Radiografía de las instalaciones judiciales en Andalucía: dispersas, insuficientes, mejorables
La situación de las infraestructuras judiciales en Andalucía es, cuanto menos, mejorable. A ningún ciudadano le gusta, en el ya de por sí desagradable camino por la Administración de Justicia, encontrarse con dificultades o incomodidades cuando tiene que enfrentarse a un juicio, a un reconocimiento médico o a la ejecución de algún trámite o papeleo. Menos agradable resulta para los miles de profesionales y operadores judiciales que a diario acuden a sus puestos de trabajo en las instalaciones judiciales andaluzas.
Los casos son diversos según la localidad pero la dispersión de sedes en las capitales, el mal estado de algunas de ellas, la falta de espacio y las frustradas expectativas en la construcción de nuevos edificios, ralentizadas con la crisis económica, hacen que la ciudadanía padezca una doble victimización cuando llega a los juzgados. Una cuestión que los funcionarios judiciales, que también la sufren a diario, no dudan en denunciar cuando tienen ocasión.
La actual situación económica y presupuestaria de las administraciones públicas está determinando el ritmo y los plazos de nuevos proyectos, apuntan fuentes de la Consejería de Justicia e Interior, competente en la adecuación de las instalaciones judiciales. La falta de suelo es la principal causa de la ralentización de muchas de las actuaciones en esta materia, añaden, pero la Junta no ha renunciado a ningún proyecto y ajusta su planificación a la actual coyuntura económica.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha apremiado en diversas ocasiones a la Administración a invertir en la construcción de nuevas sedes judiciales, se refería en concreto en su última memoria a las ciudades de la Justicia de Sevilla, Cádiz, Córdoba o Huelva. El objetivo es evitar “elevados gastos” en alquileres, que supusieron 15 millones de euros el pasado año, y emprender “una firme apuesta y consecución, en tiempos razonables, de edificios judiciales concentrados”, según el alto tribunal andaluz.
La Junta, que señala que ahorró 2,7 millones en el alquiler de sedes judiciales durante el último año, reconoce por otra parte que es necesaria una mejor distribución orgánica y territorial de cargas de trabajo y una reorganización de la estructura que, entienden, vendrá condicionada por la modificación de la Ley de Planta y Demarcación o la futura ley de tribunales de instancia. Estos proyectos afectarán a la planificación de las infraestructuras, dicen en la Consejería, que no renuncia a ningún proyecto pero que ajusta la planificación a la actual coyuntura “sin dejar de avanzar en los trabajos”, haciendo diversas consignaciones en los presupuestos anuales para mejorar las instalaciones.
Almería
En la capital almeriense hay dos sedes judiciales. Por una parte, el Palacio de Justicia, que alberga la Audiencia Provincial y la Fiscalía Provicial. Un edificio antiguo por lo que, según los operadores judiciales, se hace necesaria una inversión importante para adecuarlo a las necesidades de una oficina judicial moderna. Existe “mucho papel”, especialmente en la Fiscalía, informa Íñigo Más.
Por otra parte está la Ciudad de la Justicia, un edificio muy moderno y estéticamente atractivo que, sin embargo, debido a la gran tardanza en acabar las obras, no ha compensado positivamente las esperanzas que se tenían en él. No ha logrado acabar con la dispersión de sedes de judiciales, ya que sigue manteniéndose el Palacio de Justicia, lo que supone que prácticamente todos los pleitos tengan que trasladarse para algún tramite a la Fiscalía.
Para los trabajadores, no es un edificio con suficiente espacio, con muchos despachos saturados de trabajadores y profesionales y, en la mayoría de los espacios, montañas de expedientes con los riesgos que esto supone. Además, existe algún problema de ventilación que hace, que en ocasiones, se produzcan malísimos olores en el Registro Civil, provenientes de la sala de autopsias del Instituto de Medicina Legal. Para el usuario sí es un buen edificio pero para los trabajadores no. Hace un calor “horroroso” en la mayoría de dependencias, teniendo que utilizarse el aire acondicionado incluso en invierno.
