Si para algo sirvió el debate sobre el dragado del río Guadalquivir celebrado anoche en el Parlamento andaluz, fue para dejar clara cuál es la estrategia del Puerto de Sevilla para vencer las resistencias y sacar adelante la obra del dragado de profundización del río Guadalquivir, desde la capital andaluza hasta su desembocadura: desacreditar el estudio científico realizado sobre sus posibles afecciones.
Lo desveló al final de su intervención, a eso de las diez de la noche, el consejero de Medioambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas. Según dijo, la carta enviada por la Autoridad Portuaria al ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, de la que él ha recibido copia, “tiene como punto de partida considerar como no efectuadas las recomendaciones de la Comisión Científica, pedir quiénes la componían, dónde se reunió, cuál es el acta, cuáles las votaciones… Parece chocante que 10 años después se ponga en tela de juicio un estudio científico realizado por el CSIC y por las Universidades de Córdoba y Granada”.
Es evidente el porqué. Las conclusiones del estudio científico sobre las posibles afecciones de un dragado para profundizar el río fueron que ante un estuario que “se encuentra al borde del colapso”, primero habría que restaurarlo. Sólo una vez comprobado que eso fuese así, podría volver a plantearse la posibilidad de un dragado, cuyas afecciones deberían ser evaluadas antes de llevarlo a cabo.
En consecuencia, el dictamen de la Comisión Científica, que se emitió el 12 de abril de 2010, fue desaconsejar el dragado por “repercutir negativamente en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario, y por tanto, de Doñana”, como recordó el consejero Planas anoche. Una conclusión que fue adoptada por el Consejo de Participación de Doñana, la Junta y el propio Ministerio, y comunicada como tal a la Comisión Europea.
Es más, Planas explicó cual es la posición del “Consejo de Gobierno” de la Junta de Andalucía, y la de su Consejería, sobre el dragado: “La Junta va a exigir el cumplimiento de todas las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de forma previa al dragado. Así como cumplir las recomendaciones del dictamen de la Comisión Científica, cuyo contenido fue asumido por el Ministerio. En otras palabras, que el dragado no podrá realizarse hasta que no se confirme la recuperación ambiental del estuario, y nunca antes de obtener una nueva DIA positiva. ”Es un compromiso de legalidad y de protección medioambiental“, concluyó.
De ahí el interés del Puerto de Sevilla por enterrar, no ya las conclusiones, sino hasta la mera existencia de una comisión científica, y con ella sus recomendaciones.
Fue, en cambio, el portavoz del PP Andaluz, Jaime Raynaud, ex candidato a la alcaldía de Sevilla, el que desveló anoche el resto de argumentos que esgrime el Puerto de Sevilla en defensa del dragado.
Primero, dijo, no se trata de un dragado extensivo, sino sólo “en los tramos necesarios”, y sólo “en el canal de navegación”. Segundo, “es necesario para el puerto de Sevilla, para el desarrollo de la ciudad, y de su interland, para crear riqueza y empleo”. Raynaud llegó a amenazar con la pérdida de un supuesto inversor dispuesto a resucitar los astilleros de la ciudad. Tercero, el proyecto es “reversible; es un dragado de fango que no se rellena”. Cuarto, es “infinitamente de menor entidad que otros proyectos de dragado de ríos simbólicos como el Elba, el Mosela o el Danubio. Y quinto, no llevarlo a cabo implicaría ”la pérdida de 23 millones de euros (de financiación europea) y, lo que es peor, la infrautilización de otros 160 millones de euros por la esclusa mal utilizada“ (es lo que costó la nueva esclusa del Puerto de Sevilla para dar acceso a buques de mayor tamaño que, sin embargo, no pueden llegar por falta de profundidad en el río).
Raynaud concluyó con un llamamiento que resumía su principal argumento: “Díganme ustedes, señorías, si un político con responsabilidad, en estos momentos, puede oponerse o cercenar unas posibilidad que se llama empleo en nuestra tierra”.
Una intervención que se desveló más útil de lo que él mismo imaginaba. En su respuesta, el consejero Planas, que se había mostrado cauto y esquivo para evitar dar una opinión sobre si a su juicio el dragado perjudicaría o no al Guadalquivir, por fin se mojó: “Le veo muy optimista en el tema de reversibilidad, pero no lo puede usted garantizar. Si efectivamente ese dragado se realizara, muy probablemente, desde el punto de vista de la afección de las orillas, y demás elementos del contenido del estuario, se vería, sinceramente, afectado”. Una palabra no escogida al azar, ya que en términos medioambientales se traduce en una DIA negativa.
Justo un día antes de que el Pleno del Parlamento andaluz debatiese sobre la conveniencia del dragado del Guadalquivir, el príncipe Felipe llegó a Sevilla para visitar una exposición de pinturas de Zurbarán. Pero también se prestó a acudir, acompañado por uno de los principales defensores del proyecto de dragado, el alcalde de Sevilla y presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, a visitar la nueva esclusa del puerto de la ciudad, obra que ha costado 160 millones de euros y sin utilidad sin el dragado.
Desde el Puerto y las autoridades de la ciudad se ha querido vender la visita como un espaldarazo de la casa real al proyecto, causando con ello gran malestar entre los que se oponen. Más aún por haber acudido justo antes del debate parlamentario. ¿Es que ha roto su neutralidad? Se preguntan.
Incluso dentro del PP hay una fuerte oposición. La Diputación de Cádiz, presidida por un peso pesado del partido, José Loaiza, acaba de aprobar por unanimidad una moción oponiéndose al dragado. También se opone la asociación agraria ASAJA, siempre cercana a las tesis del PP; los arroceros de las marismas; las cofradías de pescadores del Golfo de Cádiz… Incluso entre los sindicatos hay división. CCOO y UGT de Sevilla lo apoyan, pero en Cádiz y Huelva se oponen, lo que obliga a las direcciones regionales a guardar silencio. Un silencio que el príncipe quizá no haya roto, pero desde luego ha dado la impresión de hacerlo.