da la circunstancia también de que estos datos son usados como argumento para el independentismo de Cataluña, cuyos defensores consideran que sale perdiendo si participa en el proyecto común, pese a que, como muestras las cifras conocidas este miércoles, esa excusa serviría más a Madrid porque arroja un saldo negativo del doble. Paralelamente, hay comunidades autónomas que quieren usar esta estadística en la defensa de un cambio en la financiación, que el Gobierno de la Nación ha pospuesto, mientras el PSOE defiende que ese modelo se modifique para garantizar que todos los españoles reciben los mismos servicios públicos con independencia de donde residen. De hecho, para la Junta de Andalucía es más significativo que las balanzas fiscales comparar la financiación por habitante, donde esta comunidad autónoma está por debajo de la media. Es decir, los andaluces reciben de la AGE menos inversión de media que los habitantes de la mayoría del resto de autonomías.
En este sentido, la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha criticado este miércoles que el Gobierno de la Nación “se descuelgue” con la publicación de las balanzas fiscales en un momento en el que el país necesita “diálogo y entendimiento”, por lo que, a su juicio, lo que se busca es generar “confrontación” entre territorios o justificar un trato desigual. En su opinión, las balanzas fiscales no son la forma de restablecer “puentes de diálogo” entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España.
Con respecto a las anteriores balanzas fiscales publicadas, en 2008 y con datos de 2005, se mantiene esta posición de Andalucía a la cabeza, y con un incremento del saldo positivo, dado que entonces arrojaba uno en torno a 5.000 millones de euros. En cambio, la distancia entre Madrid y Cataluña se ha incrementado, porque en las anteriores balanzas fiscales la primera tenía un saldo negativo que no llegaba a los 15.000 millones de euros, o sea, unos 4.000 sobre la segunda. La diferencia fundamental entre la publicación de 2008 y ésta es que ahora se ha repartido también el déficit entre las autonomías en función de su población.
Una “guerra fiscal”
La consejera de Hacienda y Administración Pública de Andalucía, María Jesús Montero, ha rechazado en reiteradas ocasiones la publicación de “balanzas fiscales a la carta” en lugar de abordarse el debate de financiación de las comunidades autónomas “desde un análisis serio, riguroso y metodológicamente impecable sobre los efectos reales de la aplicación del modelo”. Entiende que las balanzas fiscales por las que apuesta el Gobierno de la Nación sólo provocan “agravios” entre los distintos territorios. E insiste en que los que pagan los impuestos son los ciudadanos y no las comunidades autónomas.
El vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, lanzaba esta semana una advertencia en previsión de esta publicación y exigía que el ministerio no usara estos datos para desatar una “guerra fiscal” entre las distintas comunidades autónomas. En su opinión, el Gobierno de la Nación “lo que debería hacer públicas son las balanzas sociales y, sobre todo, las de solidaridad”.
El propio eurodiputado del PP Miguel Arias Cañete reconocía este miércoles que los impuestos los pagan los ciudadanos, no las comunidades autónomas, pero insistía en que las balanzas fiscales son útiles si se hacen con “rigor y seriedad” porque demuestran que todos obtienen “beneficios de estar unidos” durante su participación en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid.