“Sufren episodios brutales de discriminación. Se han olvidado de ellos”. Antonio Abad, uno de los fundadores del Colectivo de Trabajadores Africanos y presidente de la Asociación Solidaridad Igualdad y Sostenibilidad Trabajo Integral Cuenca Minera (ASISTI), conoce de primera mano desde hace años la situación de los asentamientos chabolistas de temporeros migrantes en la provincia de Huelva que, como en otros puntos de Andalucía, se desplazan para trabajar en las campañas agrícolas o desempeñan tareas del campo en los cultivos bajo plástico. En estas fechas, el trabajo está más centrado en la campaña de la aceituna en Jaén, donde el frío y la lluvia se suman a la pandemia. Pero la Covid-19, en lugar de que las administraciones hayan puesto más ojos en salvaguardar la dignidad de las infraviviendas y las difíciles condiciones vitales de sus habitantes, ha provocado que este sector de población se haya quedado “fuera del todo”. “Como si no existiesen”, lamenta Abad. “La situación ha empeorado y no hay medidas alternativas”, corrobora José García Cuevas, portavoz del SAT en Almería, en el otro extremo de Andalucía.
El asunto no le es ajeno a las miles de personas que viven, no de una manera tan visible como en los grandes asentamientos de temporeros, en infraviviendas distribuidas en determinados puntos sobre todo de las capitales, donde sobreviven sin acceso a los suministros más básicos, con unos recursos económicos informales dañados por el confinamiento y las restricciones a la movilidad. “Doblemente invisibles, fuera de los radares de las administraciones, que no dan una respuesta real a la emergencia alimentaria”, denuncia Natalia García, delegada en Granada de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA), que se refiere a determinadas zonas de las capitales de provincia o de localidades mínimamente grandes donde haya manera de buscarse la vida.
Las cifras oficiales suelen ofrecer un pequeño fragmento de esta realidad, según quienes trabajan sobre el terreno. Un ejemplo: una resolución de la Junta de Andalucía del pasado 11 de mayo concedió ayudas extraordinarias por un total de 2.297.000 euros a doce municipios donde hay asentamientos chabolistas de inmigrantes, repartiendo proporcionalmente según la población beneficiaria. Níjar, con 704.000 euros, casi dobla al segundo, Lucena del Puerto (Huelva). Les siguen, por este orden, Moguer, Lepe, Palos de la Frontera, El Ejido y Roquetas de Mar. En total, se reconoce que hay 2.208 personas en asentamientos chabolistas en Almería, y 2.170 en Huelva.
Según estas cifras, y aplicando la proporcionalidad, en Níjar habría unos 1.300 inmigrantes en los asentamientos. Sin embargo, el Plan Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Níjar, de 2018, cifraba en 3.014 las personas que habitaban alguno de los 94 asentamientos del municipio, alguno de los cuales supera por sí solo los 1.000 habitantes, según las ONG. Las organizaciones calculan que en toda la provincia hay al menos unas 5.000 personas residiendo en estos lugares.
Incendios en plena pandemia
La ayuda de la Junta de Andalucía tenía como objetivo financiar actuaciones para distribuir agua potable, mejorar la recogida de residuos o adquirir material de higiene y sanitario. “Un lavado de cara”, según García Cuevas, que apenas disimula la extrema precariedad de estos asentamientos. Ahora hay contenedores de basura y un camión de agua potable acude una vez en semana. “Las medidas de higiene siguen brillando por su ausencia. Hay un número importante de trabajadores viviendo de forma hacinada e insalubre, sin acceso a una ducha o al agua potable”, denuncia.
El sindicato, en colaboración con Vía Campesina, ha pasado un cuestionario a unos 200 trabajadores migrantes sobre cómo ha afectado la crisis sanitaria a las condiciones de trabajo en el campo. Aunque el balance final aún está en elaboración, destaca que alrededor del 40% de los encuestados no tenían permisos en regla, según Joanna Moreno, que ha participado en la realización del trabajo. “Esto ha supuesto que durante el confinamiento no podían salir a trabajar, porque no tienen papeles ni contrato de trabajo para demostrar que estaban trabajando”, resume Moreno: “Trabajan jornada a jornada y cobran al día. Es una situación de total desamparo”.