Cádiz
La situación de la infraestructura judicial en Cádiz y su provincia deja bastante que desear. Inicialmente, por la particularidad que tiene el hecho de soportar zonas de una gran densidad de población como Jerez o el Campo de Gibraltar que tienen una autonomía limitada. El hecho de que estén centralizados en la capital juzgados como el de lo Mercantil provoca un colapso que podría evitarse con una mejor organización, aseguran las fuentes judiciales consultadas, informa Francisco José Jiménez.
En Cádiz se tiene que hablar de desastre desde el punto de vista organizativo. Lorenzo del Río, presidente del TSJA y gaditano de adopción, está muy preocupado por la situación, pero el proyecto de la Ciudad de la Justicia que se anunció allá por 2001 se ha quedado estancado y con él la posibilidad de concentrar las sedes, que en este momento están desperdigadas por la Tacita de Plata. Desde la Junta se dice públicamente que nadie arroja la toalla, pero la financiación debe llegar por empresas del sector y ni los más optimistas creen que pueda ver la luz antes de una década.
José Manuel Jareño, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, ya decía en 2013 que lo daba por perdido y desde entonces nada se ha movido. Sólo las descalificaciones entre el Ayuntamiento local, del PP, y la Junta de Andalucía (PSOE y ahora también IU). Son muchas, demasiadas, las sedes judiciales de Cádiz capital y la mayoría son antiguas e inadecuadas, como la de San José. Poco espacio y mucho trabajo para los funcionarios, procuradores, letrados y jueces, que deben acumular paciencia. Procedimientos en lo Penal de hechos que ocurrieron en 2007 se están viendo ahora en un proceso de siete años para una instrucción y una fase oral. Y lo peor está por llegar porque, según comenta un letrado de Cádiz, “tengo clientes que piden la incapacidad y no sé si llegarán vivos al juicio. Es triste, pero es así”.
Preocupante es también la situación del juzgado de lo Mercantil de Cádiz, que no da abasto para el trabajo que le llega de toda la provincia. El 70% de lo que tramita procede de la comarca de Jerez, incluyendo localidades como Chipiona o Sanlúcar de Barrameda, que es donde radica el tejido empresarial productivo de esta zona. Son muchas las empresas que han presentado concurso de acreedores o que han realizado reclamaciones mercantiles y el tiempo de espera es enorme.
En Jerez de la Frontera se antoja básico que hubiera un juzgado de lo Penal más y otro de lo Social, así como que este municipio recuperase las competencias que tenía anteriormente a nivel de la Audiencia Provincial con la existencia de un juzgado de Familia y otro de Violencia de Género. Todas estas carencias provocan que los asuntos tarden años en resolverse, con el consiguiente perjuicio para los justiciables, dado que una justicia lenta y tardía no es una justicia justa, como se dice en el mundillo.
Córdoba
En Córdoba, a la espera de la construcción de la denominada Ciudad de la Justicia, los distintos órganos judiciales están dispersos en la ciudad en varias sedes: los juzgados de Menores están en un edificio, en otro están los juzgados de lo Civil y en un tercer edificio mayor, el Palacio de Justicia con los juzgados de lo Penal, dispersión que conlleva cierta incomodidad y pérdida de tiempo tanto a agentes jurídicos como a ciudadanos, informa Carmen Reina.
El actual Palacio de Justicia es un edificio que se ha quedado pequeño y la falta de espacio da como resultado momentos como reuniones entre abogados y clientes en mitad de los pasillos porque no hay salas para ello o que demandados y víctimas tengan que esperar el comienzo de su vista a escasos metros los unos de los otros. El edificio no ha sido sometido a ninguna reforma estructural importante, aunque sí se han realizado recientemente mejoras en el acondicionamiento de calefacción y aire acondicionado que fallaban en los últimos años.
La falta de espacio en el edificio afecta también al almacenamiento de los archivos y expedientes. De hecho en febrero de este año, se han empezado a destruir cerca de 85.000 expedientes judiciales antiguos y sin valor –de entre 1945 y 1997- para liberar espacio. La informatización de los expedientes es un proceso lento, a pesar de que ya está en marcha en algunos juzgados el sistema Lexnet de notificaciones electrónicas.
