Nueve peritos ratifican en el juicio de los ERE sus visiones contradictorias sobre la legalidad o no del sistema de ayudas
El juicio de los ERE ha entrado de lleno este martes en la prueba pericial conjunta, es decir, en el análisis de los informes aportados a la causa por los peritos de auxilio judicial (elaborados por técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado designados por el juzgado instructor) y por los peritos de parte propuestos por algunas de las defensas. Todos ellos (nueve peritos declaran a la vez en la vista oral) han ratificado el contenido de sus respectivos informes y conclusiones, que apuntan visiones contradictorias sobre el sistema usado por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010 para la concesión de ayudas sociolaborales, y sobre el que debatirán ante el tribunal durante aproximadamente un mes.
Como era previsible, una vez los peritos han expuesto su formación y amplia trayectoria profesional sobre temas como el derecho financiero, el derecho público administrativo, los sistemas presupuestarios o el marco legal y competencial que se juzga, los declarantes han ido matizando cuestiones técnicas sobre las que les ha ido preguntando el fiscal anticorrupción. El sistema de prueba pericial conjunto planteado por el tribuna para este juicio invita al cruce de apreciaciones entre unos y otros, ya que su posicionamiento respecto a la forma en que actuó la Junta difiere bastante según qué aspectos se han ido poniendo de relieve en esta primera sesión y en las que restan por celebrarse.
El fiscal les ha preguntado en primer lugar cómo han abordado el trabajo encomendado, bien por el juzgado, bien por sus clientes, y cómo se ha plasmado en sus conclusiones, así como la documentación utilizada para su elaboración y la metodología usada, aludiendo también a si han tenido acceso a los informes presentados durante la fase instructora por el resto de peritos.
Los primeros en pronunciarse han sido los técnicos de la IGAE Ángel Turrión, Rosa María Hernández y Eduardo Villaseca. Cabe recordar que el perito director de este equipo, Jesús Ruiz-Ayúcar, ha sido eximido de comparecer por una dolencia física, según ha recordado Turrión, que ha hechos las veces de portavoz del equipo de auxilio judicial y que ha hecho bastante hincapié en la experiencia del equipo. “Entre todos sumamos más de 130 años en el control de cuentas de la Administración del Estado”, ha comentado respecto a los cuatro peritos primeramente designados, incluyendo Ruiz-Ayúcar.
El equipo pericial, cuyo informe toman de base las acusaciones en el juicio, ha comentado que ratifican “absolutamente” sus informes, tanto el completo presentado a la jueza Alaya en diciembre de 2013 como los cinco complementarios y diez adicionales aportados también a la causa, donde analizaron las 270 ayudas concedidas con base al programa 31L entre 2001 y 2010. “No ha variado nuestra posición en absoluto, al contrario”, ha dicho Turrión.
“Ningún juicio de valor”, según la IGAE
Turrión ha señalado también que en sus informes han tratado de “no afirmar nada que no esté sustentado en la ley o en los documentos obrantes en la causa”. “Hemos procurado hacer ningún juicio de valor y creo que lo hemos conseguido”, ha enfatizado, siendo “incapaz” de cifrar el número de horas que han dedicado pero asegurando que han sido “muchísimas”, con “dedicación plena” en “los primeros tiempos” desde que fueron designados en 2012. Las conclusiones están basadas en textos normativos o en los documentos aportados para realizar la pericia, han abundado los peritos de la IGAE.
Para conseguir una visión global por parte de los nueve peritos en este primera sesión del juicio, el fiscal ha interrogado brevemente al resto de peritos de parte. Juan Zornoza y Miguel Ángel Martínez (que elaboraron un informe a petición del letrado José María Mohedano, que defiende a José Antonio Griñán y a los exdirectores de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano), han ratificado igualmente su dictamen y su declaración judicial, expuesta también ante el Tribunal Supremo, “en todos sus extremos”.
En el mismo sentido se han mostrado Juan Antonio Carillo y Juan de Dios Jiménez con un informe presentado para la defensa de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, así como Juan Ramallo (con un dictamen encargado por la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez y que han propuesto hasta seis defensas) y José Ignacio López, con un informe aportado para la defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Continuas matizaciones técnicas
En la segunda parte de esta primera sesión para la prueba pericial conjunta, el fiscal ha ido entrando de manera individual con cada perito en diversas cuestiones de forma genérica para aclarar el marco de los conceptos usados en sus dictámenes, descendiendo poco a poco a pormenores más concretos y especialmente técnicos desde el punto de vista económico, financiero y presupuestario. La fórmula del análisis conjunta de esta prueba ha provocado, desde la primera pregunta, que asomen en el juicio las diferentes opiniones sobre la materia que han hecho constar cada peritos en sus respectivos informe.
“¿Qué es un crédito presupuestario?” ha sido la primera cuestión concreta expuesta por el fiscal. “Habilitación para gastar”, ha dicho Turrión. Al instante, Zornoza ha levantado la mano para hacer una matización y añadido que se establece “para un destino específico y en una cuantía concreta”. El perito de la IGAE, devuelta la palabra por el tribunal, ha contestado que estaba “de acuerdo” con Zornoza pero que se le había pedido brevedad en su respuesta. “Una vez me quedé corto, otra vez me he pasado”, ha bromeado Turrión cuando se le ha llamado la atención por excederse en su respuesta para aclarar una duda planteada por el fiscal respecto a la clasificación económica de los créditos presupuestarios y “el para qué del gasto”.
El portavoz de los peritos de la IGAE sí ha comentado en un momento dado que las transferencias de financiación por parte de la Junta para el abono de las ayudas de los ERE fueron utilizadas “indebidamente” e “ilegalmente, en contra de lo que la ley dice”, una cuestión contraria a la visión de varias defensas que, durante las sesiones que restan de prueba pericial conjunta, irán exponiendo su visión y que dará pie a que los peritos vayan rebatiéndose e intercambiándose el micrófono para precisar conceptos.
En la sesión de este martes, al menos de forma general, ya se ha apreciado la diferente postura entre “colegas”, como se han llamado entre ellos, respecto a los créditos presupuestarios, las leyes que los enmarcan o el uso que de ellos se hacen por parte de las administraciones públicas. Destaca ya desde el inicio una especie de mano a mano entre el portavoz del equipo de la IGAE y los catedráticos Zornoza y Martínez con su informe encargado por la defensa de Griñán.