En el caso de los alojamientos de migrantes, a los incendios habituales en los asentamientos de temporeros, no solo en Huelva sino también en Níjar (Almería) como el de este mismo mes de diciembre, se le ha sumado la complicación del realojamiento mientras reconstruyen sus chabolas. “Tuvieron que buscarse la vida como pudieron, incluso bajo amenazas de que si aparecían por ahí iban a ser arrestados”, señala García Cuevas, en relación al incendio de La Paula, en Níjar. Pocos días después aparecieron tractores para arar la tierra y dejarla lista para el cultivo. Los afectados han tenido que realojarse temporalmente con familiares o en otros asentamientos, lo que resulta en más hacinamiento. En otros casos han levantado el campamento sobre las cenizas, como ocurrió en Los Albaricoques, un gran asentamiento junto a la carretera a Las Negras que ardió en 2019. “En cuestión de semanas se reconstruyó: buscaron palés y plásticos, y a día de hoy es más grande que hace un año”. La última semana de diciembre se declaró otro pequeño incendio en otro campamento.
En Lepe, Ejército y Alcaldía discreparon sobre la ubicación de un campamento para proteger del virus a los temporeros, que quedó en agua de borrajas. 2020 se había marcado como horizonte máximo para erradicar los asentamientos de inmigrantes en Huelva, pero con el Covid la situación ha empeorado: el polideportivo o el estadio municipal otra vez como solución temporal, y hasta el siguiente incendio.
A la destrucción de los asentamientos se le ha sumado este año las consecuencias propias de la pandemia. Confinados sin agua y sin suministros básicos, su voz se hizo llegar al Gobierno de España en pleno estado de alarma. Pero nada ha cambiado. “Estos trabajadores sufren normalmente unas condiciones durísimas y con la pandemia se han agravado”, relata Antonio Abad, quien denuncia una “doble discriminación” hacia los asentamientos chabolistas. “No se ha hecho nada. Pusieron un camión cisterna durante un mes y para de contar. Las autoridades se han olvidado de ellos”.
“La pandemia ha afectado de forma dramática”
Para Abad, “poco o nada ha cambiado” entre los habitantes de estos asentamientos, más allá de que las dificultades han incrementado con las restricciones en cuanto al número de personas que hacen uso de los autobuses previstos para los desplazamientos. “El uso de la mascarilla cuando van al pueblo y poco más. Ellos tienen otras prioridades, como es conseguir ingresos por su trabajo, pero la pandemia en sí preocupa muy poco y actúan como si nada pasara. Asumen como naturales sus dificultades”. La solución, según Abad, sigue estando en el mismo tejado: “Llegaron fondos [2,3 millones a Huelva y Almería] pero aquí no han puesto puntos de acceso al agua. Ni los ayuntamientos de Lepe ni de Cartaya, ni la Diputación de Huelva, han solucionado la cuestión”.
Eso en Huelva. Pero la situación no es diferente en otros puntos de Andalucía donde existen asentamientos no conformados mayoritariamente por personas de origen inmigrante, como en Granada, donde aproximadamente medio millar de personas malviven en chabolas, según denuncia Natalia García, de APDHA. “La pandemia ha afectado de forma dramática y se ha asumido su situación de invisibilidad, porque suelen ser gente que ya es bastante invisible para el sistema en general y que, con todo esto, pues ha aumentado muchísimo”, señala García, que recuerda que los modos de supervivencia de la gente que suele vivir en los asentamientos “suelen ser informales” e “inicialmente, durante el encierro se vieron, gravísimamente afectados porque no podían seguir buscando su fuente de ingresos”. A ello se une que “muchos de ellos ya estaban fuera del radar de servicios sociales y de todos los canales de distribución de alimentos, de servicios básicos”.
