Andalucía aspira a ser la tercera comunidad autónoma en gestionar la sanidad penitenciaria
El Senado pidió unánimemente en octubre de 2016 que las autonomías gestionaran la sanidad penitenciaria. El Ministerio del Interior anunció meses después, en abril de 2017, que sería en aquel año cuando iba a cerrar el traspaso de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Hasta el momento no se ha concretado traspaso alguno, pero Andalucía ha puesto ahora de su parte una primera piedra: el Parlamento autonómico ha aprobado este jueves la Proposición no de Ley presentada por Adelante Andalucía para que la sanidad penitenciaria sea transferida al Servicio Andaluz de Salud.
Puede que sea el primer paso para que 13.500 personas presas en Andalucía no siagn “deambulando bajo dos sistemas sanitarios” y con “severas lagunas” en su asistencia sanitaria como ya denunciaba el Defensor del Pueblo Andaluz hace tres años, con la atención primaria por parte de funcionarios de las prisiones y la atención especializada por parte del SAS. El rechazo a la PNL podría generar “sufrimiento” tanto a los internos como al personal funcionario, según advertía en la presentación de la propuesta la diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora, quien ha lamentado la ausencia del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, durante el debate.
Pese a que en 2003 se aprobó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía para el año siguiente la completa integración de la sanidad penitenciaria dentro de las competencias sanitarias de todas las autonomías, 15 años años después esas competencias tan solo se han transferido a Catalunya y Euskadi. Ahora la comunidad andaluza quiere sumarse a esa liga de gestión sanitaria completa en las cárceles al aprobar la propuesta de la confluencia, que apostaba en la PNL, enmendada por el PP, por que se hiciera “a la mayor brevedad posible”, teniendo en cuenta que la ley que mandata esa transferencia se aprobó hace 15 años.
Los votos a favor de PP, Ciudadanos y Adelante Andalucía, la abstención del PSOE-A y el rechazo de Vox, han conseguido que el Parlamento autonómico se inste al Gobierno andaluz a que, en cumplimiento de aquella ley, emprenda las negociaciones oportunas con el Gobierno central en ese sentido, siempre y cuado se garantice la transferencia de los recursos económicos y humanos suficientes, y se facilite toda la información sobre los profesionales sanitarios, el equipamiento y la actividad asistencial de los centros penitenciarios a transferir.
En virtud de otra enmienda del PP-A, el Parlamento ha instado a la Junta a que reclame al Ejecutivo nacional que pague la asistencia sanitaria a la población reclusa prestada por la Junta, de conformidad con las recientes sentencias judiciales. Dicha punto ha contado con el rechazo de Vox y el apoyo del resto de grupos.
Organizaciones de médicos y de derechos humanos vienen pidiendo el fin del “precario acceso” a la sanidad dentro de las cárceles y el traspaso de las competencias, a lo que se han sumado colectivos de profesionales que trabajan en las prisiones y otras organizaciones colegiadas. El consenso es generalizado en la cuestión, incluso de todos los partidos en el Senado, como se ha señalado. El Defensor del Pueblo Andaluz también pidió directamente que “se promueva los procesos técnicos de traspaso de los medios personales y materiales de la asistencia sanitaria penitenciaria al sistema sanitario público de Andalucía”.
Entre otras problemáticas se encuentra el hecho de que las cárceles españolas se están quedando sin médicos: las bajas definitivas del personal que se producen cada año no se cubren ni siquiera con las plazas que se convocan. En cuanto a cuestiones competenciales, este periódico informó recientemente de que Andalucía se negaba a integrar el sistema informático sanitario en las cárceles por falta de convenio con el Gobierno central.
Adelante Andalucía ha rechazado una enmienda del PSOE relativa a que la transferencia se tenga que realizar del Consejo Interterritorial de Salud, advirtiendo de que en Congreso o Senado no se han posicionado de tal manera. “Ustedes están planteando algo que su Gobierno, su partido, no comparte en Madrid”, le ha reprochado a la portavoz socialista, agradeciendo “la labor de colectivos, ONG, colegios medicos, sindicatos penitenciarios y turnos de oficio por su lucha por la dignidad de todas las personas presas”.
Gestión penitenciaria
Paralelamente, el grupo parlamentario de Adelante Andalucía tiene registrada otra PNL en la que pide que el Gobierno andaluz inicie los pasos pertinentes para que la comunidad asuma no ya la sanidad penitenciaria sino las competencias propias en materia de ejecución penitenciaria, conforme al artículo 67.3 y la Disposición Transitoria Primera del Estatuto de Autonomía.
“Es el momento de defender y refundar nuestro autogobierno ante la amenaza cierta, e incluso inminente, de próximas reformas constitucionales que pueden acabar por vaciarlo de todo contenido y convertirlo en una mera descentralización administrativa”, argumenta la confluencia.
Adelante recuerda que, si bien la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación penal y penitenciaria, “determinadas comunidades autónomas han asumido en sus respectivos Estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria por lo que, en tales casos, es a la comunidad a quien le corresponde la dirección, organización, inspección y gestión de la actividad penitenciaria en las prisiones sitas en su territorio”.
“La competencia penitenciaria no es función exclusiva del Gobierno central sino que la ejecución de la ley estatal en materia penitenciaria y la exclusividad de la organización y el funcionamiento de los centros penitenciarios en Andalucía corresponden a las instituciones andaluzas, tal y como lo expresa el Estatuto”, señala la PNL que aún está en trámite parlamentario.