Y todo ello, a la espera de que se construya la prometida Ciudad de la Justicia, proyecto presentado en 2007 y sobre el que la crisis se echó encima, para el que la adjudicataria de la obra aún no tiene la financiación precisa, aunque cuenta con una reciente prórroga de la Junta de Andalucía para que finalice la búsqueda de dicha financiación. Aún no hay fecha para la primera piedra y el horizonte para un traslado a esa futura Ciudad de la Justicia está muy lejos.
Jaén
La dispersión es la nota que caracteriza a los juzgados en la capital jiennense. Al menos siete sedes diferentes, la mayoría próximas al edificio de la Audiencia Provincial, se reparten el trabajo y las áreas de especialización. No obstante, otras dos (los juzgados de lo social y el de menores) se encuentran 'deslocalizadas' en una zona céntrica pero distante, informa Concha Araújo.
El decano del Colegio, Vicente Oya, señala que ese es el aspecto que más interfiere en su tarea. No obstante, también hace hincapié en “la falta de recursos” tanto técnicos como humanos que dificultan “cuestiones tan básicas como la ejecución de las sentencias”. El proceso de informatización y las mejoras destacan en el caso de los juzgados de lo contencioso-administrativo que “son los que mejor funcionan”.
Casi desde finales del siglo XX existe un compromiso de la Junta de Andalucía para reagrupar todos los juzgados de la capital en la Ciudad de la Justicia. Un proyecto que se demoró por razones técnicas y que, en la actualidad, está paralizado por los recortes. La Junta sostiene que no renuncia a su ejecución “cuando haya financiación”.
Granada
La 'capital judicial' de Andalucía cuenta con tres grandes sedes. La más importante es la del TSJA, ubicada en la Real Chancillería, un impresionante edificio histórico del siglo XV que este año por primera vez se ha abierto al público durante una semana. En este centro de trabajo conviven la Fiscalía Superior de Andalucía más las cuatro salas de Civil, Penal, Contencioso y Social del TSJA, junto a dos salas de lo Penal de la Audiencia Provincial. Un magnífico espacio que, sin embargo, se ha quedado pequeño y cuenta con las deficiencias propias de un edificio de sus características donde los fiscales y los magistrados comparten espacios.
El otro gran centro de trabajo está justo en frente. Los llamados Juzgados de Plaza Nueva cuenta con 11 juzgados de Primera Instancia, más la Fiscalía Provincial, la Sección de Medio Ambiente y el Juzgado de lo Mercantil, informa Ángeles Huertas. Un edificio de tres plantas que se ha quedado a todas luces pequeño con una gran carga de trabajo especialmente en el área de Mercantil. Los funcionarios llevan años denunciado la existencia de cables sueltos y el estado de los archivos, “sin apenas luz y con un acceso penoso”, asegura Javier Toro, secretario del Sindicato de Funcionarios de Justicia de Granada.
El gran complejo judicial está en La Caleta. Aquí, dos edificios unidos albergan la mayor carga en Granada con tres juzgados de Familia, tres de Primera Instancia, nueve de Instrucción, siete de lo Social, seis de lo Penal, cinco Contencioso Administrativo, dos sobre Violencia a la Mujer, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, el Servicio de Actos de Conciliación y el Juzgado de Guardia, más el Servicio de Atención a las Víctimas y la sala para juicios rápidos. Este gran entramado de algo más de 32.000 metros cuadrados tuvo su última gran reforma hace siete años, con la inclusión del llamado edificio de Telefónica.
Aunque el inmueble es relativamente nuevo y en principio cuenta con buen aspecto, recientemente las denuncias de los trabajadores hicieron saltar la voz de alarma, ya que amenazaban con llamar a la Inspección de Trabajo si no se solucionaba la situación de ventilación. La inmensa mayoría de las ventanas de este complejo no pueden abrirse por lo que, cuando las máquinas de aire se estropean, el ambiente se carga y se hace muy complicado soportar el calor y la sensación de agobio. El edificio acoge cada día a centenares de trabajadores y de ciudadanos.
