Valderas vaticina un nuevo recurso contra el Estado por la reforma local
La batalla en el Tribunal Constitucional entre la Junta de Andalucía y el Estado está a punto de editar un nuevo episodio: un nuevo recurso de inconstitucionalidad. Esta vez, por la reforma de la Administración Local que el Ejecutivo envió a las Cortes el viernes pasado. El vicepresidente autonómico, Diego Valderas (IU), ha anunciado hoy en Jaén que esta semana se verá en el Consejo de Gobierno un informe sobre la incidencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
Si este recurso de inconstitucionalidad se materializa será el número 23 en el enfrentamiento que la Junta y el Gobierno mantienen. El más reciente ha sido el interpuesto por el Estado, que gana en número de recursos ante el Constitucional, para paralizar el decreto de desahucios aprobado por el Gobierno Andaluz.
El vicepresidente ha asegurado que la reforma vulnera el Estatuto de Autonomía “que es una Ley Orgánica”, por lo que se pedirá “estudios de inconstitucionalidad para defender a Andalucía”. Además, ha explicado que la reforma también vulnera la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA) y la Ley de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA).
Valderas ha criticado una reforma que es “más dura que los borradores”, llega “sin acuerdo” y supone “una vuelta atrás, hasta un escenario preconstitucional”. Ha insistido en que resta autonomía a los gobiernos locales y propone la “centralización” de los servicios que se prestan a los ciudadanos. Según sus cálculos, en Andalucía alrededor del 75 por ciento de los municipios tienen menos de 20.000 habitantes, por lo que entran en el cupo de los que perderían competencias si su situación económica no se ajusta a los requisitos que marca la nueva ley. Por población, 3,5 millones de andaluces acusarían los cambios en la prestación de servicios, que pasarían a manos de las diputaciones o las comunidades autónomas, según los casos.
El vicepresidente de la Junta ha pedido un pronunciamiento de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y que el Senado actúe como cámara de representación de las comunidades para modificar la ley. Valderas ha dado por seguro un recurso de inconstitucionalidad de la Junta contra esta norma –también el PSOE ha cuestionado la constitucionalidad de la norma- “si no hay racionalidad, consenso y diálogo” durante el trámite parlamentario.
Entre los aspectos que más critica el vicepresidente está que la ley carezca de una memoria económica. Ha asegurado que el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, “habla de una reducción del gasto de 8.000 millones de euros, pero no se sabe de dónde van a salir”. Entre sus temores está que esos recortes saquen a la luz “la vocación privatizadora” de los servicios que presta la Administración Local y que queda en manos del Gobierno la retirada de competencias a los ayuntamientos si no cumplen determinados objetivos económicos.