La portavoz de APDHA destaca también que para muchísimos niños y niñas, el confinamiento supuso su “completa desescolarización”. “Para muchos ya era difícil porque no contaban con dispositivos electrónicos, ya que muchos de ellos están viviendo en casas sin electricidad o con la electricidad absolutamente limitada por generadores. Y cuando ha habido casos de Covid, se aplica perfectamente la máxima de 'cómo lavarte las manos cuando no tienes agua y cómo encerrarte cuando no tienes casa'. Estamos hablando que en Andalucía sigue habiendo gente en asentamientos, en infraviviendas, sin luz, sin agua, sin la comida garantizada, sin los suministros básicos garantizados, que eso ya es bastante grave sin Covid y que es extremadamente complejo si lo añadimos”, comenta. “Si las administraciones, de forma más o menos criticable, han atendido las necesidades de determinados colectivos, el de los asentamientos específicamente ha quedado bastante fuera después de todos los radares y de todos los recursos”.
Red de recursos privados
“El tema de la chatarra ha sufrido muchísimo durante todo el confinamiento, porque ha habido menos producción industrial, se han sacado menos cosas a la calle. La mendicidad también se ha visto muy afectada durante el confinamiento. Y ahora hay más miedo al pobre”, comenta la representante de APDHA, que explica que, a diferencia de los “enormes” asentamientos de temporeros, en las ciudades “cuando hay una casa abandonada y medio de ruinas, y de repente ahí descubres que tiene por detrás, donde no se ve, vive una familia, es bastante menos visible y llamativo pero eso no quita que esté ocurriendo y que hay muchas familias que están viviendo sin luz y sin agua, sin saneamientos. Y aún así sobreviven, lo que pasa es que el Covid supone una vuelta de tuerca más que les está haciendo la supervivencia mucho más difícil”.
“Nuestras administraciones no están dando una respuesta real a toda la gente que está en situación de emergencia alimentaria. Como no han gestionado adecuadamente los recursos existentes, todo se basa en una red de recursos privados desde donde no se puede ganar no se pueden garantizar los derechos. Los derechos los tiene que garantizar la administración pública, y se quiere apoyar en los recursos privados desde una visión de 'yo coordino, yo veo quién tiene que dar qué, y de qué manera'. Pero, desde luego, no se pueden curar en darle 300.000 euros a una organización para solventar el tema de emergencia alimentaria”, concluye la delegada de APDHA.
A veces la administración no solo no soluciona el problema, sino que obstaculiza las posibles mejoras en los asentamientos, como la llegada de suministros básicos. El argumento es que facilitar agua o luz contribuiría a perpetuar las infraviviendas. Así ocurrió en abril, cuando fueron los voluntarios del SAT quienes ayudaron a canalizar agua potable a Atochares, el principal poblado de trabajadores migrantes en Níjar. La alcaldesa explicó a este diario que la situación no era tan grave, porque en Níjar los trabajadores podían tomar el agua de los invernaderos. “Claro. También podrían recoger el agua de la lluvia”, replica con ironía García Cuevas. El agua de los invernaderos, en todo caso, no es potable, porque proviene de la desaladora de Carboneras. También Ethical Consumer organizó un crowdfunding en Inglaterra para enviar material sanitario.
“El sector tiene que tomar medidas serias para la regularización de estos trabajadores, con carácter europeo”, opina el sindicalista, que pide también una política de vivienda que contribuya a dignificar las condiciones de vida de estos trabajadores. “Es muy grave que el dictador Franco haya hecho más viviendas sociales en Almería que durante la democracia. Es grave y sonrojante”. García Cuevas advierte contra un conflicto larvado que puede explotar. En Níjar, el municipio de Andalucía con más trabajadores inmigrantes viviendo en chabolas, Vox se impuso holgadamente en las últimas elecciones generales, con el 35,29% de los votos. En las municipales, el PSOE retuvo la alcaldía, pero algunas fuentes observan una influencia creciente de las posiciones de extrema derecha. “Es una situación sin visos de mejora, porque no hay voluntad”, zanja.