El resto de la Justicia de Granada está distribuida por la ciudad en edificios más pequeños. Así, los temas relacionados con Menores se tratan en Marqués de la Ensenada con dos juzgados y su correspondiente Fiscalía. Las salas 3, 4 y 5 de lo Civil de la Audiencia Provincial están en Placeta Poeta Luís Rosales (cerca de Plaza Nueva), el Tribunal Económico al lado del Ayuntamiento, en Almona del Campillo, y el Servicio de Arbitraje y Conciliación en la calle Azacayas. Entre La Caleta y Gran Vía de Colón se ubica la Abogacía del Estado. Con seguridad, el que está más apartado de los juzgados es el Instituto de Medicina Legal, que hace pocos meses se trasladado al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud, donde se abrirá el nuevo gran hospital de la ciudad y la Facultad de Medicina.
Huelva
En Huelva, el responsable de la sección sindical de Justicia de Comisiones Obreras, Aquilino García, avisa de los graves problemas de espacio que sufren, sobre todo, los tres juzgados de lo social, que además se encuentran diseminados en otras tantas sedes distintas en la capital onubense, informa Fermín Cabanillas.
El ubicado en la Plaza Niña presenta graves problemas de archivo, aunque uno de los más peculiares es el que sufre el situado en la calle Arquitecto Pérez Carasa, que se encuentra en una vivienda de un edificio, “sin sitio físico para poder celebrar las vistas, al carecer de ello”.
De esta forma, en esta sede se siguen las tramitaciones, pero los juicios hay que llevarlos a otra, “aunque parece que por fin la Junta nos ha dicho que se ha aprobado la posibilidad de sacar a concurso una nueva sede para reunir los tres sociales. Se habla de finales de año, pero no se sabe con exactitud”.
En lo referente al resto, “los problemas no son tan graves, aunque en el mercantil, de Alameda Sundhein, hay problemas con el archivo, y la sede central presenta problemas eléctricos, ”ya que se hizo una reforma sin tener en cuenta la instalación posterior, aunque parece que se va a solucionar con una obra que ubicará cables con el grosor necesario para todas las instalaciones“.
Problemas de espacio se dan también en el juzgado de menores, en la calle Echegaray, sobre todo de cara a trabajar con soltura los funcionarios, aunque CCOO señala que son menos graves que los citados.
Málaga
La Ciudad de la Justicia de Málaga es un espacio de 70.000 metros cuadrados puesto a funcionar hace siete años. Conviene repetirlo: siete hectáreas o, en la recurrente unidad métrica periodística, unos 14 campos de fútbol. Según las crónicas, el arquitecto José Seguí dijo en la inauguración que era “una maleta para viajar muchos años”. Pero la Ciudad de la Justicia de Málaga se ha quedado pequeña, según explica su juez decano, José María Páez, quien cree que el edificio “no se hizo con previsión a largo plazo” y que no se tuvieron en cuenta las necesidades cambiantes del mundo jurídico ni la expansión de Málaga y su provincia. Hoy, sugiere que la ampliación es posible en el solar anexo o en el descampado (barrizal cuando llueve) que sirve de aparcamiento frente al edificio.
Nadie lo hubiera dicho cuando el 30 de noviembre de 2007 Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta de Andalucía, inauguró el complejo. Ni casi se diría hoy, cuando se divisa imponente desde la autovía que lleva a la Costa del Sol. Aquí caben 76 juzgados, ocho secciones de la Audiencia Provincial, 1.603 trabajadores, 142 jueces y magistrados, 57 fiscales, tres millones de expedientes, el Instituto de Medicina Legal, una sede del Registro Civil y muchas cosas más. Por ella pasan entre 3.500 y 4.000 personas cada día, informa Néstor Cenizo.
