Lucro inmobiliario a costa de la exclusión: los pisos turísticos también lastran el acceso a techo de población vulnerable
El fenómeno de gentrificación y turistificación que azota al casco histórico de Sevilla, y su consecuencia directa del aumento de precio de la vivienda en alquiler, tiene un “efecto cascada” al resto de barrios de la capital. Y con otra consecuencia, en este caso social, para colectivos vulnerables en general y, más concretamente, solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Familias sirias refugiadas de cinco o seis miembros están pagando entre 600 y 720 euros al mes de alquiler en zonas muy humildes de la capital andaluza como Los Pajaritos o La Candelaria.
La razón, como ya informó este medio, es que esa cantidad es igual a la máxima ayuda específica de vivienda que concede el Ministerio para dichas unidades familiares solicitantes de asilo. Pero la Fundación Accem en Sevilla, que junto a Fundación Cepaim, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Cruz Roja y Andalucía Acoge trabaja en la ayuda a colectivos vulnerables, alerta de que esta situación se extiende a inmigrantes en general y personas en riesgo de exclusión, que ven inaccesible el acceso a una vivienda (o a una simple habitación) por los altos precios que imponen inmobiliarias, empresarios o particulares, incluso en localidades de la provincia.
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”, dice el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que celebra cada 10 de diciembre su conmemoración. Accem no conoce ningún estudio específico respecto a la cuestión que denuncia pero sí muchos indicios y pruebas, fruto de su labor diaria, que demuestran que la situación se hace “insostenible”.
“Saben quiénes somos”
“Hay empresas que están comprando bloques enteros, no sólo en el centro sino en zonas alejadas. Estamos creando guetos, como en Italia o en Francia, y eso va en contra también de nuestra política pionera de integración con dispositivos de acogida en barrios autóctonos para generar convivencia”, apunta Manuel Guijarro, responsable de Accem en Sevilla.
“Saben quiénes somos cuando llamamos y suben los precios de manera desorbitada al ver la demanda. Lo tenemos comprobado porque dicen un precio cuando llamamos como ONG y otro cuando nos hacemos pasar por usuarios”, señala. “Ven el filón, el negocio, pero eso afecta a toda la población vulnerable”. “Se están lucrando empresas e inmobiliarias a costa de colectivos necesitados de ayuda”, apunta Susana Larios, técnica de igualdad en Accem. La fundación apunta que “nadie interviene” en esta situación pese a las reuniones mantenidas con responsables del Ayuntamiento de Sevilla para avanzar en la regulación de las viviendas turísticas. “Llegan hasta donde llegan, nos dijeron”, lamenta el responsable de la fundación.
Desde el Ayuntamiento indican a este periódico que “se le remitió a la Junta de Andalucía un escrito con una propuesta de regulación municipal para ver su posible encaje en la normativa autonómica [el Decreto 28/2016 ] o, en su caso, que la cambiaran, pero no ha habido respuesta”, señalan fuentes del consistorio hispalense.
Larios apunta también que “incluso cuando se les termina la ayuda, les echan de la vivienda porque a los propietarios les sale más rentable echarles y alquilar a otra familia en la misma situación que tenga derecho a esa ayuda”. ¿Y si esa familia ya está plenamente integrada y está trabajando? ¿Por qué no se puede quedar en esa casa?“. Las inmobiliarias o los portales se escudan en que son los propietarios los que deciden la situación y no permite ”garantizar el acceso a una vivienda digna“.
'No extranjeros, no mascotas'
“Nos encontramos casos de familias con hijos escolarizados que se queden fuera, sin nada, al cambiar su situación administrativa por alguna razón burocrática. Necesitamos una tercera fase para los solicitantes de asilo en función de cada situación particular”, reclama Rocío Esparraga, técnica de segunda fase de protección internacional en Accem.
Todo ello al margen de la “constante discriminación” racial o étnica que siguen padeciendo las personas inmigrantes o gitanas que tratan de alquilar un piso. “Se niegan a alquilarles”, apuntan, “sobre todo a marroquíes o subsaharianos”. “No extranjeros, no mascotas”, reza el anuncio de un portal inmobiliario que pide 550 euros al mes por una vivienda de 50m2 en el barrio San Jerónimo, según ha comprobado este medio. La fundación lamenta que el anunciante “también es responsable” de ese tipo de publicidad discriminatoria.
Desde la fundación también lamentan que a estos colectivos vulnerables “se les piden requisitos imposibles para sus posibilidades, como fianzas de cuatro meses o incluso anuales”. “La Ley de Igualdad de Trato, que podría ser eficaz para la protección real de víctimas de discriminación, lleva parada en el Congreso varios años, dos veces parada en los últimos tiempos”, lamenta Larios.
