La Junta calcula que la reforma local pondrá en peligro 40.000 empleos en la región
La Junta calcula en más de 40.000 los empleos que se perderán en Andalucía con la reforma de la Ley de la Administración Local, del total de 200.000 que podrían desaparecer en el conjunto del país con la aplicación de una norma que elimina muchas competencias ahora en manos de los municipios, especialmente en materia de salud y servicios sociales. De hecho, ya prepara otro recurso en el Tribunal Constitucional contra esta medida del Gobierno de la Nación -se convertiría en el número 23 de los que enfrentan a las dos administraciones- por considerar que la reforma de la Ley de la Administración Local puede vulnerar la Constitución Española. De momento, el Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles que la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales prepare alegaciones y encargue un informe jurídico al respecto, tal y como anunció su consejero, Diego Valderas.
El también vicepresidente de Andalucía ha incidido hoy en que la norma supone una “colisión muy grave” con el Estatuto de Autonomía, al tiempo que ha recalcado que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) “no puede estar callada ni escondida ante lo que dice esa reforma”. El propio consejero comparecerá en septiembre en el Parlamento de Andalucía para abordar este tema, al tiempo que se exigirá la convocatoria de la Conferencia Sectorial Local y se cursará una petición al Senado para que las comunidades autónomas sean oídas en el trámite legislativo en la cámara alta. Intentará también pulsar la opinión de la FAMP, cuya presidenta, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), no se ha pronunciado todavía al respecto. “Es algo inaudito”, ha coincidido el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez.
Este ha señalado, la reforma “propuesta por el Gobierno de la Nación nace sin ningún consenso, con todos los partidos de la oposición en contra, sin ninguna comunidad autónoma a favor y con el rechazo incluso de ayuntamientos del PP”. Ha trasladado así que, para el Consejo de Gobierno, la ley vulnera el Estatuto de Autonomía y pretende “la demolición de las administraciones locales a favor de un centralismo trasnochado y rancio”.
“Desde la Administración General del Estado se despoja a las administraciones locales de competencias y se dejan muchas en manos de las diputaciones abriendo el camino para la privatización de muchos servicios públicos”, ha insistido. En su opinión, además, se generarán “ciudadanos de primera y de segunda dependiendo de su lugar de residencia”, dado que la norma es especialmente “perjudicial para los municipios de menos de 20.000 habitantes, que son los que pierden su autonomía”.
Por otro lado, ha criticado que no se incluya “una memoria económica, y que se transfieran a las comunidades autónomas competencias de los municipios sin que se concrete la transferencia de la financiación necesaria”, al tiempo que ha negado que el texto sirva para “eliminar duplicidades” como sostiene el Gobierno de la Nación.