La Ciudad de la Justicia de Málaga es una mole que concentra siete sedes antes dispersas. “Se presentan unos 370.000 escritos al año. Es muy importante no tener que llevarlos al centro de Málaga, poder subirlos de una planta a otra”, explica Páez. Francisco Bernal, decano del Colegio de Procuradores, destaca la “comodidad y agilidad” para los profesionales y los justiciables. Ya no se paga alquiler, como ocurría antes con algunas sedes: el edificio, construido sobre un solar cedido por el Ayuntamiento, es propiedad de la Junta.
Bernal está satisfecho con el acceso a los legajos, pero tanto él como el juez decano reclaman la implantación del expediente electrónico, que permitiría presentar y consultar documentos telemáticamente. Actualmente se comunican por correo electrónico las resoluciones (de hasta 250 folios) de los juzgados de primera instancia, de lo mercantil y de lo contencioso-administrativo. Se espera que a partir de septiembre se incorporen los juzgados de lo social, los penales y la Audiencia Provincial. “Este edificio impresiona, llegas al hall y parece la T-4. Pero no queremos que sea el coche de las escuderías malas, que se queda en la buena pinta”, explica el juez.
Por fuera, José Seguí recurrió a lo que los arquitectos llaman brise soleil, inspirado en el racionalismo de Le Corbusier: enormes lamas de hormigón prefabricado que protegen al interior de la luz directa. Por dentro, la ciudad es un amplio cajón de paredes de plástico gris. Tres ascensores y una escalera mecánica comunican las cuatro plantas con el recibidor y el sótano. La elegancia modernista del Palacio de Miramar se sustituyó por una funcionalidad inquietante.
Pero no todo se previó. Durante un tiempo, por los conductos de ventilación se propagó un desagradable olor proveniente del Instituto de Medicina Legal, donde se realizan las autopsias. Tampoco se vio venir la llamada 'guerra del parking', la lucha entre los jueces y los funcionarios por el reparto de las 166 plazas de aparcamiento subterráneas. El asunto llegó al Tribunal Supremo, pero quien puso orden (que no paz) fue la Consejería de Justicia, que validó el reparto del juez decano: 67 plazas para los jueces y 44 para los funcionarios, que acusaron a la Junta de ceder a los “poderosos”. Historias de una ciudad que se queda pequeña.
Sevilla
La reivindicación de una sede judicial digna en Sevilla es una cuestión frecuentemente recordada por abogados, jueces, fiscales y funcionarios. Las instalaciones que albergan los juzgados penales y de instrucción de la capital hispalense, ubicadas en el Prado de San Sebastián junto al Palacio de Justicia, cuentan con deficiencias estructurales que la Consejería de Justicia trata igualmente, cada cierto tiempo, de paliar con reformas parciales. “Parches”, según lamentan varios abogados y representantes sindicales, que no terminan de solucionar los problemas de espacio para albergar los archivos, para organizar las oficinas judiciales y para hacer del tránsito diario de público y profesionales una experiencia medianamente confortable.
No hay verano en que los funcionarios de Justicia no eleven originales protestas ante el asfixiante calor que se concentra en su lugar de trabajo. El modelo que la Junta ejecutó en Málaga con la Ciudad de la Justicia queda muy lejos. ¿Y en cuanto a la seguridad? ¿Un plan de emergencia o de prevención contra incendios? “No me consta”, reconoce el decano de los jueces de Sevilla, Francisco Guerrero.
Sevilla cuenta con otras dos sedes judiciales, más modernas, en los edificios Viapol y Noga, no muy lejanas de la sede principal del Prado. Los espacios están organizados por jurisdicciones. La Junta emprendió obras de mejora en los juzgados del Prado con una inversión de 2,4 millones de euros para adecentar el lugar consistentes en arreglo y renovación de la instalación, colocación de nuevas calderas para la calefacción, pintura de patios, estancias interiores y zonas comunes.
(Esta información ha sido elaborada por Íñigo Mas, Javier Ramajo, Néstor Cenizo, Concha Araújo, Fermín Cabanillas, Ángeles Huertas, Francisco Jiménez y Carmen Reina)
